III SEMINARIO LATINOAMERICANO "EL ESTADO GERENCIAL EN AMÉRICA LATINA. IMPACTO Y CONSECUENCIA". EL ESTADO NEOLIBERAL Y LA DEMOCRACIA GOBERNABILIDAD E INGOBERNABILIDAD

III SEMINARIO LATINOAMERICANO

“EL ESTADO GERENCIAL EN AMÉRICA LATINA. IMPACTO Y CONSECUENCIA”.

EL ESTADO NEOLIBERAL Y LA DEMOCRACIA

GOBERNABILIDAD E INGOBERNABILIDAD

PABLO CASILLAS HERRERA*

Profesor-investigador del Departamento

de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos,

Universidad de Guadalajara.

E-mail: pacahe_2000@yahoo.com

INICIOS Y CONSOLIDACIÓN DEL ESTADO NEOLIBERAL

La impronta “democracia” en México, con el derribamiento de un partido imperial, y el ascenso de uno de oposición, pero de derecha, creó expectativas política y económicas de cambio, en el común de la gente. Sin embargo, esta apoteótica realidad la de un “gobierno que parece de cambio sin serlo”, ha resultado ser la suerte que América Latina ha corrido desde los ochentas, la del neoliberalismo.

De un cambio que se dice político y económico, por decir lo menos. Pero basta preguntarse ¿Realmente hay manifestaciones de cambios en las estructuras económicas, o del modelo económico? ¿Realmente hay un cambio del estado neoliberal-capitalista?, ¿Ralmente hay un cambio en el régimen político?, o ¿Realmente se da la gobernabilidad democrática entre gobernados y gobernantes? Analizar las nuevas tendencias, sobre el futuro inmediato de México, sobre las nuevas y viejas instituciones, sobre el arrivamiento del empresariado al poder político del gobierno, sobre los millones de pobres y sobre los nuevos movimientos sociales, nos remite inevitablemente a vincular el presente con el pasado, de lo contrario no se puede explicar el cambio neoliberal tecnocrático-político por el cambio neoliberal empresarial.

Las estructuras e instituciones políticas, hacia la mitad de los años ochenta, experimentaron importantes transformaciones. Las reformas políticas del Estado, el ajuste económico, la liberalización política y la internacionalización de la política mexicana afectaron profundamente las normas y reglas que regulaban tradicionalmente las prácticas y los procesos políticos de México. Estos procesos no sólo impulsaron importantes cambios en las demandas políticas de los diferentes actores políticos, sino también hubo un creciente y diverso surgimiento de organizaciones no gubernamentales, de formas creativas de acción social, rompiendo, así, con el modelo de regulación Estatal. Proceso paulatino de descomposición del PRI en su carácter de partido hegemónico de Estado, no obstante, del poder político presidencial, venido a menos, que ya no era capaz de integrar económica y políticamente a las masas de trabajadores al Estado -de crear equilibrios entre demanda y oferta de empleos, como sucedió en el pasado con el llamado Estado de Bienestar, de satisfacción regulada de demandas sociales sobre vivienda, salud, educación, créditos populares, seguridad, aunque hubiese sido mediante el corporativismo-. Empero, las nuevas políticas económicas y sociales del neoliberalismo, aplicadas con tesonería y disciplina partidista, terminaron por acabar con el Estado “desarrollista” de seguridad social del PRI. Durante las dos últimas décadas, el Estado “social” se fue transformando en un Estado neoliberal de fase superior, el Estado actual, el de la internacionalización del capital y de la exclusión social, en él “Estado capitalista de competencia” (Hirsch, 1996)[1] en la lógica de la globalización.

La derechización del PRI y del presidencialismo, entonces, no proviene sólo de la adopción externa de las políticas económicas, sino también de una profunda transformación del Estado Social, Interventor y Regulacionista, que lo fue convirtiendo en un Estado de la globalización y de la exclusión. Esto significa, que los postulados ideológicos y políticos del PRI, heredados de Revolución Mexicana, de centro-izquierda, de democracia y hasta de liberalismo social, en su última fase, nunca fueron ciertos, pero constituyeron parte de la cohesión social. No obstante que fue autoritario y excluyente. En su política nacional, corporativa, sólo el Estado podía tener el poder presidencial, en un vínculo Estado-PRI, las organizaciones sindicales, campesinas, urbanos y sociales perdieron su sentido de representantes sociales y se convirtieron en apéndices del Estado corporativista, donde se realizaba la distribución del poder de acuerdo a la fuerza y presencia política entre los diversos actores políticos y la elite política. Esta lógica del poder, iba acompañada por métodos políticos regulativos, de disciplina, lealtad y obediencia. La traición era pagada con todo el peso de la maquinaria.

Pero más allá del régimen político derechista que vivió México con el PRI y el presidencialismo, hace dos décadas que presenciamos el surgimiento y dominio de un nuevo Estado, el de la internacionalización del capital y de la política mexicana, y en sus ajustes económicos la exclusión social, embalsamado de un Estado desarrollista de bienestar. Esta contradicción tiene sus inicios con Miguel de la Madrid, con su programa de “renovación moral” en un ajuste económico y de privatización de las empresas paraestatales, y encuentra su mayor contradicción con Salinas de Gortari, con un cambio político gradual, explícitamente subordinado a los requerimientos de la reforma económica, del surgimiento de nuevos actores como Alianza Cívica, de las concertaceciones políticas con el PAN, de un semi-corporativismo desvaneciente con la creación del Pronasol, y una apertura política externa, creando nuevos vínculos y dependencias externas, provocó un proceso de autoliquidación política, paulatina pero inevitable. La contradicción se agudizó en 1994, en el marco de Colosio, con el enfrentamiento entre la vieja oligarquía prisita, los viejos políticos del sistema y la tecnocracia. De esta manera, logró la tecnocracia permanecer en el poder y mantener el modelo económico, el neoliberal. Mismo que con Zedillo se radicaliza, se crean los desencuentros entre el presidencialismo y el PRI, la cohesión política se debilita alarmantemente, y la competencia política de la clase política propia del PRI que en el pasado constituía la centralización de poder político ahora constituye una visa para los partidos de oposición, el robustecimiento de la macroeconomía engrandece al empresariado mexicano y extranjero, y engrandece el porcentaje de pobres. Cobran mayor presencia otros actores económicos en la esfera del poder: los financieros transnacionales y los narcotraficantes. De esta manera se conformaba una nueva elite: el poder narco-técno-financiero, bajo el mando del partido de Estado y del presidencialismo.

Las pasadas elecciones del dos de julio, ser arriba con una transformación del gobierno, el neoliberalismo ha echado profundas raíces. Había emergido con fuerza en los años noventa un nuevo Estado-capitalista cuyo proyecto fundamental era vializar un nuevo patrón transnacional de acumulación de capital y debilitar las instituciones nacionales del viejo Estado: el ejido, los sindicatos nacionales, el ejército, la universidad pública, las políticas sociales, etcétera. El poner en el centro la valorización política del capital, sobretodo del capital financiero mundial, llevó a que la burocracia política liquidara los últimos restos del agotado e histórico compromiso con los trabajadores, aceptara la exclusión social, el desempleo estructural y la pobreza de las mayorías a cambio de buscar una inserción dependiente y subordinada a la mundialización del capital vía NAFTA, ALCA, Banco Mundial, Estados Unidos, Fondo Monetario Internacional, etcétera. Este tipo de Estado neoliberal ya dominaba en México en los años noventa, mucho antes del dos de julio del 2000. La estructura del Estado estaba labrada. Con la derrota electoral del PRI y el triunfo de Fox y del PAN se abre un proceso natural de continuidad y consolidación del nuevo Estado. No tenemos cambios claros de lo contrario.

LA NUEVA ELITE DEL PODER

Por ende, no es con Fox que la derecha asciende al poder, ya desde el deslizamiento del modelo neoliberal la derecha ha tenido una mayor presencia. Fox recogió los frutos de una larga trayectoria de lucha del PAN. Pero su triunfo no fue resultado de un convencimiento conservador de la mayoría de la sociedad mexicana, no fue una consecuencia de que la ciudadanía se hubiese convertido al oscurantismo clerical y al tradicionalismo familiar cristiano, como Carlos Abascal Carransa hubiese deseado, sino, entre otros factores, mediante una vía de mercadotecnia que fue vendida la idea de un cambio, de la posibilidad de una modernización política y de una nueva cultura ciudadana. Montada en una campaña de promesas como las de resolver la pobreza y la marginalidad creciente, de concluir con la guerra de Chiapas, y de lograr un crecimiento del PIB del 7 por ciento anual, entre otras veleidades. Esta estrategia fue desarrollada hacia un fuerte rechazo a la imagen autoritaria y presidencialista del antiguo régimen priista, tendiendo fuertes vínculos, en cambio, con los intereses y las causas que tradicionalmente han sido abanderadas por la derecha. Es decir, uno de los principios ideológicos del Foxismo ha sido la idea de llevar la cultura empresarial al gobierno de los asuntos públicos, la concepción de que el desarrollo de la sociedad depende de la libertad para que los individuos puedan desplegar su iniciativa personal. Libertad entendida por los empresarios como el dispositivo del desarrollo de la empresa para el desarrollo de la sociedad. Así, se vincula gobierno foxista y empresa, desde el management, donde algunos conceptos de los sistemas gerenciales de “flexibilidad” productiva se aplican al gobierno foxista, tales como control de calidad, productividad y polivalencia o multifuncionalidad para los trabajadores, con una cultura del trabajo de autogestión, que se aplican estratégicamente para un control del trabajador sobre la producción, y tienden sus vínculos en una red con el mercado, es decir con el consumo. Dicho de otra manera, los ciudadanos, como los trabajadores, constituirían las figuras autogestionarias, de ahí la noción del changarro, regulados por un dispositivo de control de calidad y productividad del Estado-empresarial. Así podemos observarlo en el eje de la propuesta económica foxista: la privatización, la desregulación y la apertura.

La privatización de segmentos claves del área de generación de energía eléctrica y del sector energético como la petroquímica, parece iniciarse no sólo con la designación de Raúl Muños Leos en la Dirección General de Pemex, empresario de la DuPont en México, sino con la de la decisión de Fox para la composición del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos con empresarios de alto nivel, como Carlos Slim, del grupo Carso y Telmex; Lorenzo Zambrano, de Cemex; de Alfonso Romo, de Pulsar y Savia; y de Rogelio Rebolledo, de Pepsico y Gamesa; que se beneficiarían debido a que sus empresas tienen una relación comercial directa con Pemex, vendiéndole o comprándole bienes y servicios.

La des-regulación del mercado laboral implica la disminución de las tasas de sindicación en México, paulatina desaparición del corporativismo –así lo observamos con la pérdida de presencia de la CTM, no obstante que siga siendo una interlocutora junto con la COPARMEX y el Congreso del Trabajo, y la emergencia, por el contrario, de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT)-, asimismo, una pérdida de la representatividad laboral, y una nueva forma de contratación: ya por productividad ya por competitividad del trabajador; posibilidades de desaparición de los contratos colectivos de trabajo siendo sustituidos por innovadores mecanismos de autorregulación empresarial; las políticas de localización de las empresas continuarán basándose en criterios de fuerza de trabajo calificada, con mejores accesos geográficos y relativa o nula presencia sindical; bajas tasas arancelarias, etcétera[2]. La tendencia de esta desregulación va encaminada a una unilateralidad empresarial[3], así lo propugnaba Carlos Abascal, Secretario de Trabajo y Previsión Social, cuando era presidente de la COPARMEX y así acaba de afirmarlo el actual presidente de la CONCAMIN, Javier Prieto de la Fuente, el pasado martes en su toma de posesión como director de la misma[4]; pero sobre todo, se ensayará un cambio político de largo aliento con base en socializar las ideas culturales de la derecha cristiana respecto a la libertad sexual, el aborto y la moral pública entendida en el más estrecho sentido del término.

Así parece configurado en el gabinete de Fox, una concepción empresarial de la política, donde los políticos de carrera no aparecen, salvo algunas excepciones como Javier Usabiaga de procedencia priista. En esta contradicción, entre empresa y gobierno, entre lo privado y lo público, entre gobernabilidad e ingobernabilidad, constituye la reticencia central para incorporar al aparato estatal a políticos de carrera. No obstante que entabla vínculos de reforzamiento político, con Ernesto Ruffo Appel y Rodolfo Elisondo, pero son puentes con el PAN, no con el PRI.

Está, entonces, el grueso del gabinete estatal compuesto por empresarios, en manos y decisiones de la nueva elite del poder, la empresarial, que constituye ahora la cultura empresarial del gobierno, con más del cincuenta por ciento del presupuesto programable de la administración pública central, más las ganancias de NAFINSA y Petróleos Mexicanos[5], se tienen por la tanto condiciones históricas reproductivas del capital en el gobierno. Esa configuración del gabinete presidencial se puede observar, por ejemplo con las secretarias de perfil de “Crecimiento con Calidad”, con Francisco Gil Días, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ex-director de Avantel; Ernesto Mertens, en la Secretaría de Energía, ex-director de CINTRA; Víctor Lichtinger, en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, asesor de empresas mexicanas y extranjeras; Leticia Navarro, en la Secretaría de Turismo, ex-presidenta internacional de Jaffra, etcétera. Sólo por mencionar algunos, pues en el Gabinete con perfil de “Desarrollo Humano”, se encuentran como Xóchitl Gálvez, Oficina para el Desarrollo para los Pueblos Indígenas, empresaria en la construcción de los llamados edificios inteligentes vinculada al consorcio de CEMEX. Asimismo en el área de “Orden y Respeto”, y otros nombramientos de empresarios en el gobierno de Fox.

Con este telón de fondo, de un nuevo Estado-empresarial, de la internacionalización del capital y de la exclusión social, poco podemos esperar referente a políticas económicas sociales, que permitan la recuperación del gasto público, de la recuperación del salario, con una pérdida del 250 por ciento, según el Banco de México, de crecimiento de la pequeña y mediana industria, y de solución de demandas sociales, es decir, la política se separa de las necesidades de la sociedad para servir preferentemente al capital financiero transnacionalizado.

GOBERNABILIDAD E INGOBERNABILIDAD

Presenciamos, en mi opinión, por el perfil del gobierno empresarial de Fox, la recurrencia de una agudización social por las contradicciones entre sociedad y Estado-capitalista. Es decir, estamos en la antesala de la generación de un conflicto social por la polarización entre gobernabilidad e ingobernabilidad, cuando los nuevos movimientos sociales, las ongs, los ecologistas, los travestíes, los urbano-popular, los grupos indígenas, los feministas, los pro-abortos, los contra-violencia y los anti-narcos, etcétera, con apoyos internacionales como los monos blancos, los globalifóbicos, los greenpace, los intelectuales, los partidos europeos, los movimientos sociales internacionales, los sindicatos europeos, etcétera, contra posiciones conservadoras y radicales como los pro-vida, los movimientos religiosos, las copetonas de Polanco, etcétera. Esta contradicción, se agudizará debido a la inalcanzable gobernabilidad “democrática” que Fox y cualquier sistema de democracia liberal pretendan. Inalcanzable porque la relación gobernantes y gobernados no se legitimará entre las ofertas y las demandas, por ser polarizantes, y donde la ecuación entre democracia y gobernabilidad no se alcanzará, porque la democracia será reducida a las contiendas electorales, en una visión puramente pro-occidemental, que refleja que los nuevos liberales siguen amarrados al viejo temor liberal que buscó impedir que desde la política se cuestione el orden de la economía. La promesa de la gobernabilidad “democrática” del gobierno foxista aparece como un manifiesto de buenas costumbres, pero irreal. Es así la cara del Estado-capitalista de una utopía, la de la “transformación productiva con desarrollo social”, en donde uno no termina por descubrir dónde se encuentran las bondades del capital.

Pero ¿Qué hace realmente gobernable o ingobernable una sociedad? La eficacia, la legitimidad y la estabilidad constituyen los tres componentes de la gobernabilidad. Los que gobiernan deben cumplir de manera adecuada con mandatos sociales y los de abajo otorgan su anuencia y su consenso. Sólo que estos postulados teóricos de la democracia liberal presentan un problema no menor. El que las nociones de eficacia, legitimidad y estabilidad no son socialmente neutras. Efectivamente, el proyecto de gobierno foxista se pretende legitimar, por una parte, en una elite del poder, la empresarial, y por otra, en satisfacer ciertas demandas sociales pero por presión de los propios movimientos sociales. Es decir, la gobernabilidad está asociada de manera conflictiva a la noción de democracia en razón de que responden a lógicas distintas: una a la estabilidad y al poder, y otra a la igualdad. Pero también el conflicto entre democracia y gobernabilidad esta signado por la diferenciación institucional, se concibe a la institución como la normatividad y legalidad, en una noción vertical, donde la sociedad está dividida en una jerarquía de poder, y la de autonomía es concebida en esta fragmentación, en la división de poderes. En esta lógica racional-occidentalista las demandas de los movimientos sociales, el de los indígenas, por ejemplo, en el caso de la autonomía, no cabe, no coincide con la del logos occidental, por significar una forma de gobierno distinta, de usos y costumbres de territorio, baile y pensamientos diferentes, de un discurso distinto al racionalista pro-occidental. Pero esa manifestación de la diferencia y autonomía, no se encuentra sólo en los indígenas, se encuentra también en los demás movimientos sociales, de derechos humanos, de derechos individuales, de derechos sociales y de derechos a la vida y la autodeterminación. Es aquí donde la gobernabilidad se presenta como democracia restringida, y opuesta a los intereses sociales. Presenciamos entonces, una desigualdad estructural, que atraviesa los espacios institucionales y las formas de hacer política. Esta última se construye sobre el imaginario de igualdad y desarrollo que proyecta cada ciudadano, reducido al derecho de un voto, pero ahora es concebido, bajo el proyecto económico foxista, como productores autogestionarios, aunque socialmente desiguales.

Observamos, pues, que el discurso predominante sobre gobernabilidad “democrática” integra en una síntesis contradictoria ingredientes del discurso democrático y del liberal. Las reformas estatales en marcha y el sistema político que se construye admiten un espacio de representación demasiado estrecho para las ebulliciones sociales y para la magnitud de actores sociales que la propia modernidad capitalista ha ido creando. Por ello, la crisis de representación, incapacidad estructural de cualquier sistema de democracia, constituye uno de los aspectos recurrentes de ingobernabilidad en el plano político[6].

Finalmente, podemos afirmar que las fórmulas que ha descubierto el capital global en el plano económico y las soluciones políticas en torno a democracias gobernables o restringidas, constituyen los principales factores de ingobernabilidad en la América Latina de nuestros días. Los desafíos a los que nos enfrentamos, entonces, son los de revertir un gobierno-empresarial, donde las tendencias de hacer política son precisamente la conclusión de éstas, pero que curiosamente será el escenario de una mayor agudizaciones de las contradicciones sociales, con el estado capitalista global y de exclusión. Es aquí donde la suerte de nuestras identidades, las diversidades culturales, las autonomías, los sistemas políticos incluyentes y mejores condiciones de vida y autodeterminación, están en juego.