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Año V, No 001, Enero - Junio, 2001 2000 UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR.
MODERNIZACION NEOLIBERAL DEL ESTADO SALVADOREÑO, CONFLICTO SOCIAL, Y CULTURA DE PAZ. (Análisis Crítico del Carácter Neoliberal de la Modernización del Estado Salvadoreño, Desde el Caso del Conflicto en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, a Partir de la Teoría de Cultura de Paz).
Tito Alfredo Jacinto Montoya.
San Salvador, Enero del 2001. A los trabajadores del STISSS, Los médicos del SIMETRISSS, Y el Colegio Médico de El Salvador.
"Sólo la verdad es revolucionaria" (Antonio Gramsci).
PRESENTACIÓN. INTRODUCCIÓN I. LA CONCEPCION NEOLIBERAL DEL ESTADO CAPITALISTA
Del Estado II. NOTAS ESENCIALES DEL TIPO DE ESTADO EN EL SALVADOR III. ELEMENTOS PARA FUNDAMENTAR UN CONCEPTO CRITICO DE CULTURA DE PAZ IV. MODERNIZACION NEOLIBERAL DEL ESTADO SALVADOREÑO Y CULTURA DE PAZ
Neoliberal de la Salud Pública Y la Asistencia Social Del Sistema de Salud
VI. PRIVATIZACION DE LA SALUD, CULTURA DE PAZ, Y CONFLICTO SOCIAL
VII. CONCLUSIONES Referencias Bibliográficas Bibliografía General PRESENTACION. En las líneas que van adelante intentamos investigar los procesos propios de la Cultura de Paz y su relación con el carácter neoliberal de la modernización del Estado salvadoreño. Nos proponemos como objetivo general de este estudio analizar las causas esenciales por las cuales la modernización neoliberal de nuestro régimen político dificulta el desarrollo de una Cultura de Paz que nos viabilice como nación luego de los Acuerdos de Chapultepec. Hemos querido desarrollar esta investigación desde el análisis de uno de los fenómenos concretos en los que, a nuestro juicio, se expresa dialécticamente la dimensión neoliberal de los esfuerzos modernizantes así como también el concepto y la vivencia de la Cultura de Paz. Nos referimos a los procesos de privatización del Sistema Nacional de Salud. Nos anima la convicción de que desde la teoría propia de la Cultura de Paz se puede tener una mejor comprensión de los retos de la modernización del Estado y, consecuentemente, poder aportar al esclarecimiento de la acción social científico-ética necesaria para construir un real Estado moderno y plenamente pacífico. En el primer capítulo se trata de precisar la concepción neoliberal del Estado capitalista como marco general en el cual se inscriben los esfuerzos neoliberales por modernizar nuestro tipo de Estado. En el segundo capítulo nos damos a la tarea de analizar las notas esenciales del tipo de Estado en El Salvador, siempre aludiendo, ya en este nivel del análisis, al carácter neoliberal de la modernización del Estado. En el tercer capítulo planteamos algunos elementos necesarios para fundamentar críticamente un concepto de Cultura de Paz. Lo cual es de suma importancia en un momento como este en el cual parece imponerse una especie de sentido común que identifica la paz con la mera ausencia de guerra militar, con el agravante de que todo esto se hace acompañar de una lectura interesada que pretende fundar la paz en el poder. En el cuarto capítulo analizamos más en propio el asunto de la modernización neoliberal del Estado salvadoreño y la Cultura de Paz. El Capítulo quinto lo dedicamos a una de las cuestiones centrales de este proyecto investigativo. Ahí nos damos a la tarea de poner en la evidencia la lógica neoliberal que esta presente en todo el esfuerzo gubernativo por modernizar el Sistema Nacional de Salud, y en especial lo referente al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). Ya para el capítulo sexto nos encontramos en posición de poder estudiar el carácter neoliberal del Sistema de Salud. En primer lugar, analizando su situación concreta en el período investigado y, en segundo lugar, estudiando el conflicto específico entre los titulares de salud, tanto del Ministerio de Salud como del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), y los trabajadores de ese sector. Investigamos lo que en los hechos ha supuesto la modernización neoliberal de la salud y el conflicto social para la construcción de una sociedad según los principios fundamentales de la Cultura de Paz, visto desde el Estado de Derecho, la Seguridad Jurídica, y el modo como el gobierno del Presidente Francisco Flores ha manejado el conflicto en el sector salud. Es de la evidencia que en este proceso investigativo no pretendemos ser dogmáticamente terminantes. Sólo hemos querido precisar las líneas fundamentales de la problemática que nos reta para dar un modesto aporte para tener una mejor comprensión del fenómeno, y darnos a la práctica concreta por la construcción de una sociedad que se niega a perder el horizonte utópico de una paz como plenificación de la condición humana.
I. INTRODUCCIÓN.
Como lo ha dicho Luis Armando González "la idea de modernidad nos remite a la fase histórica dominada por el capitalismo clásico, desde los siglos XIV y XV hasta mediados del siglo XX, que es para algunos autores el momento de transición del capitalismo liberal –el capitalismo de la libre competencia- al capitalismo de intervensionismo estatal en la economía(...) Como fase histórico-social, la modernidad estaría caracterizada por el nacimiento y consolidación de la burguesía como clase dominante, así como por la afirmación de los tres ideales con los que la burguesía legitimaría su dominación: el individualismo, el racionalismo, y el utilitarismo"(1). Este es el contexto histórico de la constitución de la idea moderna de lo real, cuyas notas características son las siguientes: a). Confianza en el desarrollo de la ciencia y de la técnica para el logro de la felicidad humana. b). Fundamentación de la confianza y la autonomía de la razón. c). Superación del ámbito religioso como fundamento último de sentido y legitimidad. d). La historia es concebida como un proceso lineal y ascendente de permanente emancipación humana. e). Los pensadores de la modernidad proponen un enfoque esperanzador del proceso del mundo, buscan el modo de fundamentar en la ciencia las posibilidades de un mundo mejor(2). Norberto Lechner Propone la distinción entre el concepto de modernidad y modernismo: "El año 1989, bicentenario de la Revolución Francesa, quizá signifique la culminación de una onda larga de desarrollo histórico en que el capitalismo se afianza como formación socioeconómica predominante en el ámbito mundial. Como quiera que definamos el ‘capitalismo’ actual, está fuera de duda el proceso de globalización; en particular, la internacionalización de los mercados, del dinero (crecientemente autónomo de la esfera productiva) y, en especial, del desarrollo tecnológico. Los aspectos mencionados expresan, todos ellos, la universalización de la racionalidad técnico-instrumental. Propongo denominar las transformaciones impulsadas por este tipo de racionalidad como modernización, contraponiendo este proceso a la modernidad"(3). Nosotros nos moveremos en el marco teórico del concepto riguroso de modernidad arriba expuesto. Este es el contexto en el que se estructura el concepto moderno del Estado. Dicha idea del Estado es la que surge luego de la firma de la Paz de Westfalia, en la Europa del siglo XVII. Tanto el tipo de Estado Absolutista como el Constitucionalista intentan encarnar la idea de una forma de organización social del poder que lograra vertebrar al conjunto de la sociedad permanentemente amenazada por lo que se consideraba la tendencia natural de los hombres determinados siempre a la búsqueda del provecho individualista por encima del interés general(4). De tal forma que el rasgo esencial del Estado Moderno es el de la salvaguarda del interés general por sobre la disolvente individualidad. Sin embargo, hay que precisar que, por ejemplo, Locke y Montesquiau siempre consideraron que el fundamento último del poder del Estado era la libertad individual y la soberanía, la cual residía en el pueblo(5). El punto es entender que en la idea moderna del Estado siempre estuvo presente la preocupación por el logro de la felicidad del hombre por la vía de la organización de un poder como medio para tal propósito; esto es así a tal punto que según Kant la deshumanización consiste en convertir al hombre en un medio, en lugar de hacer de el un fin en sí mismo(6). En el siglo XX, Luego de la segunda guerra mundial, con la implementación de la revolución económica keynesiana, el Estado adquiere un perfil nuevo superando las tesis ortodoxas del liberalismo clásico que negaba la participación del Estado en los terrenos propios de la sociedad civil. Keynes habrá de proponer un papel más protagónico del Estado en la gestión estrictamente económica con el propósito de paliar la crisis de realización de plusvalía que aquejaba, no solo a las economías hegemónicas, sino también a las formaciones sociales dependientes y subdesarrolladas. Hacia los años 60’s, los estrategas de las potencias hegemónicas de la trilateral (Estados Unidos, Japón y Alemania) proponen la implementación de un modelo económico, político, y social desarrollista con miras a bajar el perfil de la conflictividad social para frenar el desarrollo de la protesta popular organizada que amenazaba con descoyunturar la institucionalidad propia de la lógica del capital. Así, el Estado habría de asumir una funcionalidad que le permitiría incidir directamente en la economía como reactivador de la demanda social por la vía de la generación de empleo; para ello era necesario que se desarrollara todo un plan tendiente a la inversión. Además, el Estado debería procurar la formación de mercado interno de tal modo que pudiera dinamizarse la circulación de mercancías e impactar positivamente en el campo de la producción al reactivar los niveles de la demanda. Del mismo modo también el Estado, que luego dieron en llamar "Estado de Bienestar"(7), habría de jugar un papel preponderante como satisfactor de las necesidades sociales, tales como la salud, la educación, la vivienda, etc. Es de la evidencia que se partía del supuesto de la pertinencia del Estado para lograr altos niveles de eficiencia en relación con la macro-tarea de garantizar las condiciones suficientes para la reproducción ampliada del sistema capitalista como tal. Había en esto la idea de que era propio de la naturaleza del Estado el fomento de la libertad individual y la iniciativa en el acrecentamiento de la riqueza y el desarrollo de las naciones e individuos. No hay que perder de vista que estos elementos formaban parte de la concepción moderna del Estado. Así, se conectaba con la clásica concepción moderna de Hobbes, Locke, Rousseau, Montesquiau, y otros, en el sentido de que el Estado estaba llamado a fundamentar la sociedad, la búsqueda del interés común, más allá de los propósitos individuales que podrían sumir a la sociedad entera en una peligrosa situación de caos(8). Esta manera de conceptuar el Estado estaba ligada a una vertiente ética en tanto que se concebía a la organización social del poder como fundamentada en la libertad y la voluntad soberana del pueblo. Jamás se pensó que el Estado era un absoluto situado por encima de la libertad de los sujetos individuales existiendo como ciudadanos. Todo lo contrario. El Estado tenía la clara función de coadyuvar en el proceso de ciudadanización de la existencia social de los sujetos; es decir de la construcción de la dimensión política de la existencia de los sujetos. El llamado Estado de Bienestar, como un tipo específico de Estado capitalista, hizo crisis no tanto por virtud de la naturaleza política de la organización social del poder, sino más bien por el carácter necesariamente contradictorio del poder político en el marco del sistema capitalista. Este tipo de Estado fracasó no tanto porque todo Estado está condenado al fracaso en función de su inherente ineficiencia y corrupción, sino por el tegumento capitalista del mismo. No ignoramos que incluso los Estados propios de los modelos de socialismo real también han corrido la misma suerte al burocratizarse y distanciarse de la savia vital del interés de la nación. Pero el fracaso de estos Estados tiene relación más bien con el paulatino abandono de los principios estrictamente socialistas y revolucionarios que un día formaron parte del imaginario colectivo de dichas sociedades. A finales de los 80’s, con la ruptura de la bipolaridad mundial y la construcción de un mundo unipolar gravitando en derredor del capital transnacional, se impone la visión neoliberal del mundo, y con ella una nueva manera de concebir el Estado. En tal sentido, Alejando Serrano Caldera precisa que "El neoliberalismo es un pretendido modelo universal que se aplica a todo el mundo a través de políticas financieras transnacionales que diseñan un modelo social a partir de un modelo financiero"(9). El mismo autor puntualiza que "Esto está modificando las bases jurídicas y políticas de la modernidad, fundamental en la teoría de la soberanía y del Estado-Nación"(10). Por su parte, Héctor Samour considera que "Actualmente, el neoliberalismo es una forma de pensar y actuar sobre la organización de la economía nacional e internacional, que a su vez implica una forma de pensar y actuar sobre las realidades políticas y sociales correspondientes. Su surgimiento y predominio en estos años se puede interpretar como una confirmación práctica de las doctrinas, ampliamente difundidas de L. Von Mises, M. Friedman y de otros economistas de la escuela de Chicago, de la ‘economía del lado de la oferta’ (Feldtein, Laffer), de la ‘teoría de las expectativas racionales’ (Sargent, Wallace) y de la ‘teoría de la elección pública’ (Buchanan).A ellos hay que añadir los aportes intelectuales de F. A. Hayek, R. Nozick y de Karl Popper para reconstruir los fundamentos del pensamiento liberal que hoy se presenta como alternativa distinta del socialismo y del capitalismo mercantilista"(11). En el contexto de la idea neoliberal de la realidad, el Estado no fundamenta su legitimidad y legalidad en la soberanía de los sujetos políticamente constituidos como ciudadanos con una libertad inherente a su naturaleza humana. La identidad propia del Estado neoliberal viene dada por:
Así, un Estado es legítimo en la medida que se finca en los mecanismos eleccionarios trazados y definidos por la misma institucionalidad del Estado. "En realidad –dice Lechner-, la democracia no descansa solamente en una ‘legitimidad por legalidad’ (Weber)o una ‘legitimidad por procedimiento’(luhmann). Los procedimientos formales son condiciones necesarias, pero no suficientes"(12). La idea neoliberal del Estado rompe con los ideales emancipatorios de la ilustración, y este aparece aquí como factor de opacidad de la convivencia social; en el sentido de que los procesos de administración del poder político mediatizan en extremo la convivencia cotidiana de los individuos. En esta nueva manera de entender las cosas, el Estado no tiene por que jugar una función ligada al logro de la felicidad humana, sino más bien aparece relacionado con la salvaguarda de los procesos propios de la regularidad que opera desde las leyes del mercado. El Estado está ahí para garantizar la operatividad de las leyes del mercado. El modo neoliberal de enfrentar la tarea modernizadora está relacionada con los dictados de los centros financieros internacionales y los grandes acreedores mundiales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial(13). Ellos son los que dictan las medidas de ajuste para las economías dependientes. En la lógica neoliberal de la modernización del Estado capitalista hay un reduccionismo privatizador. Esto se ve claramente en el caso del proceso modernizador del Estado salvadoreño luego de los Acuerdos de Paz. Modernizar ha venido a ser sinónimo de privatización. También desde la óptica neoliberal que intenta implementarse como modelo modernizador de nuestro Estado aparece la idea de la descentralización de la gestión gubernativa, y la preocupación por la consolidación de un Estado de Derecho, muy relacionado con el logro de una plena seguridad jurídica. Pero en uno y otro caso se atiende más a las formalidades del proceso que a la sustantividad del mismo. En el primer caso, la descentralización no ha implicado, por las razones que sean, la real participación activa, organizada, y consciente de la población; en la práctica, la descentralización se ha reducido a un ejercicio de desconcentración de algunas funciones públicas pero sin el necesario delegamiento del poder decisorio. En el segundo caso, se ha pasado por alto el hecho de que el modelo económico neoliberal no permite, ni puede hacerlo, la constitución de un poder político que se legitime realmente desde la puesta en práctica de los fines del Estado consignados en nuestra Constitución Política. El gran contradictor de las posibilidades de un proyecto de nación en función de la persona humana tal como lo preceptúa el Artículo 1 de nuestra Carta Fundamental es justamente el modelo económico; el cual, al parecer, es intocable. La modernización del Estado salvadoreño ha estado relacionada más con los varios acomodos de la administración del poder político. Y más puntualmente con la privatización de los activos del Estado. Pero no se puede modernizar verdaderamente el Estado, como instancia política, única y exclusivamente mirando lo político. Los esfuerzos modernizadores tienen que tomar en consideración la base material que hace posible la vida como nación: la estructura económica. Pero esta es justamente una de las debilidades del modelo neoliberal de la modernización del Estado. Sobre todo porque, como ya dijimos, hay un reduccionismo privatizador por parte del Estado, y además porque la clase dominante ha logrado instrumentalizar el poder político utilizándolo casi de manera exclusiva para sacar adelante sus intereses inmediatos y estratégicos. Este proceso modernizador, así implementado, no ha hecho más que erosionar las esperanzas y los mecanismos de participación ciudadana abiertos con los Acuerdos de Paz firmados en l992. Nos hayamos en camino de un proceso de agudización de las contradicciones sociales, del cual no puede salir otra cosa que más violencia. La paz no puede continuar siendo entendida como la mera ausencia de guerra. Ni siquiera como la mera ausencia de conflicto. Positivamente la paz tiene que ser entendida como la construcción real de unas condiciones que hagan posible arribar a mayores y mejores niveles de humanización de la vida de los hombres. Esto, tanto en el plano de la existencia individual y la convivencia cotidiana, como también en el ámbito de las estructuras institucionales de nuestra Formación Económico-Social. No puede haber paz sin desarrollo sostenible y eficientemente socializado. Tampoco puede haber paz sin participación ciudadana en las distintas formas de la administración del poder político. En este sentido, el modelo de democracia al que debemos apostarle debe implicar el rescate de la idea ilustrada del poder que dimana fundamentalmente de la soberanía y la participación popular. El reduccionismo privatizador nos ha sumido en una contradictoriedad social que se advierte al observar los altos niveles de violencia social y privada en la que nos hayamos sumergidos. De este modo, el conflicto desarrollado en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) a partir de Noviembre de l999, articulado con la problemática generalizada en el Sistema Nacional de Salud, encuentra su contexto inmediato en la aplicación de una serie de políticas de ajuste estructural por parte del gobierno. Justamente lo que ha desencadenado el conflicto laboral en el ISSS es, en primer lugar, el intento de los titulares de la institución por privatizar los hospitales Amatepec y Roma, y, en segundo lugar, el incumplimiento del Contrato Colectivo con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS). El conflicto en el sector de salud provocó la reacción, directa o indirecta, de distintas formas de la organización de nuestra sociedad tocando de esta manera la dimensión económico-político-social que nos constituye como sociedad que recién sale de una guerra civil. Dicho conflicto, considerado como proceso social, logró tocar algunos dinamismos y estructuras de nuestra sociedad tales como la seguridad jurídica, el estado de derecho, la tutela de los Derechos Humanos, el gasto público, la protesta y gestión de los trabajadores como miembros de la sociedad civil, y otros; todos ellos relacionados directa o indirectamente con las posibilidades para la construcción una Cultura de Paz tan necesaria para nuestro desarrollo integral como nación. Hay que tener en consideración que el concepto de modernización del Estado no es algo que debe ser entendido necesariamente sólo a la manera neoliberal. La idea neoliberal de la modernización del Estado pertenece científicamente a la cosmovisión post-moderna del capitalismo tardío. Modernizar el Estado implica la recuperación de los ideales emancipatorios propios de la visión de mundo de la modernidad. Marx, Weber, Descartes, Kant, Locke, Hegel, por citar solo algunos, son pensadores de la modernidad(14). En virtud de esta sucinta reseña del carácter neoliberal de la modernización del Estado salvadoreño nos preguntamos: ¿Cuáles son las causas por las cuales la modernización neoliberal del Estado salvadoreño en el ramo de Salud dificulta el desarrollo de la Cultura de Paz en el contexto de la implementación de los Acuerdos de Chapultepec en el período de 1992-2000?. Para nosotros, como sociedad que recién salimos de una guerra civil, la cuestión de la vivencia plena de la paz y el análisis científico de todo aquello que la haría posible o bien que la dificultaría, es algo que toca, de manera directa, nuestro interés. Y no podría ser de otra forma si consideramos que la experiencia concreta de la muerte violenta de miles de compatriotas ha avivado, por vía negativa, la conciencia de la urgente superación necesaria de ese estado de negación de la vida como valor fundamental, y, de manera extendida, de todo aquello que amenaza la existencia pacífica de los hombres y mujeres de esta patria. Somos una sociedad que ha padecido y padece mucha muerte y violencia, y, como decimos, quizá por ello tenemos una alta conciencia de la vida y de la paz necesaria. De otra forma no podríamos explicarnos los altos niveles de organización y de lucha de la sociedad civil para su defensa y promoción. Sabemos que la guerra represiva y contrainsurgente no ha sido la única forma experimentada de negación de nuestros valores fundamentales. Cada vez hay más clara conciencia de que la misma ha sido producto del desarrollo de una situación de violencia estructural que se vertebra desde el modelo económico pasando por las formas objetivadas del ejercicio del poder hasta globalizar el todo de la existencia cotidiana. En la década de los 70s, que forma como la proto-historia inmediata de la guerra, se había desarrollado un modelo económico-político-social altamente excluyente con su contrapartida necesaria de concentración y centralización de la riqueza. El régimen político era el propio de un tipo de gobierno militar y fascistoide, y desde el se buscaba imponer por la fuerza una cohesión social, a la manera de la clásica pax romana, de una sociedad altamente polarizada y explosiva. Ello obligó al conjunto de la sociedad a desarrollar unos propósitos y métodos que pudieran superar tal situación opresiva y construir un modelo social global alternativo a la lógica del capital. Ya sabemos que la conformación de nuestra Formación Económico Social respondía dialécticamente a la dinámica propia de la internacionalización del capital y a la manera como se constituía la organización transnacional del poder. En la década e los 80s, la bipolaridad mundial se resolvió a favor del modelo civilizatorio del capital. Los Estados Unidos vinieron a constituirse como el paradigma de la societalidad y pasaron a ser, asimismo, los guardianes internacionales del orden recientemente establecido. Para nosotros, la década de los 80s representó una dinámica de muerte y resurrección. Muerte, por la vía de la represión sistemática, la persecución política, el hambre y la pobreza, la desaparición forzada, en fin, por todos esos granados frutos de la anti-cultura de los que absolutizan los privilegios de la riqueza. Parecía que la paz había muerto. Pero había resurrección, por la vía de la resistencia organizada y combativa, por el mantenimiento de la esperanza, por el sacrificio cargado de donación generosa de la vida, por la praxis ética, por la utopía. En una palabra, por la defensa y la promoción de la vida en medio de tanta muerte. La paz jamás murió. Con los Acuerdos de Chapultepec se pretendió abrirle espacio al desarrollo de las formalidades de la democracia en los marcos de la lógica de un capitalismo mutagénico que ahora se nos ofrecía en su versión neoliberal. Los firmantes de tales acuerdos quizá consideraron posible la democratización del orden establecido por la vía del afincamiento de la institucionalidad liberal, o neoliberal, pero, en todo caso, capitalista. Ahora sabemos que ello no ha sido posible. Y no podía serlo. No obstante, hay teóricos y analistas de todas suertes que, contra la evidencia de los sucesos, hablan, aún ahora, de transición hacia la democracia, generando la idea de que ello sería posible precisamente por el sistema de posibilidades abiertas por los Acuerdos de Paz. Han inaugurado una racionalidad que, tras clausurar, explicita o solapadamente, la utopía, nos propone dirigir nuestros esfuerzos en dirección de asuntos como la "democracia posible", la "paz posible" (imperfecta, suelen llamarle). Han redefinido la praxis política como "el arte de lo posible". Hoy, en lo que va del año 2000, nominado por la Organización de Naciones Unidas (ONU) como "Año Internacional de la Cultura de Paz", hemos podido darnos cuenta que el sistema de posibilidades para la democratización presuntamente abierta por los Acuerdos de Paz está cerrado. Las supuestas posibilidades para la vida democrática en el marco del neoliberalismo implementado dogmáticamente entre nosotros están cerradas. El desarrollo de la modernización neoliberal del Estado ha implicado, de hecho, una exacerbación de los niveles de conflictividad social, al propio tiempo que se desarrolla una lógica de desnacionalización y pérdida de la soberanía. La búsqueda del bien común habría de caer en el campo del mercado, y el Estado tendría que reducirse cada vez más a la función de mero vigilante de la mejor manera de cumplir los dictados de la oferta y la demanda. Monsieur Le Capital, como le llamaba irónicamente Marx, se impone en todos los ámbitos de la vida alentando a una praxis pragmática de espaldas a los clásicos valores de la modernidad occidental. No obstante, desde la óptica gubernativa, la modernidad del Estado implica necesariamente la puesta en práctica de la cosmovisión del neoliberalismo, a tal punto que han llegado a identificarlos como la misma cosa. Según ellos, no hay otra forma posible de alcanzar los valores constitucionales de la justicia social y el bien común. A tal punto que, quienes se oponen a ello, son rápidamente descalificados como enemigos del Estado de Derecho. En la racionalidad instrumental y pragmática del gobierno, de este gobierno, la privatización del Sistema de Salud es lo que mejor vehicula la democratización de la salud y el desarrollo con equidad en este terreno. Sin embargo, es justamente el desarrollo de los esfuerzos específicos de modernización privatizante en donde se muestra el carácter auto contradictorio del gobierno. En suma, la dimensión neoliberal de los ejercicios modernizadores del Estado por parte del gobierno ha generado mayor conflictividad, más anti-vida. Todo ello milita en contra de los anhelos por parte de la sociedad de construir una paz plena. Constituirnos como pueblo en y desde la vivencia de una autentica Cultura de Paz implica necesariamente tener clara comprensión de los procesos de la realidad que la hacen posible así como también de los que la dificultan. Y esto es cabalmente lo que justifica nuestro modesto esfuerzo investigativo. Como decimos, la relevancia del estudio que ofrecemos aquí consiste en que puede ayudarnos a entender la relación que hay entre los dinamismos de la modernización neoliberal del Estado, analizados desde la consideración del proceso de privatización de la Salud Pública, y las posibilidades reales de la construcción de una Cultura de Paz en el contexto de los procesos de democratización abiertos por los Acuerdos de Paz de 1992. Hay que tener en cuenta que no hay, hasta hoy, un estudio de la modernización neoliberal del Estado en el ramo de salud que ponga en perspectiva el problema tratado en su relación, tanto con la cuestión de la Cultura de Paz, como con la complejidad del resto de practicas y estructuras de nuestra Formación Económico-Social. Precisamente por ello es que, siempre yendo de lo abstracto a lo concreto, en los primeros capítulos planteamos el contexto global en el cual se inscribe la problemática puntual de la privatización de la Salud Pública, para tratar, en los capítulos finales, el modo como se concreta el proceso de modernización neoliberal del Estado Salvadoreño en los manejos institucionales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el conflicto laboral a que ha dado lugar. Consideramos que es de primera importancia para el desarrollo de nuestra democracia poner en la luz la manera como la cosmovisión neoliberal del Estado se constituye en una especie de eje transversal de nuestra vida como nación que pone en grave riesgo los espacios conquistados por los Acuerdos de Paz para la construcción de una sociedad justa y pacífica. Quizá nuestro estudio pueda ayudar a generar un mayor nivel de conciencia crítica sobre los riesgos que entraña la implementación dogmática de la visión neoliberal de la vida en la práctica institucional del gobierno del Presidente Francisco Flores que desnaturaliza la razón de ser de nuestro Estado. Ello es lo que se manifiesta tanto en los esfuerzos gubernativos por privatizar los servicios de salud como también en los niveles de violencia social a los que se ve sometida nuestra población. Como lo ha señalado acertadamente el Msc. Francisco Quintanilla "El proceso de reducción del Estado como puede observarse no solo ha implicado irle quitando las obligaciones y deberes que tiene el Estado con respecto a la persona humana, sino que además lo ha ido maniatando para que sea incapaz de intervenir y sancionar aquellas relaciones económicas deshonestas que lesionan el bienestar de todos los ciudadanos(...) es decir que tal modernización y reducción del Estado gira al rededor del beneficio del gran capital en detrimento de la mayoría de habitantes de esta República"(15). Desde la óptica de la lucha de la clase subalterna, el análisis de las jornadas de protesta desarrolladas por los trabajadores de la salud y otras formas de organización de la sociedad civil puede ayudarnos a visualizar las posibilidades reales de la protesta social en el marco del tipo concreto de democracia representativa estructurada luego de los Acuerdos de Chapultepec. Es desde el análisis científico de estas jornadas de lucha concreta que la clase dominada y explotada puede y debe hacer un balance para diseñar sus estrategias y métodos en la búsqueda de mayores niveles de eficacia en el logro de sus objetivos inmediatos y estratégicos. También en esta línea consideramos que nuestra investigación puede proporcionar un modesto aporte. Por ultimo, hay que señalar que como la Cultura de Paz es un movimiento social vivo al que corresponde consecuentemente también una teoría en permanente evolución, la consideración del fenómeno concreto de la modernización neoliberal del Estado en el ramo de Salud Pública puede favorecer el enriquecimiento de los enfoques tradicionales sobre los elementos esenciales de dicha teoría; misma que está inextricablemente unida a la cosmovisión de la vida que parte de los Derechos Humanos.
Marx ha señalado en El Capital que "en el análisis de las formas económicas de nada sirven el microscopio ni los reactivos químicos. El único medio del que disponemos, en este terreno, es la capacidad de abstracción"(16). Esto es así por razón del objeto de estudio: la materia social. Ahora es casi de la evidencia que la realidad social tiene particularidades distintas de las que tiene la realidad natural y que precisamente por ello exige que se le trate metodológicamente de un modo distinto. Sabemos que la realidad social no existe en absoluta independencia de los procesos físicos, químicos, biológicos, esto es, naturales, pero que lo propiamente social viene dado por las particularidades de la praxis, de la acción estrictamente humana. Por ello ha dicho Antonio González que "en realidad, no hay percepción de los sentidos que no vaya unida a una interpretación por parte del observador"(17). Esto es así porque si bien es cierto que en el campo de la consideración de las realidades naturales hay un mayor nivel de independencia de los procesos de los fenómenos respecto del análisis humano, en el terreno de la vida social las cosas no ocurren de esta manera. Guardando las reservas del caso, hay que decir que la realidad natural existe cronológicamente antes que haga su aparición el hombre, su acción y su sistema de intereses, lo natural es aquello que existe en sí mismo y desde sí mismo. Hay en lo natural una regularidad interna que opera por virtud propia, de tal modo que los hechos naturales son como la actualización de lo que ya estaba potencialmente determinado. Un hecho natural es justamente la actualización de unas determinadas potencias. Más o menos a la manera como Aristóteles explicaba el movimiento de la Phycis, en el Siglo II A. De C. Por esta misma razón, la regularidad interna de los procesos naturales son susceptibles de expresarse en leyes. Las leyes expresarían la necesidad de los procesos; ya sabemos que necesario es aquello que es y no puede no ser, o viceversa. En todo caso, los procesos naturales nos aparecen como siendo siempre idénticos a sí mismos. Por ello, los procesos naturales no ofrecen variabilidad significativa; por lo menos en períodos de tiempo relativamente cortos. Esta condición de los fenómenos ha motivado a diferentes pensadores a proponer distintos marcos epistemológicos muy variados. Considérese cómo Comte, uno de los fundadores de la Sociología, pretendía que su nueva ciencia se denominara "Física Social", y recomendaba que había que estudiar los fenómenos sociales con el mismo espíritu que lo hacía el naturalista, ateniéndose a la supuesta objetividad de los mismos y además despojándose de todo prejuicio(18). Esto mismo propone Emilio Durkheim en las Reglas del Método Sociológico(19). En todo caso, siempre se parte de la idea de que el análisis social, al igual que el propio de la ciencia natural, debe buscar la objetividad más pura, y para lograrlo hay que enfrentar los fenómenos desde una posición de neutralidad valórica, libre de "prejuicios". Por una parte, sabemos que esto no es posible, y, por la otra, desnaturalizaría lo propio del análisis social. Con la mordacidad que le caracteriza, Marx, hablando de una ciencia evidentemente social como la Economía Política, afirma que "en Economía Política, la libre investigación científica tiene que luchar contra enemigos que otras ciencias no conocen (el subrayado es nuestro). El carácter especial de la materia investigada levanta contra ella las pasiones violentas, más mezquinas y repugnantes que anidan en el pecho humano: las furias del interés privado"(20). Hay que considerar que la ciencia social no puede reducirse tímidamente a describir, ni siquiera explicar los procesos de la regularidad interna (leyes) de los fenómenos; tiene que comprenderlos. En este punto tiene razón Max Weber(21), otro fundador de la Sociología Clásica, al proponer que la racionalidad sociológica es un discurso interpretativo de la acción social con sentido. La Ciencia Social no sólo debe explicar, debe también comprender el sentido de los sucesos. Hay un enfoque positivista de los fenómenos sociales que pretende analizarlos como si fueran hechos naturales en-sí y desde-sí mismos; que pretende hacernos creer en un paradigma compuesto de verdades absolutas y plenamente objetivas. Este positivismo que busca colarse en el campo investigativo de las ciencias sociales, se mueve en el campo de lo que Karel Kosik ha llamado la pseudo concreción(22). Pretendiendo dar por concreto lo que no es más que la práctica social fosilizada, objetivada, imponiéndoseles a los sujetos, que son los creadores de esa realidad. Según este positivismo, la realidad es in transformable, es lo plenamente objetivo porque es lo que existe. No hay lugar para la praxis transformadora. Por ello es que dicho positivismo tiene un papel ideologizador de encubrimiento de los verdaderos procesos de la realidad a favor de aquella clase social que domina y es dueña de los privilegios de la vida enajenada. La realidad social es mucho más compleja que la simple secuencialidad de unas leyes mecánicas que discurrirían permanentemente siempre yendo de la causa al fenómeno pero en donde la causa queda inalterada por el movimiento de los fenómenos. Por ello nosotros consideramos que la utilización del método Hipotético-Deductivo, que por cierto tiene mucha pertinencia para explicar lo propio de los fenómenos naturales, debe ser manejado dialécticamente si lo queremos utilizar en el estudio de los problemas sociales. Por ejemplo, es muy diferente mantener una linealidad mecánica de los movimientos de las variables en el análisis de los proceso de la realidad social cuando en la práctica concreta hay fenómenos que no obstante presentarse en un primer momento como causales, son, al mismo tiempo, efectos de otros procesos. En una palabra, hay que dialectizar, y hacerlo bien, el juego de las relaciones de causalidad y dependencia entre las variables independiente y dependiente. Como decimos, en el mundo dinámico y cambiante de la realidad social, un fenómeno independiente (causal) puede quedar afectado, modificado y/o transformado, por otro fenómeno que en un primer momento se nos presenta como dependiente. Por otra parte, en este propósito de dialictizar el análisis, nosotros no podemos, ni debemos, adoptar una ascepsis de neutralidad valórica (por demás hipócrita). También tenemos nuestras preferencias y visión de la realidad, nuestra utopía (lo imposible que guía lo posible). Lo importante es hacerlo concientemente y procurar que nuestros "prejuicios" sean elementos fértiles en el análisis y la síntesis de la consideración de los procesos. Después de todo hay que tener en cuenta que hay un elemento de eticidad en la investigación. Nuestros modestos esfuerzos deben estar al servicio de la plenificación del hombre. Consideramos que el fundamento de todo derecho, y en general de la acción social, debe ser la consideración de la dignidad de la persona humana. En este punto, no podríamos menos que tener presente el primer artículo de nuestra Constitución Política considerar que: "El Salvador reconoce a la persona humana, como origen y fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común"(23). La cientificidad no debe resguardarse hipócritamente en una presunta neutralidad arbitral. Por lo menos no la cientificidad social. No podemos permitir la extensión abusiva de los paradigmas de la racionalidad científica de la ciencia natural al terreno de la ciencia social. En fin de cuentas, nuestro modesto esfuerzo investigativo, que trata de una cuestión eminentemente social, utilizará como método general la dialéctica materialista. No podemos adoptar el inductivismo como método general absoluto porque este procedimiento se adecua más al tratamiento de las ciencias naturales. Aquí, en el método inductivo, siempre hay que partir de los fenómenos particulares para llegar a la consideración de la totalidad. El problema es que jamás puede garantizarse con certeza que el resultado responderá siempre a las particularidades de todos los casos posibles. El paradigma inductivista puede formularse sintéticamente así: si en una amplia variedad de condiciones se observa una gran cantidad de "A", y si todas las "A" observadas poseen sin excepción la propiedad "B", entonces, todas las "A" tienen la propiedad "B". La conclusión del inductivismo es incorrecta, porque jamás se podrá afirmar, partiendo de la coincidencia de fenómenos parciales que toda "A" posible posee la propiedad "B". Sólo se puede afirmar, con propiedad, que la cualidad "B" se encuentra presente en las "A" observadas. En esto consiste la gran limitación del método inductivo que guía la investigación de la ciencia natural(24). Los procesos analítico-deductivos, propios de la ciencia del pensamiento, como la matemática, no hacen más que explorar in extenso lo que ya está presente en el sujeto de análisis. Decimos esto porque es sabido que, de acuerdo con este método, las formulaciones científicas se nos dan en la forma de juicios predicativos de la forma S es (o no es) P. El planteamiento de que 3+2=5 es un juicio predicativo en donde el sujeto (5) ya contiene de manera latente el predicado (3+2). Este método nos proporciona conocimientos exactos con rigor lógico y validez universal; pero no aumenta el conocimiento de la realidad. Esta fue la crítica kantiana de la matemática. Nuestro objeto de estudio es eminentemente social; por ello no podemos seguir ni sólo el camino inductivo, ni sólo el camino deductivo. Necesariamente tenemos que combinar dialécticamente ambos procedimientos intentando capturar en todo momento, la complejidad propia del fenómeno investigado. El método dialéctico materialista busca siempre los móviles materiales (el mundo de los intereses concretos de la dinámica social) para analizar cómo estos intereses están incidiendo dinámicamente en los fenómenos propios de la conciencia, del pensamiento. También hay que estar combinando tanto el análisis como la síntesis en la investigación de los fenómenos. En el mundo de la matemática 2 siempre será mayor que 1; pero en el campo de las Ciencias Sociales, 2 no es necesariamente mejor que 1. Nuestra investigación, por la naturaleza de la materia que trata, y por las condiciones prácticas en las cuales se desarrolla, habrá de ser de tipo documental. De tal suerte que al preguntarnos por el carácter neoliberal de la modernización del Estado salvadoreño en el ramo de salud y su relación con la Cultura de Paz consideraremos como indicadores, como referentes concretos, los planteamientos hechos por algunas instituciones y gremios que podrían representar tanto la opinión gubernamental como también el pensamiento de la sociedad civil. En tal sentido, habreos de considerar la posición de las siguientes fuentes:
Hablamos aquí de planteamientos públicos escritos en diarios, revistas, y otro tipo de materiales siempre impresos. El procedimiento que habremos de utilizar es el siguiente: Primero: Para el análisis del proceso de modernización neoliberal del sector salud en general, tomaremos como referentes:
Segundo: Para el análisis del conflicto en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social seguiremos este procedimiento: a) Haremos una reconstrucción de la cronología del movimiento del conflicto a partir de las noticias vertidas en tres diarios: El Diario de Hoy, La Prensa Gráfica, y el Diario Co-Latino. En este punto sólo nos interesa dejar en evidencia la secuencia del fenómeno investigado en el tiempo, y destacar los distintos posicionamientos de los actores en el conflicto.
c). Por vía lógica desarrollamos un análisis de la relación que hay entre la cosmovisión neoliberal desarrollada en los hechos por el gobierno, manifestada en la manera como opera realmente el presunto Estado de Derecho de la nación, contrastándola con un enfoque crítico de lo que este debe ser a la luz de la idea de nación moderna presente en la Constitución de la República, y el discurso normativo de la Teoría de la Cultura de Paz. d). Siempre considerando los hechos del conflicto en el ISSS, analizamos la cuestión de la Seguridad Jurídica, como base de la institucionalidad en la cual también se debe expresar el Estado de Derecho y el concepto real de Cultura de Paz que, en los hechos, impulsa tanto el gobierno como los trabajadores. e). Finalmente, siempre yendo de lo abstracto a lo concreto, analizamos la cuestión de la resolución pacífica de conflictos desde la consideración del manejo real por parte del gobierno y los trabajadores del conflicto en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. En todo este proceso investigativo intentamos seguir el método materialista dialéctico, articulando tanto en análisis como la síntesis. II. LA CONCEPCIÓN NEOLIBERAL DEL ESTADO CAPITALISTA.
La concepción moderna del Estado se constituye en el contexto de la ruptura con las estructuras económico-políticas del Antiguo Régimen (el Feudalismo) y el correlativo proceso de constitución del Modo de Producción Capitalista. Es justamente en este marco de transición que da inicio la idea de un Estado como forma social de organización del poder que tiene como tarea fundamental la de conculcar la conflictividad de los sujetos sociales, que movidos por una situación de naturaleza o condición trascendental humana estaban condenados a una especie de canibalismo necesario. Así, en la visión pesimista de Hobbes sobre la naturaleza humana se lo ve a éste sumido en una dinámica fatal en la cual "el hombre es el lobo del hombre"; hay la postulación de una suerte de segunda naturaleza que abocaría a la especie humana a su extinción como producto de la conflictividad propia de la lucha de quienes tienen por propósito fundamental en la vida la salvaguarda de sus intereses privados por sobre los intereses comunes(25). Locke, movido por la misma visión desesperanzada de la naturaleza de los hombres, habrá de postular la necesidad de constituir una institución con el poder suficiente para salvarlos de sus mismas tendencias destructivas(26). Así se justifica la institución del Estado como condición de posibilidad de toda convivencia humana y pacífica. Pero no es sino Rousseau quién habrá de precisar la índole propia del Estado de la modernidad al fundamentar su naturaleza a partir de la inherente libertad de los sujetos viviendo en sociedad: el Estado habrá de presentarse como el resultado de la concurrencia de la libre voluntad de los hombres para entrar en un Contrato Social(27). Pero la constitución del Estado moderno no sólo se da en vista de la fundamentación de su esencia en una condición de naturaleza propia de los sujetos sociales; se la plantea también como parte de la refuncionalización de las estructuras gubernativas frente al poder omnímodo del Absolutismo. En este sentido el Conde de Montesquiau avanza la idea de la división del poder concentrado en el monarca en tres: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Tras esta visión está la idea de que el fundamento último del poder político se lo encuentra en la participación social, en la idea de la representatividad popular por la vía eleccionaria(28). Esta forma de entender la organización social del poder es consecuente con la cosmovisión global propia de la modernidad. Ya sabemos que para la visión moderna la sociedad se presenta como una realidad preñada de sentido, el cual se desarrolla y se expresa de diversas formas en los distintos niveles de la práctica social y en el sistema de objetivaciones que el hombre va creando. En una palabra, para la visión moderna la sociedad es un orden con sentido que camina casi inexorablemente hacia la felicidad humana. Para Hegel, la sociedad no hace sino realizar la realidad ya determinada del Absoluto en un permanente despliegue de determinaciones(29). De tal forma que incluso llega a afirmar que la libertad habrá de consistir justamente en la "conciencia de la necesidad". Para Engels, la societalidad está presidida por la racionalidad propia de las leyes de la dialéctica que mueven la sociedad permanentemente hacia la consecución del Comunismo Científico(30). En el fondo hay una visión esperanzadora de la vida social. Siempre se postula un macro-sujeto garante de la felicidad humana que juega en ocasiones incluso a contrapelo de la individualidad mezquina para sacar adelante los grandes propósitos emancipatorios de la humanidad como especie. También es propio de la condición moderna del Estado la visión de que el poder político es una de las formas en la que se expresa o encarna la razón universal. Esto es importante porque da lugar a toda una corriente que busca fundamentar la dimensión ética de lo político a partir de ése absoluto que es la razón como identidad propia de la condición humana. En este sentido no hay que olvidar que desde que Aristóteles fijó la identidad propia de lo humano en el ejercicio de la racionalidad, se desarrolló una manera de considerar el carácter propiamente humano de la práctica social justamente en el mayor o menor ejercicio de la racionalidad de la que se es capaz en virtud de ser hombre. Así, el Estado habrá de ser, en la visión moderna, como el sumum de la expresión societal de la razón. Esto es de suma importancia si consideramos que la condición moderna preconiza una confianza ciega en la posibilidad del conocimiento racional de la verdad, en la ciencia y en la técnica(31). La visión postmoderna representa un abandono de los ideales emancipatorios de la modernidad(32). Habrá de considerarse que no hay un nomos en la vida social, a la cual se la ve como sujeta a los movimientos azarosos del devenir propio de la inmediatez cotidiana. No hay prognosis de lo social porque todo está sujeto al movimiento discreto y eventual de las cosas. No hay grandes relatos de lo societario, sólo eventos discretos; solo hay la pequeña historia, local y circunscrita. Esto le impone serios límites a los alcances de la razón, la cual, desde la óptica de la postmodernidad, se ve constreñida a dar cuenta sólo de lo inmediato y la brevedad del momento. Se vive la tiranía del "ya". En el horizonte de la visión postmoderna no hay lugar para la consideración de la dimensión axiológica de la vida societaria. Habrá de considerarse que los valores, al no ser sujetos de medición y justipreciación cuantitativa, no pueden ser sometidos al análisis científico, y que por lo tanto caen en el campo de los pseudo-conocimientos, de lo que está allende a la racionalidad de la ciencia. Ya en tiempos de la misma modernidad (siglos XVI-XIX) Maquiavelo postuló la separación absoluta de lo político de todo propósito ético ligado con el ejercicio de la racionalidad para el logro de la felicidad humana. Maquiavelo planteaba que el propósito fundamental de la política debe tener como objetivo absoluto la consecución y el mantenimiento del poder independientemente de la eticidad de los medios utilizados para ello. Así, con Maquiavelo la política aparece como un absoluto cerrado en sí mismo(33). En este contexto hay una refuncionalización del Estado como forma de la organización social del poder. El Estado nos aparece como desligado de los grandes ideales emancipatorios de la ilustración. Queda únicamente constreñido a la función de vehicular las leyes que provienen de la lógica del capital. Es garante del irrestricto juego de la oferta y la demanda. No tiene como cometido expresar ningún interés racional del bien común, sino sólo el de garantizar la operatividad más conveniente de las leyes del mercado. Estas últimas se vienen a presentar como eternas, como el macrosujeto garante de la felicidad del género humano. Aunque en realidad no se considera que hay tal condición humana; sólo hay hombres concretos y determinados vistos desde la óptica recortada de recursos ligados, directa o indirectamente, al mundo de la producción y la circulación de mercancías. La visión postmoderna del Estado pierde el rastro de la raíz ética de la dimensión del poder político. El vertebramiento de la institucionalidad política está en función, tanto de lo que más conviene a la maximización de la tasa de ganancia, así como también de la defensa subrepticia del sistema en tanto que es expresión objetivada de la oferta y la demanda del régimen asalariado. El Estado postmoderno se presenta a sí mismo como la encarnación de los principios fundamentales del liberalismo clásico, cuando en realidad no hace más que trastocarlos en función de los intereses corporativos o, en fin, de las distintas formas orgánicas que cobra el poder del capital. Uno de los elementos con el que más fuertemente rompe el Estado postmoderno respecto del Estado de la modernidad es el que se refiere al fundamento de la legitimidad de la organización del poder. Para la mentalidad política postmoderna el poder político se asienta y fundamenta ya no tanto en la idea de la soberanía popular, sino más bien en las formalidades legales de los ejercicios delegativos del poder por la vía del voto. Para la mentalidad postmoderna no importa tanto la idea de la legitimidad, sino sobre todo el cumplimiento irrestricto del ritual formal de los mecanismos eleccionarios y delegativos sancionados por la ley que el mismo sistema jurídico prescribe para tal efecto. Si algo es legal, es legítimo. La legalidad, definida y tomada como algo absoluto, se constituye en la base de la legitimidad. Los clásicos de la economía, Smith y Ricardo, habían identificado por lo menos dos límites estructurales del capitalismo como ideal civilizatorio: por una parte, el desempleo crónico y, por la otra, la concentración y centralización creciente de la riqueza social. Como lo hace notar H. Samour, había en el planteamiento moderno del liberalismo una dimensión ética en el sentido de que la propuesta económica del capitalismo como modelo civilizatorio se la hacía honradamente creyendo que era el mejor modo posible de salvaguardar los altos intereses del hombre como especie(34). Poco tiempo pasó para que se percataran de la contradictoriedad intrínseca del capitalismo. Ningún autor, pasado o presente, ha puesto de manifiesto en forma tan cruda y científica la veta absurda del régimen del capital como C. Marx. La contradictoriedad del capital se hizo sentir de manera brutal tanto en la primera como la segunda guerra mundial. Tanto la primera como la segunda eran expresión de que el sistema como tal se hallaba irremediablemente sumido en una crisis de realización de plusvalía de la cual no podía salir sino era forzando las condiciones mundiales de tal manera que los factores de producción de capital pudieran, de nueva cuenta, asumir su normal funcionamiento. Como lo hace notar Hinkelammert(35), desde el punto de vista de los clásicos de la economía, ésta debería ordenarse en función de garantizar las condiciones necesarias para la reproducción de los factores de producción de capital; por supuesto incluyendo ahí a la fuerza de trabajo. Pero la aplicación ortodoxa de los principios del liberalismo económico hicieron olvidar la perspectiva de la reproducción de los factores de capital y se adoptó otro punto de vista como criterio de cientificidad económica: la mayor eficiencia en la asignación de los recursos. El caso es que este sólo cambio de perspectiva en el manejo macroeconómico precipitó la contradictoriedad del capitalismo mundial que desembocó, al fin, en los horrores de la segunda guerra mundial. Keynes habría de proponer hacia los años 50’s la idea de que para salir de la crisis del sistema era necesario impulsar un modelo de economía mixta, en el cual pudiera intervenir activamente el Estado en la gestión económica. De tal suerte que el Estado, que en la doctrina ortodoxa del liberalismo quedaba totalmente al margen del terreno de la producción y la circulación de mercancías, tenía ahora que cumplir ciertas funciones para dinamizar los procesos de la lógica del capital. El Estado debería intervenir tanto directa como indirectamente en el mundo de la economía para reactivar la demanda social por la vía de la generación de empleo y así contribuir sensiblemente a la formación del mercado interno. Además, según la revolución económica keynesiana, el Estado debería jugar un rol protagónico como satisfactor de la demanda social a través de la prestación de servicios públicos como los de salud, educación, vivienda, etc. También, era consecuente con esta manera de analizar la relación Estado-Mercado, la fijación de precios y el planteamiento de medidas proteccionistas de las economías nacionales a través del levantamiento de barreras tanto arancelarias como no arancelarias. En el marco de este concepto keynesiano se inscribe la estrategia que la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) intentó implementar a partir de los años 60’s en nuestra región. La nueva receta para el desarrollo ideada por sus estrategas fue la que dieron en llamar modelo de sustitución de importaciones. También de acuerdo con esta estrategia desarrollista de las Naciones Unidas los Estados nacionales habrían de jugar un papel de primera línea en la reactivación de las economías. Así, se propuso que los gobiernos tenían que adoptar toda una serie de medidas para la formación del mercado interno y la reactivación de la demanda social; fue prioridad el involucramiento del Estado en la satisfacción de la demanda social. Se previó que los Estados nacionales habrían de colaborar facilitando lo necesario para asegurar la inversión extranjera y nacional. En nuestro país, el modelo económico desarrollista se hizo acompañar de una reforma educativa(la benekiana) que pretendía incentivar la necesaria cualificación de la fuerza de trabajo para catapultar el supuesto proceso industrializador. Ya conocemos los resultados. Es importante hacer notar que el móvil último de este modelo de desarrollo no fue evidentemente la búsqueda sincera del desarrollo ni la superación de los álgidos problemas de marginalidad y pobreza. El propósito fue más bien de naturaleza contrainsurgente. El avance mundial de los modelos civilizatorios que se presentaban a sí mismos como alternativos al capitalismo, tales como el régimen cubano, el de Vietnam, el de Corea, etc. dieron el campanazo para que los estrategas del imperialismo norteamericano, en particular, y los potentados económicos de la trilateral, en general, llegaran a considerar el carácter auto- contradictorio del capitalismo; eso mismo que ya habían señalado los economistas clásicos. Entonces de lo que se trataba era de buscar la manera de bajar la intensidad de las contradicciones sociales que el mismo régimen asalariado genera por virtud propia, y que naturalmente conjunta las bases materiales para el desarrollo de las mas variadas formas de organización popular. Como decimos, tras la propuesta Keynesiana, pero sobre todo en el modelo de sustitución de importaciones, había un propósito contrainsurgente. Y eso fue precisamente el principio de su fracaso estrepitoso. Jurgen Habermas ha escrito un interesante artículo titulado justamente "La crisis del Estado de Bienestar y el agotamiento de las Energías Utópicas"(36). De acuerdo con la perspectiva de Habermas el fundamento de la crisis del Estado de Bienestar (la refuncionalización Keynesiana del Estado) se lo encuentra en el permanente proceso de burocratización e hiperpolitización del Estado como organizador de la vida social. De tal suerte que a este proceso no ha escapado ni siquiera el tipo de Estado de los llamados regímenes del socialismo real. La crisis del Estado de Bienestar habría que buscarla en la capacidad de la institucionalización de los procesos de la praxis política para expresar la dimensión socio-histórica de la vida por la vía de la solidaridad, como dice Habermas. Pero no podemos hacer de la necesidad virtud. Evidentemente, cuando se suele hablar de la crisis de este tipo específico de Estado capitalista siempre se tiene en mente los modelos de las sociedades ricas europeas, como la alemana o la propia de los países bajos. Evidentemente los procesos de creciente burocratización y su consecuente distanciamiento de la vida de los ciudadanos, que dejan de serlo en la práctica para constituirse en meros objetos espectadores, son un mal necesario e intrínseco a la misma lógica del capital. Habermas llega a plantear que la salida de la crisis de semejante modelo de Estado se la encuentra en la manera como se puede construir una hegemonía cultural como fundamento de la solidaridad(37). El pequeño detalle está en que esto no se puede hacer en el tegumento de la organización del poder del capital que implica, de manera inexorable, tanto la explotación como la dominación. La razón honda de la crisis del Estado de Bienestar está en el cambio de la bipolaridad mundial por la unipolaridad luego del descalabro de los llamados modelos de socialismo real, y de manera mas patente y patética, por la crisis de la ex Unión Soviética. Como diría Ronald Reagan en 1989, al finalizar su mandato, "Gracias a Dios, ganamos la guerra fría". Con la nueva situación no había por que continuar manteniendo un tipo de Estado que cosméticamente se ocupara de la suerte de los desarrapados de la tierra. Ahora la bestia podía darse el lujo de mostrar su real y verdadero rostro. 3. El Asalto Neoliberal de la Estructura Económico-Social.
No consideramos que el fenómeno de la globalización sea algo nuevo e inédito. Es algo intrínseco a los procesos de reproducción ampliada de la lógica del capital. Ya los clásicos del marxismo habían denunciado el proceso progrediente del avance del capitalismo a escala planetaria llamándole fase imperialista del capitalismo. Marx y Engels en El Manifiesto del Partido Comunista plantean que "Merced al rápido perfeccionamiento de los medios de comunicación, la burguesía arrastra a la corriente de la civilización a todas las naciones, hasta a las más bárbaras. Los bajos precios de sus mercancías constituyen la artillería pesada que derrumba todas las murallas de China y hace capitular a los bárbaros más fanáticamente hostiles a los extranjeros. Obliga a todas las naciones, si no quieren sucumbir, a adoptar el modo burgués de producción, las constriñe a introducir la llamada civilización, es decir, a hacerse burgueses. En una palabra: se forja un mundo a su imagen y semejanza"(38). Lo que de hecho ha habido es un proceso de profundización de esa lógica expansiva de un capital que ciertamente es apátrida y tiene como fin la acumulación por la vía de la explotación y la dominación de hombres y naciones. El proceso de globalización se corresponde con un proceso creciente de desnacionalización de la vida y las economías de los pueblos pobres y dependientes(39). Ello explica porque según los manuales de la más rancia ortodoxia neoliberal el responsable fundamental de la crisis civilizatoria es justamente la ineficiencia y la corrupción intrínseca de todo Estado posible. El neoliberalismo preconiza una especie de antiestatismo metafísico en el sentido de descalificar a priori todo Estado como ineficiente, tanto para la generación de riqueza como para su distribución. En un agudo análisis de Héctor Samour titulado "Crítica Radical del Neoliberalismo"(40), identifica por lo menos nueve características fundamentales del proceso constitutivo de este nuevo paradigma civilizatorio, a saber:
En suma, el Neoliberalismo es una cosmovisión que intenta totalizar todos los ámbitos de la existencia social e individual y que pretende presentarse, por ahora, como el único ideal civilizatorio posible. 4. Perfil Básico del Estado en la Cosmovisión Neoliberal. Es de la evidencia que en la cosmovisión neoliberal de la sociedad hay una ruptura con el perfil del llamado Estado de Bienestar que arrancó con la revolución económica keynesiana en los años 50s. Pero también hay una ruptura más profunda que apunta al desdibujamiento de la idea de lo político que se constituyó en la modernidad. El carácter Neoliberal del Estado conecta mas bien con las líneas fundamentales de la visión post-moderna(41). Era propio de la visión liberal clásica del Estado la idea de que la racionalidad de la organización social del poder debería estar en función de la salvaguarda de la societalidad amenazada permanentemente por una especie de "darwinismo social" en el cual los intereses individuales podían dar al traste con la vida social misma. Pero el Estado estaba ahí justamente para expresar de forma eminente la liberalidad racional de los sujetos que producían, en virtud de un contrato social, esa forma organizativa llamada Estado(42). Con el Neoliberalismo el Estado se presenta no ya como expresión de la libertad de los sujetos, sino justamente como una amenaza de esa libertad que se vería constreñida y limitada por el ámbito de lo político. El Estado amenaza y limita abusivamente la esencia mas patente del hombre: la libertad. Por otra parte, la legitimidad del Estado, según la perspectiva Neoliberal, proviene no de la mayor o menor capacidad que tenga para expresar la soberanía del pueblo, la voluntad popular. Ahora se considera que el fundamento de la legitimidad del Estado se la encuentra en el cumplimiento de los requisitos formales de una democracia delegativa. Para el neoliberalismo, el Estado debe desentenderse de la suerte de las gentes; para el logro del bienestar social y la felicidad humana está en el mercado(43). Precisamente por ello se considera que la gran función del Estado, y el criterio de su excelencia, es la de velar por el irrestricto cumplimiento de las leyes todopoderosas del mercado. Se postula con el Neoliberalismo un nuevo macrosujeto que habría de llevarnos de la mano por las calzadas anchas de la dicha y la felicidad: el mercado. Hay una especie de puesta al día de la famosa tesis de A. Smith de la "mano invisible", según la cual, la lógica del mercado es tan perfecta que buscando cada cual su provecho personal hay una suerte de fuerza misteriosa que logra obrar por encima de esa guerra de uno contra todos y sacar adelante el interés de la comunidad. Por ello el Estado no debe intervenir en la gestión económica; a no ser para velar por el libre juego de la oferta y la demanda. Entonces, el Estado tiene que olvidar sus funciones tradicionales como reactivador de la demanda social, como satisfactor de las necesidades sociales, como instancia que busca la formación de mercado interno, etc. Se trata únicamente de un Estado gendarme al servicio de las libres leyes del mundo de la producción y de la circulación de mercancías. Positivamente, el Neoliberalismo le asigna al Estado la tarea de generar las condiciones materiales y espirituales necesarias para la globalización, la apertura total de los mercados, para mantener políticas de arancel cero, para impulsar la dolarización, y la conformación de bloques económicos que, en todo caso, habrán de beneficiar los intereses de la clase dominante en cada uno de los países(44). No hay que olvidar que el capital no tiene patria. Paradójicamente, la lógica Neoliberal obliga a los Estados, que son como la expresión mas acabada de la nacionalidad, a desnacionalizarse en función de una lógica globalizadora omnímoda y pluriforme.
III. NOTAS ESENCIALES DEL TIPO DE ESTADO EN EL SALVADOR. Más allá de una definición instrumental del Estado, habría que afirmar con Poulantzas(45) que el Estado es, en su esencia, la organización social del poder. Ya sabemos que la función general del Estado, por lo menos del Estado capitalista, es la de favorecer las condiciones para la producción y la reproducción ampliada, tanto de las relaciones propicias para la explotación de la fuerza de trabajo, así como también para garantizar las condiciones, objetivas y subjetivas, para la reproducción de las relaciones de poder. El poder, desde la lógica del capital, es la capacidad que tiene una clase o fuerza social (pero siempre con una sustancia clasista) para conformar (bien por la vía del consenso, o bien por la vía de la coerción) a la sociedad entera según sus intereses dominantes. Así las cosas, habría que considerar que, aunque no hay que confundir Estado con gobierno, la cuestión del poder social es algo que no hay que reducir a las formas estructurales a través de las cuales el Estado se realiza como tal. Cuenta asimismo el poder socialmente organizado que puede vertebrarse desde los críticos o contradictores del Estado: todos aquellos que padecemos el ejercicio de la naturaleza dominante y deshumanizadora por parte del Estado. Hay que caer en la cuenta que la naturaleza opresiva del poder socialmente organizado no es algo que reposa sobre sí mismo. El fundamento del carácter opresivo del Estado capitalista se lo encuentra en la naturaleza propia de las relaciones a través de las cuales se producen y reproducen las condiciones materiales de la vida de los hombres. De tal forma que, aunque no hay una solución mecánica de continuidad a la manera de una lógica de causa a efecto entre sustancia opresiva del Estado y naturaleza explotadora del régimen económico y tipo de sociedad, suele ocurrir una correspondencia dinámica entre ambas, entre régimen político y lógica económico. Todo esto rayaría en la aburrida obviedad sino fuera porque actualmente tenemos en nuestro país que la democracia neoliberal (un tipo de régimen político), que supuestamente habría de favorecer la construcción de formas y niveles de poder real por parte de la sociedad, se ha constituido en un inmenso narcótico que inhibe, desnaturaliza, o dificulta la construcción del poder real por parte de la sociedad civil. ¿Cómo nos explicamos que entre más se avanza en la conformación de las formalidades de la democracia neoliberal, se dificulta, de hecho, la participación real de la ciudadanía en la vida nacional?. Tanto para Hobbes como para Rousseau la naturaleza del Estado se constituye a partir de la consideración de los hombres como sujetos de suyo libres, y en ambos casos la organización social del poder tiene como propósito posibilitar la societalidad, misma que se vería amenazada por la dinámica propia de los intereses materiales de la vida en una sociedad conflictiva. Claro que para ambos pensadores la conflictividad social se fundamenta en la tendencia centrífuga de la individualidad, la cual tiende, por sí misma, a la autorrealización egoísta; de ahí que siguiendo su pensamiento se podría decir que habrá conflicto mientras haya individuos. Con Marx sabemos que el fundamento de la conflictividad societal no se lo encuentra en la existencia de una supuesta naturaleza humana puesta al margen de la vida social. Para Marx, el hombre no es, como para Hobbes, el lobo del hombre. Es, más bien, el conjunto de sus relaciones sociales. En Marx, hay una cosmovisión más esperanzadora de la vida social. Para él la vida no se resuelve en la contradicción (como para Locke, Hobbes, o Rousseau), sino en una unidad al superar el reino de la necesidad por el reino de la libertad en el comunismo científico. En todo caso, es propio de la visión de la modernidad la consideración del Estado como instancia garante de la societalidad. Para la modernidad, la función básica del Estado es hacer posible la societalidad. Por ello se podría avanzar la tesis de que el fundamento de la sociedad no es tanto la familia, sino más bien el Estado. También el economista Minor Keynes, entendiendo la raíz conflictiva que parte de la lógica de la acumulación capitalista (concentración y centralización de la riqueza) habría de proponer la intervención del Estado como reactivador de la demanda social, todo con el propósito último de garantizar la vida social burguesa. Es de la evidencia que el Estado no es una estructura neutral con una función arbitral situado por encima de la conflictividad clasista. El Estado tiene, como lo dijimos arriba, una función clasista general que cumplir. No es casual que en este momento, el mismo Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial estén recomendando el fortalecimiento del Estado para palear los efectos subversivos de las medidas neoliberales privatizadoras. En fin de cuentas, el asunto es que la tesis del afincamiento de las formalidades de la democracia neoliberal ha conducido a una desmovilización generalizada por parte de la sociedad civil. Nadie, en su sano juicio, se atrevería a negar cierto efecto narcotizante por parte de las estructuras y la funcionalidad de la democracia neoliberal sobre las dinámicas y estructuras de la participación real de la sociedad civil. La ambigüedad de la democracia neoliberal promueve la confusión y la idea de una función delegativa del poder y la gestión política. Se nos ha logrado vender la idea de que el fundamento de la democracia consiste meramente en la participación ciudadana a través de los mecanismos y procesos que la misma clase dominante ha diseñado para tal efecto. La democracia vendría a ser algo así como el efecto necesario del respeto de la institucionalidad burguesa. De tal forma que se ha producido entre nosotros una especie de sentido común que entiende por democracia la participación en los procesos delegativos del poder a través de los eventos electorales. Hay fenómenos de desmovilización, de desmembramiento, y de anomia de la gestión ciudadana. Cada vez somos menos pueblo, para venir a ser simple público (en el sentido de la mercadotecnia). Resulta paradójico que los niveles de la organización y gestión popular en este país hayan crecido tanto y de tan diversa manera en un momento cuando la forma de gobierno era altamente represiva (dictaduras militares fascistoides) y cuando los niveles de contradicción social eran prácticamente explosivas (el modelo agro-exportador fundamentado en la matriz económica del café). Quizá a ello se refería Paul Swizzy cuando advertía que la democracia burguesa es el tipo de Estado que mejor salvaguarda los intereses estratégicos del capital(46), contrariamente a los regímenes abiertamente dictatoriales. Las fuerzas sociales de raíz popular han caído en la trampa de jugar a la democracia neoliberal. Trampa, por lo siguiente:
En conclusión, la democracia neoliberal, que es nuestro tipo de Estado, mediatiza las formas, la dinámica, y la intensidad de la participación real ciudadana. Adormece el carácter popular de la lucha popular. Si esto no fuera así, entonces, ¿por qué la izquierda ha gastado sus mejores energías en la carrera electorera descuidando la organización popular?. En tal sentido, Héctor Nassim, analista político, asegura que nadie habría creído que "la revolución salvadoreña no habría sido derrotada por la derecha (sea esta política, económica o militar) ni por el imperialismo yankee, sino que desde dentro del mismo heroico y genial FMLN habrían surgido las ideas y las acciones para su mediatización como fuerza garante del cumplimiento del Acuerdo de Paz y guía en el pleno logro de la Revolución Democrática (...) En términos conceptuales, el haber elevado el pragmatismo político por sobre los más nobles principios que orientaron toda la fase de la lucha, ha conducido a un acomodamiento al sistema que se combatió y al impulso de grupos de poder en donde afloran aquellos intereses personales que desnaturalizan la esencia del Partido Revolucionario para caer en los tradicionales estandartes de la politiquería"(47). Es la hora de reivindicar la bandera del carácter popular de la democracia y de acumular fuerzas por la vía de la organización y la lucha popular para tener poder real; poder que no proviene necesariamente de manejar cargos gubernativos. Nuestro tipo de Estado es Capitalista, dependiente y subdesarrollado, en el cual la clase fundamental ha intentado desarrollar un régimen político de democracia restringida, delegativa, eleccionaria. Y la manera como el gobierno concreto del Presidente Francisco Flores ha manejado el conflicto en el sistema de salud nos demuestra que no hay transición posible a la democracia plena si no es a partir de la ruptura del tegumento neoliberal que el capitalismo globalizado nos ha impuesto.
Tanto el concepto de cultura como el concepto de paz sufren la situación de parecer ideas evidentes en sí mismas. Pero no podemos partir del inveterado prejuicio de que al hablar nos entendemos. Sobre todo en consideración del carácter social de los procesos de construcción conceptual de los diversos modos como conocemos, sentimos, valoramos y hacemos la vida. Somos, esperamos que más para bien que para mal, educadores, y por ello quizá la mejor manera de ensayar una aproximación crítica a lo que haya de entenderse por la relación que de hecho hay entre paz, cultura, y educación, sea la de analizarla en su articulación con lo que es el hecho educativo. En un primer momento, la referencia al hecho educativo, como una forma de la praxis social, puede parecer un molesto rodeo por la irrealidad. Sin embargo, miradas las cosas más de cerca, resulta que la dimensión estrictamente educativa es intrínseca al carácter cultural de la práctica humana por la paz. Hacia ello apunta Celestino del Arenal, teórico de la Cultura de Paz, cuando afirma que "Hoy, investigar por la Paz, educar para la paz, y actuar para la paz, constituyen sin lugar a dudas las tareas más decisivas del quehacer de los hombres"(48). De modo que quisiéramos se nos permitiera referirnos al hecho educativo para elucidar de mejor manera la identidad propia de la naturaleza de lo que hayamos de proponer por cultura y por paz. Al final, esperamos, se verá la riqueza insospechada que puede tener el trabajar el concepto de cultura de paz teniendo en cuenta la acción propiamente educacional. Para intentar un primer abordaje de la relación dinámica entre la práctica educativa y la cultura de Paz habría que empezar precisando, en la medida de lo posible, los elementos esenciales de lo que haya de ser tanto el hecho educativo como la cultura de paz. Para nosotros el hecho educativo tiene por lo menos 5 notas esenciales:
Así se expresaba Marx en la obra que los especialistas consideran justamente como la que deslinda al Marx Joven del Marx Maduro: la Ideología Alemana (l845). Sin embargo, en una de las obras consideradas dentro del período de plena madurez de Marx, las Tésis Sobre Feuerbach, precisa aún más el asunto. "La esencia humana no es algo abstracto e inmanente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las relaciones sociales"(51). Claro que no se trata en Marx de una especie de disolución de la subjetividad individual en el caldo de las formas estructurales de la existencia social. El marxismo no es un estructuralismo porque la motivación última de la obra teórica y sobre todo práctica de Marx es cabalmente el ser humano. Erich Fromm ha logrado precisar este aspecto de la cosmovisión de la teoría social de Marx al señalar que "El fin de Marx era la emancipación espiritual del hombre, su liberación de las cadenas del determinismo económico, su restitución a su totalidad humana, el encuentro de una unidad y armonía con sus semejantes y con la naturaleza. La filosofía de Marx fue, en términos seculares y no teístas, un paso nuevo y radical en la tradición del mesianismo profético; tendió a la plena realización del individualismo, el mismo fin que ha guiado al pensamiento occidental desde el Renacimiento y la Reforma hasta el siglo XIX"(52). Metodológicamente, el pensamiento de Marx tampoco es un empirismo positivista. "El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva no es un problema teórico –dice Marx-, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla de la práctica, es un problema puramente escolástico"(53). La articulación dialéctica de teoría y acción es colocada por Marx en el centro de los procesos por los cuales el hombre se construye humanamente. En la Tésis 3 Sobre Feuerbach, Marx señala que "La teoría materialista de que los hombres son productos de las circunstancias y de la educación, y de que, por tanto, los hombres modificados son producto de circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres, precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador necesita ser educado"(54). Por ello ha dicho el Dr. Adolfo Sánchez Vázquez, maxólogo mexicano, que una de las categorías centrales del Marxismo es la praxis(55). Antonio Gramsci, siguiendo las mismas razones, ha sintetizado la orientación teórica de Marx como Filosofía de la Praxis(56). Lo propiamente educativo de la acción social sólo se da cuando el hombre logra hacer que la realidad sea realmente suya. El filósofo vasco Xavier Zubiri ha dicho que el hombre es la única estructura sustantiva que posee la realidad en propio; esto es, para la que lo real es reduplicativamente suya(57). Así, educación plenamente tal se da cuando hay una real apropiación de la realidad que desborda los límites de lo que podríamos conceptuar como propiedad jurídica. La apropiación de lo real es consciente y crítica cuando, en primer lugar, conozco la estructura esencial de la realidad que me apropio, en segundo lugar, ésa apropiación es crítica en la medida que mueve a la transformación (no mera modificación) de esa realidad; de ahí que el conocimiento al que aludimos no es sólo cuestión de esclarecimiento intelectual, sino fundamentalmente de transformación efectiva y eficiente de las condiciones de lo dado.
En suma, ya de manera sintética, podemos afirmar que educación es todo proceso de enseñanza-aprendizaje que realiza el hombre concreto interactuando con la realidad a través de la praxis, en donde esta interacción práctica es consciente y crítica guiada por la intencionalidad de transformar la realidad a favor de la humanización del hombre. La misión de los procesos de institucionalización de la práctica educativa y los propios de la organización social del poder (Estado), no necesariamente tienen por qué desnaturalizar el carácter propiamente educativo de la acción social; sin embargo, cuando estos procesos responden más a la divisa del mantenimiento de la seguridad nacional, o bien al propósito de la defensa de un sistema determinado de objetivaciones, entonces el carácter educativo de la praxis social pierde su esencia. En tal sentido, nos parece que, en concreto, el sistema educativo nacional está pagando tributo a su naturaleza de ser uno de los aparatos ideológicos del Estado. El sistema educativo y la Reforma Educativa tienen serios amarres con la lógica neoliberal, como expresión cultural del capitalismo tardío, esto es, globalizado. En tal sentido tenemos serias dudas de que esté educando; más bien consideramos que está indoctrinando y domesticando, o bien simplemente instruyendo. Por ejemplo, en el terreno de la educación en valores, lo que en la práctica está haciendo el Ministerio de Educación es simplemente instruir sobre la necesidad de practicar una serie de valores liberales impuestos y aceptados irreflexivamente por la población docente y estudiantil. Jamás se ha discutido qué es un valor, y cuál es la dinámica de construcción de valores para fortalecer una sociedad fundamentada en la justicia y la paz. Justamente el tema de la Cultura de Paz es uno de los grandes vacíos del Modelo Curricular de la Reforma Educativa. Cuando se habla de cultura de paz normalmente se parte del supuesto de que todos entendemos del mismo modo aquello a lo que nos referimos. No obstante hay distintas maneras de entender este concepto. Al decir esto sólo estamos señalando un hecho; no significa ni que no pueda haber un concepto rigurosamente científico de paz, ni, peor aún, que no deba haberlo. La idea de paz es una categoría histórica que se sustantiva en y desde el carácter concreto de la existencia pluridimensional del hombre. Pero ello no implica la caída en una especie de relativismo existencial que olvida la trascendentalidad de la vida humana. No se trata de avanzar la tesis según la cual lo que haya de ser la paz está sujeta de manera exclusiva a los cambios de la existencia. Hay una dimensión trascendental de la vida del hombre que se historiza desde la praxis. Somos de la idea de que la paz, como realización plena del hombre, constituye una nota esencial de la condición humana, la cual naturaleza está articulada dialécticamente a las formas concretas de la existencia tanto individual como colectiva. De ahí que podamos hablar, con Celestino del Arenal, de la superación de las nociones tradicionales de paz(58). Parece contradictorio entonces que el mismo Autor, teórico de la Cultura de Paz, afirme que "... en la propia noción de paz, respecto de la cual no hay un concepto universal y preciso de lo que es y significa"(59). En realidad, si lo que Del Arenal está haciendo es una afirmación constatativa, señalando un hecho, podría ser que coincidamos con él; pero si lo que está planteando es una tesis de alcance epistemológico en el sentido de que no es posible alcanzar una noción científica de la paz tendríamos que recusarlo. La elaboración de un concepto científico de paz es un reto que habremos de asumir. Hablamos de un concepto con rigor lógico y validez universal. A este respecto intentaremos una aproximación por la vía negativa (como recurso meramente metodológico) planteando primero algunas aproximaciones que históricamente han mostrado ser limitados, para, finalmente, arribar a una proposición positiva, concreta (en el sentido de ser síntesis de múltiples determinaciones). Celestino del Arenal, teórico de la Cultura de Paz, propone que toda aproximación al concepto de paz debe tener en consideración las siguientes determinaciones: "En primer lugar –dice-, la paz es un valor a alcanzar, un ideal, respecto del cual nadie afirma estar en contra (...) y dado que la paz, entendida en este sentido estricto, nunca se ha alcanzado en la historia de la humanidad y que, por lo tanto, no tenemos una imagen real y definible, en relación a una realidad histórica concreta, de lo que es el estado de paz, como ideal o valor a alcanzar, puede ser objeto de manipulación, tanto en cuanto a lo que es un estado de paz, como en cuanto a las vías para su realización"(60). En síntesis, en un enfoque de tipo empirista, Del Arenal considera que, como todo conocimiento proviene de la experiencia, y como el hombre no tiene referente empírico del estado de paz, entonces no se puede conocer ni definir dicho estado y por ello abre el terreno justificado para la especulación y la manipulación. Celestino del Arenal pasa por alto que la experiencia que entra a jugar en la construcción del conocimiento no es aquella que sólo proporciona una copia fiel de la realidad. Olvida el papel activo de la razón, la capacidad prefigurativa del intelecto, que puede, siguiendo las leyes lógicas, proyectar, generalizar la experiencia, y crear, legítimamente, conceptos válidos universalmente y con rigor lógico. Sin caer en una situación platónica, podemos decir que, aunque no existe empíricamente la esfera perfecta ello no obsta para que la razón pueda construir el concepto matemático perfecto de esfera. Hay un sentido en el cual la razón puede lógicamente ir un paso delante de la realidad empírica. De acuerdo a los análisis de Johan Galtung, uno de los investigadores contemporáneos de la Cultura de Paz, se pueden establecer dos tendencias en la conceptualización de la paz; ambos conceptos habrían de ser propios de las ideas grecorromanas de eirene y de pax: "Una, la tendencia a definir la paz como la unidad interior contra una amenaza exterior, de lo que se deduce que la amenaza exterior fomenta la unidad interior, de la unidad política o Estado, se entiende. Surge, así, la idea de ‘nosotros contra ellos’, que es la razón de ser de la defensa armada. El si vis pacem para bellum se transforma en el punto de referencia para lograr la paz y en la razón justificadora de las fuerzas armadas y el armamentismo, cuya misión y razón de ser es la paz, en una doble dimensión. De un lado, a través de la defensa frente al exterior, lo que supone el desarrollo del armamentismo y del militarismo, que busca defender al Estado. De otro, a través del mantenimiento del orden y unidad en el interior. La paz es, de otra forma, simplemente la ausencia de conflicto o violencia externa e interna, transformándose el Estado en el elemento definitorio de la noción de paz"(61). La segunda tendencia que destaca Galtung tiene solución de continuidad con la anterior. En ella se "define la paz en función de un universo que nace y tiene su centro en occidente. Esta tendencia presente desde el imperio romano, se materializa en una universalización de la idea de paz, como ley y orden interno(...) De nuevo es el Estado el elemento básico para la noción de paz (...) la paz es competencia exclusiva de los Estados"(62). G. Pardesi, otro teórico de la cultura de paz, nos llama la atención sobre la existencia de dos escuelas en la conceptualización del fenómeno de la paz. La primera, que él llama americana, para la cual los problemas de la guerra y de la paz pueden separarse de otros problemas sociales, como la explotación, el neocolonialismo, el imperialismo, etc. La segunda, la escuela europea o radical, que enfatiza los problemas de la explotación y opresión entre los Estados y dentro de los mismos(63). Esta cosmovisión norteamericana, que tiende a reducir la cuestión de la paz a la mera ausencia de guerra y que la define negativamente como algo que atañe de manera casi exclusiva a una cuestión inter-estatal dejando de lado toda la dimensión intra-estatal y los problemas de la realización humana, como la justicia, la participación, el desarrollo con equidad, etc., como decimos, quizá esta visión es la que está presente en la clase fundamental de nuestro país. En esta última línea argumentativa, hay que tener en cuenta que, más allá de la obvia incidencia del ideal civilizatorio que impone Estados Unidos, incluso está el hecho de que buena parte de los funcionarios de la actual administración gubernativa han sido formados en las universidades norteamericanas. En todo caso, esta conceptualización de la paz también ha sido puesta en evidencia por A. Eide, teórico de la Cultura de Paz, para quien la paz, desde este enfoque, quedaría reducida a una perspectiva minimalista en términos de mera ausencia de guerra, dejando de lado otro tipo de conflicto y de violencia(64). Celestino del Arenal indica que "hay que señalar el carácter marcadamente conservador y de mantenimiento del orden internacional de esta concepción"(65). Claro que también es parte de la traducción sociológico-política de esta interpretación restringida de la paz un conservadurismo del orden establecido muy similar a los principios teóricos de la Doctrina de Seguridad Nacional que aún vivimos, aunque sofisticados, en nuestro tipo de Estado. Muy ligado con este enfoque que podríamos llamar minimalista de la paz, hay otro abordaje, que si bien es cierto es menos burdo y reduccionista, en el fondo deja intacto el problema de una conceptualización positiva de la paz, y, por tanto, subrepticiamente, mantiene un sesgo conservador del orden establecido. Así, Del Arenal afirma que "Para la corriente intermedia (...) la paz no es sólo la ausencia de guerra, sino también la ausencia de un sistema de amenazas, es decir, la ausencia de instrumentos e instituciones de guerra (...) la noción de paz sigue siendo exclusivamente negativa, sin plantearse, por lo tanto, la necesidad de cambio de las estructuras sociales, como forma de avanzar realmente hacia la paz"(66). En Abril de l999, los Licenciados Gilberto Arturo Cortés Estévez, José Antonio Guzmán Cardona, y Cesar Emilio Quinteros Martínez presentaron un sugestivo trabajo de Tésis para optar al grado académico de Maestro en Derechos Humanos y Educación para la Paz; dicho trabajo se titulaba "Percepciones Sobre La Paz de la Población Salvadoreña Durante el Período de Transición 1998-1999". En la parte dedicada a las conclusiones de la investigación, luego de asegurar que "El planteamiento de Paz positiva puede parecer utópico ante las limitaciones fácticas para la concreción de la misma, así como ante la carencia de un procedimiento o programa determinado para la construcción de la Paz Positiva"(67); proponen una perspectiva de análisis que, según ellos, habría de enrumbarlos en la dirección correcta para no caer en la deseperanza/deseperación, y alentarlos en el trabajo por la paz positiva. En sus palabras, "A fin de no incurrir en el inmovilismo resultante de la no concreción de la PAZ positiva, o no ser víctimas de la desesperanza por la misma razón, se propone como línea de análisis la PAZ imperfecta, que como anteriormente se indicó asume la existencia de formas de conflicto al interior de la sociedad, pero estos son administrados de tal forma que no ponen en peligro la existencia coherente de la sociedad en su conjunto" –subrayado nuestro-(68). Se advierte en esa línea de análisis un intento de realismo que se aproxima demasiado, de hecho, al abandono de la dimensión utópica por la absolutización subrepticia de cohesión de la societalidad dada. La identidad propia de la imperfección de la paz no se alcanza desde una posición que "asume la existencia de conflictos al interior de la sociedad, pero estos son administrados de tal forma que no ponen en peligro la existencia coherente de la sociedad en su conjunto". No creemos que sea nota esencial de la paz imperfecta la adopción de un realismo de bajo perfil, que encuentra en la existencia de la conflictividad social el horizonte pragmático de lo posible, que se revela como tal porque celebra que la conflictividad es administrada de tal forma que se mantiene la existencia coherente de la sociedad. No podemos aceptar esta manera de conceptuar la imperfección de la paz porque considera como nota esencial suya la mera administración de la conflictividad social en función del mantenimiento de una coherencia o cohesión social dada. No se percata que:
Tampoco podemos celebrar como propio de la paz imperfecta la búsqueda de la "existencia coherente de la sociedad", de este tipo de sociedad. La única forma de hacer esto es haber renunciado a la construcción de un tipo de sociedad y un régimen político radicalmente alternativo al presente. La imperfección de la paz que nosotros aceptamos, como un hecho a superar, supone lo siguiente:
En síntesis, hasta aquí hemos intentado una aproximación del fenómeno de la paz por la vía negativa. Es evidente que no puede conceptualizarse la paz como la mera ausencia de conflicto armado. Positivamente la paz tiene que ver con los procesos de humanización integralmente entendidos. El punto es comprender que hay una especie de reduccionismo del concepto de cultura de paz. Sentimos que con este concepto ha habido una semantización que está demasiado relacionada con el reduccionismo referido al concepto de conflicto pensado este como algo que se da primariamente como guerra armada. Pero esta es sólo una de las formas del ejercicio de la fuerza. No es casual que los acuerdos firmados entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional se llamen "Acuerdos de Paz". Entonces, hay un primer reduccionismo que pone la carga semántica del concepto Cultura de Paz en el hecho de la finalización de la guerra armada. Cultura de Paz sería el estado social de ausencia de guerra armada-militar. Hay un segundo reduccionismo que conceptúa la paz como un estado pasivo de ausencia de contradicción, como la vuelta a una especie de existencia inorgánica en donde no hay ruptura ni crisis. Ello implica la unión del concepto Cultura de Paz a la deslegitimación de cualquier dinámica que mueva a la contradicción, a la ruptura, a la crisis. Paz sería, entonces, sinónimo de no-contradicción. Esto nos lanza de lleno al problema filosófico de la pregunta por el fundamento último de la dinamicidad de lo real. Como dice Ellacuría, "quizá la cuestión metafísica que debiera plantearse no es por qué hay dinamismo, sino si el dinamismo viene de la no identidad de cada cosa consigo misma –lo que algunos llamarían contradicción- o si la no identidad viene del carácter esencialmente dinámico de cada realidad. Los que sostengan una cierta prioridad formal de la realidad sobre el dinamismo verán en la no-identidad el principio del dinamismo; los que sostengan lo contrario, verán en el dinamismo el principio de la no-identidad. En la realidad misma de las cosas habría que reconocer una cierta circularidad; el dinamismo rompe la identidad y la no identidad actualiza el dinamismo" (71). He aquí una visión profundamente filosófica del fundamento último de la idea de paz. Los reduccionismos a que hemos hecho alusión tienen la gravedad de que epistemológicamente toman la parte por el todo, y en términos del análisis de las relaciones de poder tienden a ocultar los procesos de dominación y de explotación. La consideración de la Cultura de Paz como mera ausencia de conflicto armado, no es más que una aprehensión ideologizada que pasa por alto el origen mismo de dicho conflicto. Así, para el caso, Celestino del Arenal, investigador de la Cultura de Paz, parte de una idea estereotipada de conflicto, ya que no reconoce, por lo menos expresamente, que toda forma de menos cabo del carácter propiamente humano de la existencia, social o individual, es ya, de suyo, conflicto. Del Arenal considera que "el subdesarrollo (...) el hambre y la miseria humana, la opresión y el problema ecológico (...) son causa, o pueden serlo, de conflicto y de guerra"(72). Nosotros no podríamos aceptar una línea argumentativa que propusiera que la opresión no es una forma de conflicto en acto, pero que puede llegar a serlo. Este modo de ver las cosas oculta la esencia conflictiva de la opresión, para llevar nuestra atención hacia otras formas del ejercicio de la violencia (esencia del conflicto) las cuales serían como el paradigma del conflicto: la guerra. El planteamiento de que la pobreza es una "amenaza" porque puede generar conflicto es un ocultamiento ideologizado de carácter inmanentemente conflictivo de la pobreza misma como acto. Más bien coincidimos con Marek Thee, teórico de la Cultura de Paz, en que "la investigación para la paz se hará conciente del hecho de que la vida humana es destruida en mucho mayor escala por la pobreza, el hambre, la enfermedad y las privaciones socioeconómicas, que por el uso de las armas"(73). Hay que considerar que el término guerra se extiende, se globaliza, a todos los ámbitos de la vida, fundamentalmente a lo económico y a lo político. Por otra parte, los reduccionismos señalados, al tomar la parte por el todo y reducir la paz a la ausencia de guerra militar caen en una especie de positivismo por el cual la sociedad sin guerra militar sería pacífica, por tanto libre de conflictos, y consecuentemente sería una realidad que no cambia, porque, al fin, habría una coincidencia entre el ser y el deber ser. Hay un positivismo que clausura la historia.
Nosotros consideramos que el concepto de Cultura de Paz es una idea regulativa que expresa la condición trascendental del hombre como ser plenamente humanizado siendo y existiendo en armonía con todo y con todos, que es feliz precisamente por ello. Encontramos que nuestra propuesta recoge, en un alto nivel de formalización, la exposición que hace Celestino del Arenal cuando determina los elementos esenciales de la corriente maximalista en la conceptualización de la paz. "Finalmente –dice-, está la corriente maximalista o crítica, para la que la paz es la ausencia de todo tipo de violencia (...) Esta noción de paz exige que la sociedad sea restaurada con el fin de conciliar los intereses a todos los niveles, sobre el plano interno y el internacional(...) Esta concepción es la que hoy se denomina investigación para la paz, que como hemos señalado no se concibe aislada de la educación para la paz" -nosotros subrayamos-(74). No hay que perder de vista, entonces, que la idea que proponemos tiene la función epistemológica propia de las categorías, que consiste en ser ideas regulativas que intentan poner en la luz la identidad propia de un fenómeno. No se trata entonces de un concepto ni descriptivo ni operacional. Se trata de una categoría que pretende tocar los elementos de necesidad y suficiencia para orientar la praxis constructora de paz. Proponemos, pues, una idea regulativa que nos instala en la dimensión de la utopía. Con Ignacio Ellacuría convenimos en que "la utopía tiene un cierto carácter de ideal irrealizable de una vez por todas, pero al mismo tiempo tiene el carácter de algo realizable asintóticamente en un proceso permanente de aproximaciones y, por lo tanto, implica mediaciones teóricas y prácticas, que se toman más de la mediación categorial de la historia"(75). Hay una ruptura dialéctica con la visión positivista y conservadora de la realidad social, porque el concepto de paz así entendido suscita y orienta la praxis en dirección de la plenificación del hombre; por ello, mueve la realidad social más allá de lo dado (lo positivo) hacia lo posible (campo de la racionalidad científica) en función de lo deseable (campo de la racionalidad utópica). La práctica realmente educativa es un hecho cultural eminente. Sin embargo la acción presuntamente educacional que se desarrolla en el contexto del neoliberalismo capitalista es, en el fondo, un hecho de anti-cultura igualmente eminente. Hay, por lo demás, una correlación necesaria entre hecho educativo y cultura de paz en términos de que en ambos tipos precisos de acción social se persigue la humanización del hombre. Habrá que precisar que la praxis, como real acción cultural pacificadora, no es posible bajo la lógica capitalista neoliberal. La única forma de poder desarrollar una acción societal que sea verdaderamente educativa y realmente pacificadora es aquella que se da como resistencia de la vida alienada que hoy padecemos y que se direcciona hacia la construcción de un tipo de sociedad en donde el hombre pueda trabajar para vivir y ser feliz siendo y existiendo en armonía con lo otro y los otros. Demás está decir que, por ahora en lo concreto, ello significa desarrollar una acción eficaz científico-ética, desde una posición de dignidad fundamental y de esperanza, de resistencia organizada y combativa contra el capital que deshumaniza y a favor de la construcción de un tipo de sociedad y de un régimen político justo, plenamente democrático, y realmente pacífico.
Consecuente con la lectura neoliberal del Estado salvadoreño se ha venido implementando un reduccionismo privatizador de lo que realmente debería ser la tarea modernizadora de la organización social del poder. En nuestro país, modernización del Estado ha venido a ser, en la práctica, privatización de los activos públicos. Así, Alfredo Mena Lagos todavía como Comisionado Presidencial Para la Modernización del Estado en 1986 defendía los procesos de privatización aseverando que "Creemos que las diferentes privatizaciones no sólo van a traer inversión extranjera, sino que van a dar una gran oportunidad de inversión al sector privado salvadoreño, además de la dinamización estructural de la economía nacional"(76). Se ha adoptado esa especie de sentido común internacional por el cual se asume, sin mayor análisis, que todo Estado, por serlo, es necesariamente ineficiente y corrupto; y que, precisamente por ello, entorpece el logro de mayores tasas de crecimiento, como condición fundamental del desarrollo sostenible. Se inició con la privatización del Instituto Regulador de Abastecimiento(IRA), y luego de ello ha ocurrido multiplicidad de ventas de empresas estatales o para estatales, que no siempre han ido a parar al mejor postor de la iniciativa privada. Hay casos documentados, muchos de ellos por investigaciones periodísticas, según los cuales las ventas de los bienes del pueblo administrados por el Estado salvadoreño han estado plagadas de una serie de anomalías de distinta naturaleza(77). Por ejemplo, en el caso de la privatización de la generadora hidroeléctrica de la Comisión Ejecutiva del Río Lempa (CEL), una investigación desarrollada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos plantea que "Este proceso de privatización planteó interrogantes aún no resueltas. Fue llevado a cabo por CEL y no por la Comisión Presidencial para la Modernización del Estado. No se consideraron públicamente las condiciones en que el Estado recibió los bienes de las antiguas distribuidoras cuando fueron nacionalizadas ni cuánto dinero recibieron de pago sus antiguos dueños"(78). En esa misma investigación se hace notar que "Según un artículo del Diario El Mundo, hubo rumores de que la CEL ‘... recibió bodegas vacías, cuentas bancarias a cero, redes eléctricas obsoletas, etc’. Incluso señala ese rotativo que el proceso se continúa llevando a cabo en secreto y que los funcionarios de la CEL no proporcionan información alguna a los medios de prensa. La venta de acciones a los trabajadores se realizó sin que se conocieran los resultados del valúo de las empresas"(79). La égida privatizadora, como decimos, ha respondido a la ideologización neoliberal que propugna una visión maniquea según la cual la iniciativa privada es la depositaria de todas las virtudes necesaria para la eficiencia productiva, en tanto que el así llamado gran elefante blanco del Estado está condenado a la ineficiencia y al atraso. Esta es una lectura ideologizada que quiere pasar por ser perfectamente científica, como puesta al margen de cualquier sesgo valorativo y más allá de cualquier consideración axiológica. El antiestatismo metafísico neoliberal no es mas que una visión ideologizada más, se trata de un perfecto sofisma, una mentira con apariencia de verdad. El impacto más inmediato y visible de esta frenética carrera privatizadora ha sido el desempleo masivo. Esto es sobre manera delicado cuando se considera que también una de las medidas del proyecto neoliberal de modernización del Estado ha sido la desatención de la actividad estrictamente productiva en función del apuntalamiento de las actividades especulativo-financieras. Es famoso el discurso de toma de posesión del presidente Armando Calderón Sol en el cual planteó abiertamente la necesidad de convertir el país en una inmensa zona maquilera. Como decimos, la desatención del aparato productivo, especialmente el agropecuario, ha sido acompañada por el desarrollo hipertrofiado del capital financiero y especulativo. A los distintos gobiernos del partido Alianza Republicana Nacionalista no les ha preocupado la formación de mercado interno por la vía de la elevación de las tasas de empleo pues en el fondo le han apostado sus mejores esperanzas a las fuertes inyecciones en dólares provenientes de las remesas familiares. Tenemos altos índices de desempleo, no solamente por la vía de los despidos tras las privatizaciones, sino, fundamentalmente por la paralización del aparato productivo(80). A este respecto, Marek Thee, intelectual investigadora de la cultura de paz, señala que "La investigación para la paz se hará consiente del hecho de que la vida humana es destruida en mucha mayor escala por la pobreza, el hambre, la enfermedad y las privaciones socioeconómicas, que por el uso de las armas"(81). Lo que hay que destacar aquí es que por una parte, la cultura de paz no tiene que ver sólo con una noción negativa de paz entendida meramente como ausencia de guerra, ni siquiera como ausencia de conflicto, sino también y fundamentalmente con todo aquello y aquellos que hacen posible la plenitud de la vida. De lo cual se sigue que una modernización del Estado que implica, directa o indirectamente, consiente o de manera planificada, un aumento de las contradicciones sociales, una mayor vulnerabilidad social de los empobrecidos, no solamente por la vía del desempleo, sino también por la desatención de la demanda de servicios sociales de todo tipo, no hace otra cosa que entorpecer o dificultar las condiciones reales para el desarrollo de una real cultura de paz. Sea de ello lo que fuere, el reduccionismo privatizador de la versión salvadoreña de la modernización neoliberal del Estado también ha dejado de lado otro elemento fundamental: el campo de la ciudadanización. Nos referimos a la necesaria participación organizada y consiente de la población como pueblo en la gestión y en la fragua de la vida nacional, de tal forma que pueda haber, por fin, un real proyecto de nación. No puede haber modernización del Estado si por tal se entiende sólo la adopción de medidas de recorte o reacomodo de la institucionalidad gubernativa dejando de lado el hecho de que el Estado se debe constituir a partir involucramiento activo del pueblo en la gestión, la conducción, y el hacer social que toca los goznes estructurales de la vida como nación. No puede haber nación moderna si no hay unidad de pueblo en torno a un proyecto asumido como nación. En este sentido Rafael Ernesto Góchez nos recuerda que "La sociedad salvadoreña debe estar consiente de lo expresado por la Declaración de Filadelfia, anexa a la constitución de la OIT: `la pobreza, en cualquier lugar, constituye un peligro para la prosperidad de todos, así como lo expuesto en el principio 10 de la Declaración de Río: `el mejor modo de tratar las cuestiones ambientales es con la participación de todos los ciudadanos interesados, en el nivel que corresponda"(82). La modernización del Estado no puede reducirse a ejercicios de "reingeniería" institucional. Es algo mas profundo que toca directamente los aspectos de participación efectiva de la población. De ahí que una de las vertientes constitutivas de la modernización del Estado salvadoreño sea la que tiene que ver con propiciar las estructuras para la participación real de los salvadoreños en tanto que verdaderos ciudadanos, no solamente como objetos-públicos espectadores de la operatividad de las medidas inventados por un puñado de "expertos" y "entendidos" en el tema de la modernización. Ya que la cultura de paz no puede quedar reducida a la mera ausencia de guerra y conflicto bélico, sino que es algo más amplio y que toca las posibilidades reales del progreso realmente humanizador para todos y en todos los sentidos y aspectos posibles, bien puede decirse que el modelo neoliberal de la modernización del Estado salvadoreño atenta contra el desarrollo de una real cultura de paz entre nosotros. De la misma forma el carácter neoliberal de la modernización del estado salvadoreño ha querido entender por participación ciudadana unos ejercicios institucionales tendientes a la descentralización del aparato burocrático. Pero en la práctica lo único que ha habido es una mera desconcentración de los mecanismos burocráticos del ejercicio de las decisiones institucionales. Afirmamos que no ha habido descentralización porque esta supone la participación efectiva y real de la ciudadanía en la toma de decisiones. Hemos asistido a la multiplicación en micro de algunas pocas estructuras institucionales sin que ello haya trascendido a una real delegación de poder en manos de las comunidades. En este punto, nosotros tenemos la fuerte sospecha de que si no se crean las condiciones necesarias y suficientes para que los hombres y mujeres se conviertan de objetos en sujetos de un proyecto planificado de convivencia nacional compartido se estará lejos de contribuir a la construcción de una real Cultura de Paz. Finalmente quisiéramos decir que el vertebramiento de un proyecto común de nación no parte de manera primaria del campo de la vida política. Es mas bien algo que tiene que ver con la constitución de un modelo económico que fomente la participación equitativa de todos los sectores de la vida nacional. Pero ¿cómo puede haber modernización del Estado si la economía que es, en última instancia, el fundamento de la vida societal se la deja abandonada al capricho de unas leyes del mercado que son, de suyo insolidarias?. La vertiente neoliberal de la modernización del Estado salvadoreño ha querido dejar en manos del mercado la suerte del fundamento económico de un proyecto de nación que pierde su carácter de proyecto desde el momento que se lo deja al azar de la voracidad de la lógica acumuladora del capital. No hay modernización posible sin una adecuada planificación, no sólo de la vida política o cultural, sino fundamentalmente de la economía con una visión verdaderamente patriótica. Nadie, fuera de loco o con malicia manifiesta, puede pretender desarrollar un proyecto de democratización política de la sociedad si deja de lado la democratización económica. El Papa Juan Pablo II ha dicho en un mensaje con ocasión de la Jornada Mundial por la Paz en 1998 que "El Estado, al servicio de los ciudadanos, es el gestor de los bienes del pueblo, que debe administrar en vista del bien común"(83). Ciertamente el concepto de cultura de paz es una idea regulativa que expresa la condición trascendental del hombre como ser plenamente humanizado siendo y existiendo en armonía con todo y con todos y que con ello encuentra su virtud y, por tanto, la felicidad. Pero esto no se puede lograr si no es abandonando la raíz neoliberal de la modernización del Estado salvadoreño. Es preciso modernizar el Estado, y en esta tarea mucho bien nos haría recuperar los ideales emancipatorios de la condición moderna, por una parte, y por la otra volver al espíritu plasmado en el proyecto de nación que se encuentra en los Acuerdos de Paz.
VI. LA MODERNIZACION NEOLIBERAL DEL SISTEMA DE SALUD EN EL SALVADOR.
Seguimos siendo un país dependiente y subdesarrollado. De una población que se calcula en casi 6 millones de habitantes para el presente año, el 58% reside en las ciudades, y el 42% en el campo. El 52.5% son mujeres; el 46% de la población es menor de 19 años de edad, 1 de cada 4 mujeres se encuentra en capacidad biológica para procrear. Según datos del Ministerio de Economía, la tasa anual de crecimiento para el último quinquenio, alcanzaba el 5.0%, sin embargo, debido a la contracción generalizada de la actividad económica, esta se redujo, ya para l998 hasta el 2.5%. Según datos oficiales, sólo el 48.3% de la población se habría de encontrar en una situación de pobreza y marginalidad; pero hay análisis no oficiales que consideran que la línea de la pobreza alcanza a los 2/3 de la población. En el campo, el 71% de los hogares tienen ingresos mensuales inferiores a 2 mil colones, que no alcanzan para cubrir la canasta básica calculada por el Ministerio de Economía en 1,947 colones. Para 1997, el 20.1% de la población no sabía leer ni escribir, en el área rural el analfabetismo alcanzó tasas del 31.8%, y en la ciudad del 11.3%. En el caso de las mujeres el analfabetismo alcanza niveles del 22.8%, en tanto que los hombres cubren el 17%. La escolaridad promedio fue de 4.9 grados, en lo urbano fue de 6.6 grados en tanto que el nivel de escolaridad en el campo fue de 2.9 grados(84). Un acucioso análisis del Colegio Médico de El Salvador, publicado en Julio de l999, consideraba que "El analfabetismo, con bajos niveles de escolaridad y el retraso escolar prevalentes en la población son un límite real a mayores conocimientos en salud a través de la educación formal, lo que incide en que esta población tenga una reducida cultura preventiva frente a las enfermedades y problemas de salud"(85). 2.5 millones de salvadoreños no tienen vivienda digna; el 36.57% de los hogares tenían en 1997 ingresos inferiores a 1,500 colones, motivo por el cual no son sujetos de crédito para adquirir vivienda(86). El 79.5% de los hogares gozan de los servicios de energía eléctrica. En el campo, el 37.6% se alumbra con kerosén. Somos un país en el cual sólo el 52.9% de las viviendas tienen servicio de agua de cañería. En el área urbana el 71% de viviendas tienen instaladas cañerías, en el campo sólo el 26.5%. En la ciudad sólo el 55.3% de las viviendas tienen inodoro conectado a alcantarilla; 29.1% cuentan con servicio de letrina, y el 2.6% no lo tienen. En el campo el 65.4% de la población cuenta con letrina, en tanto que el 20.5% no cuenta con este servicio. Un estudio de FUSADES revela que el 90% del agua superficial está contaminada por desechos orgánicos, agroquímicos y desechos industriales, y en el río Lempa se detectan altos niveles de mercurio(87). La Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrollo Técnico considera que el aire del área metropolitana de San Salvador está altamente contaminado por gases tóxicos elevando los niveles de morbi-mortalidad ocasionada por infecciones respiratorias(88). Para 1998 se considera que 1.3 millones de salvadoreños habrían de residir en Estados Unidos. Ya sabemos que la causa principal de este movimiento migratorio es la vigencia de un sistema económico-social excluyente y marginador. Según el Colegio Médico de El Salvador "En los últimos 20 años la mortalidad general observa un ligero descenso de 7-8 por mil habitantes en 1977 a 6.08 por mil en l997. Esta tendencia es estable debido a la disminución de la mortalidad infantil y al aumento de la esperanza de vida de 57.4 años en 1975 a 61.9 años para los hombres y 67.4 años para las mujeres en l997"(89). La misma fuente refiere que "En 1998 las infecciones respiratorias agudas fueron la primera causa de consulta a cualquier edad (entre 13.5% en el grupo de 45-59 años a 41.37% entre los menores de un año) y junto con las otras enfermedades más frecuentes (diarreas, parasitismo, desnutrición, problemas de la piel, etc.) están estrechamente vinculadas con el medio ambiente físico y social"(90). De acuerdo con la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud, en 1998, en los hospitales públicos nacieron diariamente 210 niños(as), 1 de cada 4 partos fue por cesárea; cada semana una mujer murió por complicaciones de su embarazo / parto, a pesar de que estos padecimientos son prevenibles y tratables(91). La Encuesta Nacional de Salud Familiar, implementada por el Ministerio de Salud para 1998 reportó que "En el último quinquenio 58% de los partos fueron intra hospitalarios; las parteras atendieron 32.4% y casi 10% no recibieron atención por personal capacitado. El 38.3% de las mujeres en edad fértil usan algún método de planificación, siendo la esterilización el método más utilizado (21.9%), seguido por las inyecciones. El Salvador es el país centroamericano con mayor prevalencia de esterilización femenina (32.5% de las mujeres casadas o acompañadas). 1 de cada 4 niños(as) menores de 5 años sufre retardo del crecimiento o desnutrición crónica, variando según departamento de residencia"(92). Y de acuerdo a la Unidad de Información, Monitoreo y Evaluación del Ministerio de Salud, los niveles de desnutrición no han mejorado en el último quinquenio(93).
El artículo 65 de nuestra Constitución Política preceptúa que "La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento. El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación". Además, el artículo 50 puntualiza que "La seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio". Sin embargo,el Sindicato de Médicos Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) ha denunciado que "Es bien llamativo el señalamiento claro a las ‘ineficiencias del sector público’ como el argumento esencial para no prestar servicios de salud eficiente en América Latina; en El Salvador existe una larga historia de ineficiencia en la prestación de servicios públicos de salud, tanto en el Ministerio de Salud Pública como en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (...) ¿No será que nuestras autoridades, concientemente están buscando hacer más aguda la ineficiencia de nuestros servicios públicos de salud?"(94). En esta línea, una investigación periodística de El Diario de Hoy revela que "Los nuevos y modernos hospitales Amatepec y Roma, propiedad del Instituto Salvadoreño del Seguro Social serán transferidos a manos privadas para que los administren, con el propósito de volverlos más eficientes"(95). Igualmente, es del dominio público que en los hospitales del sistema nacional de salud se cobra una cuota tasada al arbitrio del Ministerio por la prestación de los servicios. Para posibilitar la profundización de estos elementos veamos cómo está organizado el sector salud. El sector se divide en tres subsectores:
Entre estos sectores no existe mayor coordinación o cooperación, lo cual obliga a la duplicidad de esfuerzos a la dispersión, despilfarro, subutilización de insumos, limitada capacidad de intervención y baja calidad de la atención(96). El Colegio Médico de El Salvador observa que tanto el Ministerio de Salud Pública como el Seguro Social tienen el mismo esquema organizacional, el cual califican de burocrático, mecanicista, formalista, y centralista(97). "En ambas instituciones –dice el informe del Colegio Médico- se favorece la toma de decisiones en forma centralista y verticalista, lo cual elimina la posibilidad de participación técnica y social, inhibiendo los cambios graduales necesarios para actualizar los sistemas de cara a los problemas sanitarios de mediano y largo plazo. Otro problema es la partidarización política de la salud, ya que al aplicarse como criterio general, corrompe la organización del sistema"(98). El modelo de atención no enfatiza la prevención, privilegiando la dimensión curativa y medicalizada. El Ministerio de Salud tiene menor capacidad de resolución que el Seguro Social. En su informe de Diciembre de l998, la Organización Panamericana para la Salud (OPS) y la Organización Mundial para La Salud (OMS), al referirse al perfil de nuestro sistema de salud señala que: "Al Ministerio de Salud se le atribuye la responsabilidad por la salud del 80% de la población, sin embargo estima que alcanza a cubrir el 40% en atención ambulatoria y 76% en hospitalización; el ISSS atiende 17% de la población, mientras que otro 5% de la población alcanzaría cobertura a través de Bienestar Magisterial, Sanidad Militar, CEL, ANDA, etc., en tanto que el sector privado por su cuenta atiende el 9% de hospitalizaciones y 45% de atención en consulta externa; se considera que las iglesias, otras instituciones y ONG’s dan cobertura parcial hasta 7% de la población"(99). Para cada 10 mil habitantes hay 5.6 médicos, 0.8 odontólogos, 3.6 enfermeras, 6.46 auxiliares de enfermería, 2.99 promotores, y 6.4 parteras. Según estándares de la Organización para la Salud lo óptimo debería ser 8 médicos por cada 10 mil habitantes. El ISSS cuenta con 26.11 médicos, 3 odontólogos, 38.6 técnicos y paramédicos por cada 10 mil usuarios. El Ministerio de Salud dispone de 7.9 camas por cada 10 mil habitantes el Seguro Social, con una población 5 veces menor, triplica su disposición de camas (19 camas por 10 mil habitantes). El Colegio Médico de El Salvador observa que "Hasta la fecha no existe un formulario nacional de medicamentos que cubra a todas las instituciones del sector público (...) Hasta 1997, en que se actualizó por última vez el formulario nacional, el Ministerio de Salud contaba con un listado de 716 medicamentos, de los que 538 están en un cuadro básico, y 178 en un listado especial (...) Se estima que el80% de las adquisiciones rutinarias de productos farmacéuticos del Ministerio de Salud, y el 60% del ISSS fueron efectuados mediante licitaciones, las cuales han sido duramente criticadas por la falta de transparencia y por la adquisición de cantidades excesivas de fármacos"(100). El gasto gubernamental en el área de la salud ha disminuido en los últimos 20 años. En 1977 se invertía el 1.92% del PIB, mientras que en 1988 sólo se invirtió el 1.24% del PIB. 3.El Carácter Neoliberal de la Modernización del Sistema de Salud. La modernización del Sistema de Salud se da en el contexto de los mecanismos de ajuste estructural demandados por los Organismos Financieros Internacionales, movidos por el paradigma neoliberal de la post-modernidad. Así, el Plan de Desarrollo Económico y Social, del Ministerio de Economía (MIPLAN), 1989-1994, proponía como línea estratégica de trabajo "Establecer un sistema de economía social de mercado, ya que esta ofrece las mejores expectativas para alcanzar (...) un crecimiento robusto y sostenido en el tiempo y elevar las condiciones de vida de la población, con énfasis en los grupos desposeídos"(101). En este sentido, la Administración del ex-presidente Alfredo Felix Cristiani propone "la privatización de aquéllas actividades que competen al sector privado y que están en manos del Estado (para) mejorar, por un lado, la precaria situación fiscal y eliminar su acción interventora, y por otro, para sentar los criterios jurídicos de propiedad privada que actúan como elementos básicos para el desarrollo económico y social"(102). La modernización institucional, la descentralización y la participación ciudadana son otros elementos de la modernización neoliberal que propuso en su momento Alfredo Cristiani. El Ministerio de Salud propone el Plan Nacional de Salud de la población salvadoreña "mediante la modernización del sector y el desarrollo de programas institucionales tendientes a la atención integral de la salud de las personas, y la disminución de los riesgos y daños al medio ambiente"(103). Esta política modernizadora implicaba los siguientes componentes:
a). La elaboración de una propuesta de reorganización institucional. b). La definición de un modelo alternativo de atención en salud. El ISSS, en su Plan Estratégico Quinquenal, 1995-1999, planteaba la siguiente política general: "Extender eficientemente el régimen de Seguro Social a través de la modernización institucional, a fin de que la fuerza laboral cotizante y sus beneficiarios cuenten con una atención integral de salud, pensiones y servicios sociales". El Colegio Médico de El salvador considera que "La Reforma del Sector Salud inicia con el proceso de modernización del Ministerio de Salud 94-99, con un esfuerzo descoordinado de otros actores importantes como el ISSS, trabajadores de salud, y otros prestadores de servicios de salud públicos y privados, situación que genera dispersión y polarización en el sector y en la sociedad en su conjunto"(104).
La amplia y profunda lucha gremial y cívica alrededor de la no-privatización de la salud es prueba fehaciente de la objetividad del análisis del Colegio Médico; lucha que, luego de más de 6 meses de iniciada, todavía no termina. Además se considera que la departamentalización realizada por el Ministerio de Salud no descentralizó el financiamiento y carece de sustentación legal (105). El Ministerio de Salud en su proceso de privatización selectiva ha contratado empresas privadas de servicios de apoyo, en procesos poco transparentes, y muy cuestionados(106). La orientación de la modernización es eficientista, dirigida a bajar costos, transfiriendo su responsabilidad constitucional a la población y al sector privado lucrativo y no lucrativo. Este análisis sucinto de la salud pública nos arroja como resultado global lo siguiente:
Todo lo anterior atenta contra los principios fundamentales de un Estado de Derecho que se fundamenta en la búsqueda del bien común y la centralidad de la persona humana como lo preceptúan los primeros 4 artículos de la Constitución Política. La dimensión neoliberal de la modernización desnaturaliza el carácter de bien público de la salud y en consecuencia obliga a las instituciones del Estado a adoptar una lógica mercantilista. Todo esto constituye una permanente violación institucional de los Derechos del Pueblo, y además es una agresión sistemática que ejerce violencia en contra de los ciudadanos. Por todo ello consideramos que la modernización neoliberal de los servicios de salud constituyen una negación permanente de la Cultura de Paz, entendida esta como aquél conjunto de prácticas y objetivaciones que posibilitan la plenificación del hombre que fundamenta su felicidad en la existencia armoniosa con todos, con todo, y consigo mismo. 4. Neoliberalismo Modernizante en el Sistema Nacional de Salud, y Conflicto Social. Con el propósito de alcanzar un nivel mayor de concretización en el análisis de la problemática que estudiamos, ofrecemos a continuación una relación detallada del conflicto en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) que desencadenó el intento gubernamental por empujar la modernización del Sistema de Salud desde una cosmovisión típicamente neoliberal. Aunque por el momento sólo buscamos presentar los sucesos para analizarlos en otro apartado, puede visualizarse desde ya, en la sola relación sistemática de los mismos, que lo que ha generado conflicto no es tanto la modernización del Sistema de Salud como tal sino más bien su enfoque neoliberal. En todo caso, esto lo puntualizaremos más adelante. Las fuentes tomadas para esta aproximación meramente fenomenológica son El Diario de Hoy (DH), la Prensa Gráfica (PG), y el Diario Co-Latino (DCL). 4.1. Elementos de la Proto-Historia del Conflicto. 2/9/99. Continúa la problemática de abastecimiento de gas propano a la población. La empresa TROPIGAS se opone a cualquier medida regulatoria del mercado por parte del gobierno por ser contraria a la libre empresa y las leyes del mercado. La Asamblea Legislativa y el Ministerio de Economía proponen la vigencia del sistema de válvula única como alternativa de solución(108). 7/9/99. Una encuesta realizada por la Prensa Gráfica-Unimer revela que según la población los rubros de la vida nacional en los que se debe invertir más son Salud y Educación. El 47.8% de los encuestados considera que a ambos rubros se les debe dar más financiamiento. Se otorga una calificación global de 5.3 a la gestión de Francisco Flores(109). El Sindicato de Trabajadores del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (STISSS) promueve un paro de labores en el marco de la revisión de su contrato colectivo de trabajo. Exigen: a) La aplicación de la tabla de incrementos de salarios aprobada el 8/1/98 durante la gestión de la Dra. María Julia Castillo que fungió como Directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS). b) La Modernización del Sistema Nacional de Salud, pero con participación de los trabajadores. Por su parte, los titulares del Seguro Social no argumentan ilegalidad de la demanda, sino sólo su inviabilidad financiera(110). La Asociación de Trabajadores del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (ANTMSPAS) desarrolló una suspensión parcial de labores en demanda de: a) un incremento salarial retroactivo, de enero a mayo/99, b) la incorporación del sector laboral en el Consejo de Reforma de la Salud, ente encargado de la modernización del sector, c) que los servicios de salud no sean privatizados. Fijan como plazo hasta el 13/9/99 para que Francisco Flores, Presidente de la República, solucione sus demandas(111). 8/9/99. Inicia suspensión de labores a nivel del magisterio nacional exigiendo el respeto de lo normado en la Ley de Escalafón de la Carrera Docente, el cual prevé una revisión de la actual tabla salarial (112). El Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas (MOLI) impulsa una huelga en demanda de incremento salarial y mayores espacios para resolver los conflictos por la vía del diálogo(113). 23/9/99. La Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) trasladará la operación del agua potable a las industrias del Plan de la Laguna, para que administren su propio suministro, durante cinco años. Es el primer contrato de gestión con empresarios, dentro de los planes piloto de descentralización del servicio(114).
15/11/99. Inicia paro de labores indefinido en el Seguro Social. Exigen: a) respeto al contrato colectivo, b) realización de aumento salarial ya pactado con la anterior administración del ISSS, c)la no privatización de los hospitales Roma y Amatepec (115). 26/11/99. Francisco Flores, Presidente de la República, veta el decreto legislativo mediante el cual se facultaba a la Corte Suprema de Justicia redistribuir el presupuesto para realizar un reajuste salarial a los trabajadores (116). La Asociación de Magistrados y Jueces de El Salvador (AMJUES) advierte que el veto del presidente Flores a los aumentos salariales en el órgano judicial es inconstitucional(117). Ocho institutos políticos (partidos) se reunieron para hacer la petición al mandatario de que busque dialogar con los sindicatos que mantienen huelgas, para apresurar una solución a los problemas(118). 29/11/99. Los titulares del Seguro Social despiden a 226 trabajadores, luego de que el juzgado 3º de lo laboral declarara ilegal la huelga de los trabajadores, basándose en el Art. 554 del Código de Trabajo(119). Los médicos de la red de hospitales públicos amenazaron con unirse al paro de labores del STISSS y SIMETRISSS si el gobierno no resuelve el problema en 48 horas. Francisco Flores, anunció que los hospitales de Amatepec y Roma serán abiertos pero bajo una nueva modalidad administrativa, pero descartó que se fueran a privatizar(120). 30/11/99. Las unidades periféricas del Seguro Social ubicadas en Ilopango, Atlacatl, y San Jacinto paralizaron todos los servicios médicos. Los pacientes son remitidos a las unidades de salud más cercanas y al hospital Médico Quirúrgico(121). 1/12/99. Ana Vilma de Escobar, directora del Seguro Social, justificó los despidos afirmando que: a)de acuerdo con la ley, la huelga era ilegal, b) que la Constitución ordena que prevalezca el interés público sobre el privado, por lo que la Carta Magna está por encima de cualquier ley secundaria (el Contrato Colectivo con el STISSS), "Hemos dado un mensaje claro, hemos buscado volver al orden", díjo(122). Oscar Aguilar, Secretario General del STISSS, afirmó que: a) el despido masivo de trabajadores violenta lo estipulado en el Contrato Colectivo, b) que incluso se ha despedido a trabajadores que gozaban de vacaciones o de incapacidad médica, lo cual indica lo indiscriminado e irracional de la medida (123). Carlos Quintanilla Smith, Vice-Presidente de la República, afirma que "Los huelguistas están violentando el Estado de Derecho al irrespetar las leyes. El Ejecutivo –díjo- ha tomado la decisión de pedir a los tribunales de justicia que se declare la ilegalidad de las huelgas"(124). Gloria Fiallio, una paciente de 56 años, sacó varias recetas para demostrar la carencia de medicamentos que existe en el ISSS, "me dicen que no hay desde el 4 de noviembre, y no me las dan –dijo-"(125). Kirio Waldo Salgado, Diputado por el Partido Liberal Democrático (PLD), dijo "Creo que esto viene a exacerbar cualquier propósito de negociación, y esto me confirma la tesis de que el Presidente Flores está calentando los ánimos y llevándonos a un período de inestabilidad real"(126). Ricardo Vega, Diputado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC) se expresó de la siguiente manera: "Tememos que este tipo de decisiones –refiriéndose a los despidos masivos- vayan en detrimento de la democracia y fomenten paulatinamente una anarquía difícil de superar" (127). Un contingente policial agrede a un grupo de trabajadores judiciales que impulsaban una suspensión de labores en el Centro Judicial "Isidro Menéndes". El Colegio Médico de El Salvador hizo un llamado al Presidente de la República para conformar una Comisión de Alto Nivel para que se discuta la problemática laboral e institucional de salud (128). Se suman a la suspensión de labores las unidades médicas de Santa Tecla, Santa Anita, y Zacamil (129). El Instituto de Medicina Legal, Tribunales de Sentencia de San Salvador y Juzgados del interior del país se suman al paro de labores convocado por el Sindicato de los Empleados Judiciales (130). Trabajadores del Seguro Social demandan legalmente a las autoridades del ISSS por violación al Contrato Colectivo y por la retención ilegal de salarios(131). 2/12/99. El Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas (MOLI) anunció que este día realizará concentraciones en diferentes instituciones estatales y el Hospital "Benjamin Bloom", en apoyo a los sindicalistas del Seguro Social. Demandan del gobierno que se establezcan canales de diálogo para resolver el conflicto del Sistema Nacional de Salud(132). Médicos y trabajadores amenazan con entregar algunos hospitales. Solicitan que el gobierno conforme una Comisión de Alto Nivel para dialogar. Francisco Flores, Presidente de la República, reiteró que sólo dialogará con los médicos y trabajadores cuando suspendan el paro, y que el diálogo sólo se dará a través de la Directora del Seguro Social y el Ministro de Trabajo(133). La Asociación de Médicos del Hospital Rosales instó al Ministro de Salud, José López Beltrán, que interceda ante el gobierno para que sean reincorporados a sus puestos de trabajo los despedidos del ISSS(134). El paro del STISSS y SIMETRISSS es apoyado por miembros de trabajadores de salud de Centroamérica y México quienes se hicieron presente a la Unidad 1º de Mayo. Carlos Vásquez, Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala (SNTSG) afirmó que "En Centroamérica está avanzando la reforma del sector salud y sus resultados son nefastos, producto de que no existe un consenso entre trabajadores y gobierno"(135). El Sindicato de Médicos del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (SIMETRISSS) promueve un recurso de amparo en la Corte Suprema de Justicia en contra de Jorge Nieto, Ministro de Trabajo, y de Ana Vilma de Escobar, Directora del Seguro Social, por incumplimiento de los artículos 65, 66, 135, 144, y 168 de la Constitución Política de la República(136). Los vetos del Presidente de la República (137):
Médicos del Hospital Médico- Quirúrgico suspenden transplante de riñón(138). 3/12/99. Según Jorge Nieto, Ministro de Trabajo y Presidente del Consejo Directivo del ISSS, no hay incumplimiento al Contrato Colectivo con los sindicalitas, porque la revisión salarial que manda la Cláusula 79 de dicho Contrato debe contar con el aval técnico del Ministerio de Hacienda, y la opinión de este es que dicho aumento es inviable (139). Trabajadores del Hospital "Benjamin Bloom" amenazaron con sumarse al paro de labores si Francisco Flores no crea la Comisión de Alto Nivel que exigen los sindicalistas (140). Los docentes de la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños (ANDES 21 de JUNIO) amenazaron con iniciar el año escolar 2000 con un paro de labores si el gobierno no dialoga con los trabajadores (141). 4/12/99/ Gobierno implementa la apertura de una "bolsa de trabajo" para que los desempleados puedan ofertar sus servicios. El Ministro de Trabajo hace un llamado a todos los médicos, enfermeras, y técnicos para que se presenten en el Ministerio y llenen las más de 200 plazas disponibles en el ISSS (142). 6/12/99. Trabajadores de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) iniciaron un paro de labores en demanda de mejoras salariales y en contra de la privatización de los activos del Estado (143). 7/12/99. Médicos, trabajadores, y autoridades del ISSS sostuvieron una reunión para discutir los primeros puntos de una agenda para comenzar una negociación. En la reunión se elegiría a los integrantes de una Comisión de Alto Nivel donde estarían representadas todas las partes involucradas en el conflicto (144). La Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Asamblea Legislativa llamó a las partes en conflicto para escuchar sus argumentos (145). 8/12/99. Se han desarrollado 9 paros laborales en el sector salud desde que Francisco Flores asumiera la presidencia de la república(146). Jorge Nieto, Ministro de Trabajo, afirmó que la próxima semana inicia la etapa de arbitraje en el conflicto laboral del Seguro Social(147). El plan alternativo de atención a los derecho habientes del ISSS ya lleva una semana. Pero su efectividad ha sido duramente criticada por los mismos usuarios(148). El Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) pide se decrete inconstitucionalidad para los cobros que se efectúan en los Hospitales Nacionales. El requerimiento de inconstitucionalidad ha sido presentada en contra del artículo 112 del Decreto Ejecutivo numero 55, que contiene el Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Tal Decreto fue emitido el 10 de junio de l996 y publicado en el Diario Oficial número 110, tomo 331, de fecha 14 de junio del mismo año. De igual forma, en contra de los artículos 1, 2, y 3 del Decreto Ejecutivo número 76, que contiene las tarifas generales para los distintos servicios de los establecimientos de salud que fue publicado en el Diario Oficial número 140 del mismo año(149). 14/12/99. Médicos y trabajadores del ISSS realizaron una vigilia frente a casa presidencial para exigir la solución al conflicto por la vía del diálogo y el entendimiento, y en contra de la privatización(150). 16/12/99. A través de una pieza de correspondencia, el FMLN, USC, y el CDU solicitaron la aprobación de un Decreto para reinstalar a los 226 despedidos del ISSS. ARENA y el PCN se oponen(151). Según los titulares del Seguro Social, más de 800 trabajadores habrían perdido su derecho al aguinaldo de fin de año por "faltas al Contrato Colectivo de Trabajo"(152). Un informe especial de la Corte de Cuentas de la república detectó anomalías en la asistencia y la puntualidad de médicos especialistas que laboran en los hospitales Médico-Quirúrgico y de Especialidades del Seguro Social. Según dicho informe, los médicos deben más de cuatro millones de colones al ISSS(153). 7/1/2000. El Seguro Social abre proceso de licitación pública para privatizar los servicios de cirugías, el proceso de licitación cerrará el 21/1/2000. Son más de 1,800 cirugías suspendidas(154). 10/1/2000. Trabajadores de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) paralizaron labores en apoyo al paro de los médicos y trabajadores del ISSS(155). Trabajadores del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y de Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) obstruyeron el tráfico vehicular por espacio de 2 horas a la altura del Boulevard Venezuela, en las inmediaciones de la terminal de Oriente(156). Los hospitales regionales de San Miguel, Santa Ana, de Usulután, y Sonsonate, se sumaron a la suspensión de labores de los trabajadores y médicos del Seguro Social(157). 11/1/2000. En el contexto de la implementación del proceso de arbitraje que al final habrá de producir un laudo con fuerza jurídica para ambas partes, el STISSS, como muestra de buena voluntad para resolver el conflicto, renunció a algunas ventajas establecidas en el Contrato Colectivo. El gobierno ha reaccionado con desconfianza ante esta muestra de flexibilidad por parte de los trabajadores(158). 12/1/2000. La posibilidad de que el conflicto laboral del Seguro Social finalizara fracasó, luego de que las partes no armonizaran sus criterios ante los tres árbitros designados y amparados por el Código de Trabajo(159). 18/1/2000. Desde la semana recién pasada, el hospital militar inició las cirugías a pacientes del ISSS. Según la Directora del Seguro Social la razón por la que se eligió este hospital fue el costo de sus servicios(160). 19/1/2000. La Comisión de Trabajo y la de Medio Ambiente y Salud de la Asamblea Legislativa trataron de intermediar en el conflicto del Seguro Social. Por ello llamaron a todas las partes involucradas, pero el problema continuó igual: 221 trabajadores despedidos, y la posición gubernamental de no ceder(161). La Iglesia Bautista "Emmanuel" se pronunció en contra de la privatización de la salud en El Salvador(162). Se dan a conocer los resultados de la licitación de los servicios de cirugías que ofrecía el ISSS. Para el área de San Salvador se han seleccionado 7 hospitales privados a los cuales se les concecionarán los servicios de cirugías(163). 20/1/2000. Representantes del Consejo de Asociaciones Profesionales de El Salvador (CAPES) demandaron hoy que los 221 despedidos del Seguro Social, a raíz del conflicto de salud, sean reincorporados a sus puestos(164). 25/1/2000. Fuentes del Seguro Social revelaron que la próxima semana comenzará la licitación para ofrecer los servicios de medicamentos(165). STISSS y SIMETRISSS presentan una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa para que este órgano del Estado se pronuncie sobre la licitación en el sentido de que entidades privadas puedan administrar los hospitales Amatepec y Roma. René Portillo Cuadra, representante legal del STISSS, aseguró que el Seguro Social está sobrepasando la facultad de la Asamblea Legislativa para privatizar bienes del Estado. Las autoridades del ISSS aseguran que el artículo 48 de la Ley del Seguro Social los faculta para contratar servicios. Descartan que la institución vaya a deshacerse de los hospitales(166). 28/1/2000. Francisco Flores, Presidente de la República, afirmó hoy que solicitará a los médicos que abran sus clínicas privadas para brindar ahí las consultas(167). El Presidente de la República, Francisco Flores, desechó la propuesta del Arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, de mediar en el conflicto. "Nosotros –díjo- no estamos de acuerdo con eso, porque creemos que es importante que las instituciones funcionen, y que intervenga la Fiscalía, el Ministerio de Trabajo, no apartamos a ninguno de nuestros funcionarios"(168). Para el día de hoy está previsto el desarrollo de un paro de labores en los 30 hospitales de la red nacional de salud. La suspensión de labores continuará el próximo lunes(169). 29/1/2000. El Ministerio de Salud destituye a 8 Directores de hospitales del sector público. El argumento es el de la reestructuración del sector(170). Los titulares con los que El Diario de Hoy recogió la información de la destitución de los Directores de hospitales fueron los siguientes: "Decisión sorpresiva", "faltaron las formas", "coyuntura inapropiada", "malestar en los Centros (de salud)", "Si había poca leña en el fuego del Seguro Social, el Ministerio de Salud inició una etapa de mayor desconcierto en la salud del país"(171). 31/1/2000. Monseñor Fernando Sáenz Lacalle afirmó que la Iglesia mantiene su oferta de mediar en el conflicto de salud(172). La reducción de labores a nivel de los hospitales públicos de todo el país continuó hoy(173). 1/2/2000. Después de tres días de incertidumbre por conocer los nombre de los nuevos directores de 8 de los hospitales más importantes del país, al final, las autoridades de salud se decidieron a revelarlos(174). José López Beltrán, Ministro de Salud, retomando una sugerencia que hiciera el Colegio Médico de El Salvador y la Asociación de Médicos Nacionales, díjo que cada uno de los hospitales(30 en total) integrarán un Comité de Gestión Hospitalaria. Los Comités estarían integrados por un director y sub-director hospitalarios, un representante médico del área de medicina, otro del área administrativa, enfermería y auxiliares; además de representantes del servicio de apoyo médico, integrada por miembros de laboratorio clínico, anestesiología, jefe administrativo, de recursos humanos y del departamento de enfermería(175). El Dr. Max Molina, destituido ex_director del hospital Zacamil, afirmó que la proyectada reforma del sistema de salud "lejos de mejorar, empeorará la situación. Para reformar el sistema, primero hay que hacer un diagnóstico y establecer las estrategias oportunas. Pero ante todo, hay que capacitar a la gente en ésa dirección, y aquí no la ha habido. La relación entre el Ministerio y los Hospitales no fue muy fluida. Apenas una reunión, en casi un año, entre el Ministro Beltrán y varios Directores de los Hospitales más importantes es un pobre bagaje para la salud del país y, quizá, un preludio de lo contrario. Nunca tuvimos una reunión en grupo con el Ministro. Ni siquiera la del adiós, pues no fue con él"(176). Luego de tres meses de paro laboral, hasta hoy el ISSS ha dado inicio a la entrega de medicamentos a los derecho habientes(177). 2/2/2000. El Comité Vicentino Contra la Privatización realiza una nutrida marcha cívica en la ciudad de San Vicente para protestar por las medidas privatizadoras del gobierno y su negativa a resolver el conflicto de salud por la vía del diálogo y la negociación(178). La Directora del Seguro Social y el Ministro de Trabajo se reunieron con Ricardo Siman, Presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) para analizar la problemática de salud(179). 5/2/2000. El Colegio Médico de El Salvador pedirá a la Fiscalía y la Corte de Cuenteas de la República que investigue las licitaciones en el ISSS. Puntualizan las siguientes anomalías en ellas:
6/2/2000. Miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) se toman las instalaciones de la Unidad Administrativa del Seguro Social(181). 7/2/2000. La Directora del Seguro Social, Ana Vilma de Escobar, aseguró hoy que "Si los sindicalistas no deponen la huelga, vamos a tener que sustituirlos"(182). Monseñor Fernando Sáenz Lacalle, reiteró que la mediación es el mecanismo idóneo para resolver conflictos(183). Se realiza movilización ciudadana de trabajadores y médicos, desde el reloj de flores hasta la torre Administrativa del Seguro Social, para protestar por la privatización y exigir al gobierno que dialogue con los trabajadores(184). 9/2/2000. Los trabajadores y médicos sindicalistas del ISSS fracasaron nuevamente en su intento por dialogar con la patronal. Después de 7 horas de permanecer en las instalaciones administrativas del Seguro Social se retiraron sin recibir respuesta satisfactoria por parte de los titulares de la institución(185). Oscar Aguilar, Secretario General del STISSS, díjo que "El martes 8/2/2000 en intercambio que sostuvimos con el Subdirector de este instituto, nos planteó que los problemas que los dos sindicatos hemos propuesto, puede buscársele una solución, por ejemplo díjo, que no habría problema para resolver el caso de la retención de salarios y aguinaldos, y que no habría problema para discutir lo de los despidos"(186). El dirigente sindical díjo que al escuchar las palabras del Sub-Director le pidieron que las plasmara en un documento para enviarlos a ambos sindicatos y realizar una asamblea, y levantar la huelga; pero, al final, no obtuvieron respuesta favorable de la Dirección. Representantes del Movimiento de Organizaciones Laborales Integradas (MOLI) anunciaron que el próximo lunes podrían iniciar un paro nacional de carácter indefinido para apoyar las protestas en contra de la privatización(187). 11/2/2000. Francisco Flores, Presidente de la República, empieza a manejar un nuevo argumento: la huelga obedece a propósitos políticos del FMLN. A partir de este momento, el argumento se manejó de manera extendida(188). 12/2/2000. La Cámara Primero de lo Laboral ordenó ayer la restitución de los 221 trabajadores del ISSS despedidos, argumentando que las autoridades del Seguro Social habrían violado dos artículos del Contrato Colectivo de Trabajo(189). 13/2/2000. Ana Vilma de Escobar, Directora del ISSS, díjo que interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, y que la resolución de la Cámara Primero de lo Laboral "contenía vacíos, y sobre todo no los obliga a restituir a los 221 trabajadores despedidos"(190). 14/2/2000. Ante las amenazas de la Directora del Seguro Social de promover un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, los trabajadores y médicos del ISSS afirmaron que la actitud de los titulares provocará un reforzamiento de las medidas de hecho y de la suspensión de labores(191). Francisco Flores, Presidente de la República, ordena a los titulares del Seguro Social y del Ministerio de Salud separarse de todo proceso de diálogo y negociación(192). 15/2/2000. 12 hospitales nacionales, más los del Seguro Social, paralizaron labores desde hoy. Las clínicas médicas privadas también suspendieron labores en apoyo a la no privatización de la salud(193). Médicos y trabajadores se toman el Hospital Médico Quirúrgico. El ISSS abre diez clínicas comunales(194). 16/2/2000. Autoridades del Seguro Social interponen recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia(195). 13 hospitales nacionales, más los del ISSS, paralizan labores en el segundo día de paro indefinido(196). 17/2/2000. En Zacatecoluca se realiza marcha contra la privatización del sistema de salud(197). La Comisión Tripartita que representa al gremio médico pidió públicamente la renuncia del Presidente de la República, Francisco Flores, y su gabinete de gobierno, luego de que éste cerrara toda posibilidad de una solución dialogada del conflicto(198). 19/2/2000. El Comité de Emergencia Nacional (COEN) presenta su plan de contingencia ante el conflicto en el sector salud: la instalación de hospitales móviles(199). Marcos Valladares, Procurador Adjunto de Derechos Humanos, recomendó la reinstalación de los 221 trabajadores despedidos del ISSS y pidió el cese inmediato de la suspensión de labores. Según Valladares, el Seguro Social debería reinstalar a los trabajadores despedidos porque la institución violó el derecho a la sindicalización(200). 21/2/2000. La Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil militariza las instalaciones del Hospital Zacamil. Se producen forcejeos entre médicos, trabajadores, y los policías(201). 22/2/2000. El Seguro Social ha instalado 50 consultorios y una farmacia en el pabellón número 1 de la Feria Internacional de El Salvador(202). En Asamblea Extraordinaria, el Colegio Médico de El Salvador decidió la renuncia masiva de los médicos del Sistema Nacional de salud y del Seguro Social si el gobierno continúa con su posición de inflexibilidad y cerrazón a una solución dialogada del conflicto(203). La política de privatización que está impulsando el gobierno, bajo el lema de la "Modernización del Estado", fue rechazada esta mañana por diferentes sectores de la sociedad, quienes denuncian que este tipo de medidas es un claro retroceso en la atención y cobertura de los servicios básicos. Este planteamiento fue hecho por la Coordinadora de Organizaciones Sociales en Contra de la Privatización(204). El Comité Pro-Diálogo Nacional, integrado por Victoria de Avilés, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, Héctor Dada Hirezi, Beatrice de Carrillo, Alberto Arene, Eduardo Molina Olivares, y el Obispo Luterano Medardo Gómez, expresaron su disposición a mediar en el conflicto de salud, e hicieron un llamado a que otros sectores de la vida nacional se involucren también en la solución de este conflicto(205). 24/2/2000. Una encuesta realizada por La Prensa Gráfica-Unimer revela que el 53% de la población culpa al gobierno de la prolongación del conflicto en el sistema de salud. El 31% apoya a los sindicalistas, el 28.8% al gobierno, y el 29.7% a ninguno(206). 28/2/2000. Para Kirio Waldo Salgado, Diputado del Partido Liberal Democrático (PLD) "El Presidente quiere privatizar las funciones del Seguro Social"(207). 2/3/2000. En general, 18 hospitales a nivel nacional se encuentran paralizados desde hace varias semanas, cuando los sindicalistas anunciaron un paro nacional progresivo, en el marco de la huelga que trabajadores y médicos del ISSS mantienen hace ya más de 100 días(208). Un empleado de Casa Presidencial fue baleado accidentalmente por un policía de los que mantienen militarizada las instalaciones administrativas del ISSS(209). Pacientes, trabajadores, y médicos se tomaron por algunas horas un tramo de la avenida Juan Pablo II frente al Hospital Médico Quirúrgico para demandar la no privatización de la salud en el país(210). 6/3/2000. Policías antimotines disuelven con gases lacrimógenos, disparos de plomo y de goma, garrotazos y chorros de agua a presión una concentración de médicos y trabajadores que se habían tomado un tramo de la avenida Juan Pablo II. Los manifestantes ya habían aceptado retirarse voluntariamente a las 12:00 m., cuando, faltando 5 minutos para las 12:00, comenzó el desalojo forzoso. Los gases lacrimógenos afectaron a los pacientes del Hospital Médico Quirúrgico, y un fotoperiodista de El Diario El Mundo fue herido de bala por un policía(211). 7/3/2000. Según el Director de la Policía Nacional Civil, Mario Sandoval, la PNC sólo cumplió la ley en la disolución violenta de la concentración de médicos y trabajadores del ISSS el día de ayer(212). 8/3/2000. Trabajadores, médicos, y población en general marchan hacia Casa Presidencial para protestar contra la privatización de la salud, condenar la agresión policial del lunes 6/3/2000, y exigir una solución del conflicto por la vía del diálogo y el entendimiento(213). 9/3/2000. Los médicos residentes y especialistas del Seguro Social así como también de 12 hospitales nacionales entregarán hoy dichos hospitales para que los administre el Ministerio de Salud(214). Eduardo Tenorio, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, díjo que "Las piedras, el agua, el gas lacrimógeno, los golpes también son, no tambores de guerra, pero sí llamémoslos de pre-guerra"(215). Según Tenorio, este tipo de hechos es una pésima señal para la democracia, "que sólo recuerda la época de los 70, que es la época previa al conflicto bélico"(216). Estudiantes universitarios y organizaciones sociales desarrollaron una movilización para protestar por la privatización de la salud(217). 11/3/2000. La madrugada del viernes, el gobierno y los sindicalistas del Seguro Social acordaron poner fin a la huelga en la institución y el Sistema Nacional de Salud. Luego de tres días de negociaciones bajo la mediación de ex_presidentes del Colegio Médico se llegaron a los siguientes acuerdos:
El próximo lunes se normalizarán las actividades en el ISSS y en los hospitales del sistema público(218). 12/3/2000. Se realizan elecciones municipales y legislativas a nivel nacional(219). 27/3/2000. Trabajadores despedidos del Seguro Social, junto a sus apoderados legales, llegan a la Corte Suprema de Justicia a presentar un escrito para pedir que no sea aceptado el recurso de casación interpuesto por los titulares del ISSS(220). Oscar Aguilar, Secretario General del STISSS, manifestó que no hay avances en las mesas de negociación. Aseguró que la mesa de la Reforma al Sistema de Salud ni siquiera se ha instalado; y advirtió que si no hay avances habrá que tomar medidas(221). 2/4/2000. 11 de los 221 trabajadores despedidos del ISSS iniciaron una huelga de hambre en protesta por su situación de cesantía, la cual calificaron de ilegal y arbitraria. Exigen su inmediato reinstalo(222). 12/4/2000. Marcos Valladares, Procurados Adjunto para los Derechos Humanos, visitó a los despedidos en huelga de hambre y les instó a desistir de la medida. Así mismo emitió una resolución según la cual los titulares del ISSS habrían violado el derecho al trabajo de los 221 despedios, y estarían obligados moralmente a reinstalarlos en sus puestos de trabajo(223). VII. PRIVATIZACION DE LA SALUD, CONFLICTO SOCIAL, Y CULTURA DE PAZ. 1. Privatización de la Salud, Estado de Derecho, y Cultura de Paz. En nombre de la vigencia de un supuesto Estado de Derecho, el gobierno del Presidente Francisco Flores ha condenado la lucha desarrollada por trabajadores, médicos, y amplios sectores de la sociedad. Esta ha sido la línea argumentativa de los personeros del gobierno para descalificar la protesta social, no sólo de los trabajadores de la salud, sino también de amplios sectores de la sociedad en contra de la privatización neoliberal de la salud y los activos del Estado. El 1/12/2000, el Vice-Presidente de la República, Carlos Quintanilla Smith, afirmaba que "Los huelguistas están violentando el Estado de Derecho e irrespetando las leyes. El Ejecutivo ha tomado la decisión de pedir a los tribunales de justicia que se declare la ilegalidad de las huelgas"(224). Por su parte, Ana Vilma de Escobar, Directora del Seguro Social, intentaba justificar el despido de 221 trabajadores asegurando que "Hemos dado un mensaje claro, y hemos buscado volver al orden"(225). Asimismo, luego de la violenta intervención de la Policía Nacional Civil (PNC) en contra de una concentración de trabajadores y médicos del Seguro Social y del Sistema Nacional de Salud el 6/3/2000, Mauricio Sandoval, Director del Corporación Policial, díjo que "La Policía Nacional Civil sólo cumplió la ley en la disolución de los médicos y trabajadores el día de ayer"(226). Según los funcionarios, las acciones del gobierno tendrían como propósito la salvaguarda del orden establecido, por tanto el Estado de Derecho, el cual estaría amenazado por los autores de la protesta social. Sin embargo, hay que considerar que el fundamento de la legitimidad del derecho, en el que pretende basarse todo Estado, no se lo encuentra sólo en la existencia de un sistema de leyes imperantes. El derecho supone que las leyes que lo expresan y sustentan se fundamentan en la promoción y la defensa del interés general, del pueblo por tanto, que al fin de cuentas es en donde habrá de residir la soberanía. El tratadista Elías Díaz, en su trabajo titulado "Sociología y Filosofía del Derecho" ha dicho que "El derecho es un sistema de normas reguladoras de algunos comportamientos de una determinada sociedad" (227). En este mismo orden de proposiciones, Héctor Samour, quien fuera Decano de la Facultad de Ciencias del Hombre y la Naturaleza de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), señala por lo menos cinco notas esenciales del derecho:
Pero, ¿qué podría decirse de la vigencia de un sistema de legalidad que lejos de realizar el ideal de justicia, o el de bien común, o incluso el de paz, en la práctica concreta opera de tal suerte que favorece fundamentalmente los intereses de la clase dominante?. Sabido es que Hans Kelsen, en su afán de darle a la racionalidad jurídica el estatuto de ciencia, propone separar tajantemente "el derecho que ‘es’ del derecho que ‘debe ser"(229). Precisamente por ello Kelsen mismo plantea que "La exigencia de distinguir el derecho de la moral, y la ciencia jurídica de la ética significa que, desde el punto de vista de un conocimiento científico del derecho positivo, su legitimación a través de un orden moral diferente del orden jurídico es irrelevante, dado que la ciencia jurídica no tiene que aprobar o disprobar su objeto, sino conocerlo y describirlo"(230). Para Kelsen, entonces, el derecho positivo es el sistema de legalidad que existe aquí y ahora, y la legitimidad de tal derecho se fundamenta en el hecho de que existe. Al fin de cuentas para nuestro autor, la raíz nutricia del derecho es el poder. Para Kelsen la teoría pura del derecho habría de consistir únicamente en la descripción y la explicación del sistema normativo vigente, es decir, positivo. Como podrá advertirse, la referencia al empirismo positivista de Kelsen obedece a que, en la lógica gubernativa del Presidente Francisco Flores, hay una identificación clara entre sistema de legalidad vigente y Estado de Derecho. De tal forma que la legitimidad del sistema normativo actual se lo encuentra justamente en el factum de su nuda existencia. Hay una absolutización de la juridicidad dada, frente a la cual, cualquier cuestionamiento a la normativa vigente desde un horizonte de unos valores trascendentales estaría simplemente fuera de lugar. Ana Vilma de Escobar, Directora del ISSS, ha dicho con meridiana claridad que hay que "volver al orden", el cual "orden" jugaría ontológica y epistemológicamente el papel de deber-ser. Y es este "orden" el que habría de ser, en la racionalidad del Vice-Presidente de la República, Carlos Quintanilla, ni más ni menos que la expresión positiva del Estado de Derecho; el cual, según él, estaría amenazado por la actitud disolvente de los trabajadores, médicos, y la población que cuestiona el proceso de privatización. Pero el Estado de Derecho no es sólo, como pretende Kelsen y los titulares del actual gobierno, la organización gubernativa fundamentada en la vigencia de leyes concretas y positivas. El derecho no coincide, por lo menos necesariamente, con la ley positiva. Una ley ciertamente expresa la cohercitividad del poder socialmente organizado por aquellos que en la práctica tienen la fuerza necesaria y suficiente para imponer sus intereses al conjunto de la sociedad. Entonces, la propuesta de que el fundamento del derecho es el sistema de legalidad vigente a duras penas logra ocultar la defensa ideologizada del orden vigente que favorece los privilegios de la clase social en el poder. Sin embargo, como lo señala Norberto Bobbio, "Frente a toda forma jurídica podemos plantearnos, en efecto, un triple orden de problemas: 1) si aquella es justa o injusta; 2) si es válida o inválida; 3) si es eficaz o ineficaz"(231). De tal manera que no se trata, como pretende el marco teórico positivista de los titulares de gobierno, de la sacralización de un sistema normativo cuyo resquicio último de validez y legitimidad sería el poder, sino más bien, de que la forma jurídica, en este caso la ley de modernización del Estado, adquiere su fuerza de legitimidad desde un sistema de valores trascendentales, universales, a los cuales tendría que responder la norma jurídica positiva. Esta y no otra es la lógica interna de nuestra Constitución Política que propone a la persona humana y el bien común como fin último del Estado. La norma jurídica no es, ni mucho menos, un absoluto que reposa sobre sí mismo. Es importante considerar que la administración del Presidente Francisco Flores, no ha intentado tanto justificar el proceso de privatización en el área de la salud mostrando, con hechos, la conveniencia para el logro del bien común. Ha sido generalizado, por ejemplo, el rechazo popular del Acuerdo 263 del Ministerio de Hacienda realizado a solicitud del Ministerio de Salud(232) en el que se establecen tarifas a cobrar en los Hospitales Públicos, todo como parte de la modernización del sistema de salud. De tal forma que, como el rechazo en esta materia ha sido tan contundente, el gobierno ha manejado la estrategia de deslegitimar la oposición a tales medidas cuestionando, no la justeza de la lucha opositora, sino su legalidad. Desde esta manera de entender las cosas, a los titulares de gobierno les resulta muy cómodo condenar la protesta social en contra de la privatización de los bienes públicos. Pretenden que la sociedad sea dócil frente a la implementación de medidas gubernamentales que lejos de favorecer el interés general sólo benefician a un reducido segmento de la población muy privilegiado. Esto es lo que revela incluso la falta de transparencia y la corrupción en los procesos de licitación pública del Seguro Social para adjudicar la administración de los hospitales Roma y Amatepec, la realización de cirugías, y la distribución de medicinas. Situación que ha sido ampliamente documentada por el Colegio Médico de El Salvador (233). Los personeros gubernamentales pretenden que la protesta social se mueva en el marco de una ley que ellos mismos han diseñado para neutralizar la acción ciudadana. A este respecto debemos recordar que la disposición legal que prohíbe las huelgas de los empleados públicos se estableció el 28 de junio de 1980, como parte integrante de la implementación de la estrategia contrainsurgente de Guerra de Baja Intensidad. Llaman modernización del Estado a la mera puesta en práctica de una serie de medidas de ajuste estructural dictadas por los organismos financieros internacionales; es decir, para el gobierno del Presidente Francisco Flores, modernizar el Estado es sinónimo de privatización. Hay que tener en consideración un análisis de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), según el cual "La modernización del Estado se ha convertido en una prioridad de la agenda gubernamental, pues se la considera indispensable para competir exitosamente en la globalización de los mercados. En consecuencia, se propusieron medidas diversa –la dolarización de la economía, la privatización de los activos públicos, la reducción de los aranceles, el incremento de los impuestos indirectos, la reducción del sector público y la expansión de la maquila. Pero de todas estas medidas, sólo tres prosperaron, el incremento del impuesto al valor agregado, el despido de empleados estatales, y la privatización de los servicios públicos más rentables. En la actualidad, la modernización se equipara con la privatización y con ella se promete la superación de los problemas más graves del país"(234). El hecho de que este proceso privatizador es claramente impopular ha obligado al gobierno a buscar la forma de seguir privatizando sin tener que hablar de privatización. Esto es lo que ha ocurrido en el caso de la privatización de la salud. Un reportaje especial de la Revista "Vértice" de El Diario de Hoy fechado el 16/1/2000 asegura que "Lo que el Seguro Social está haciendo es contratar servicios privados y no concecionar servicios ni mucho menos privatizar. Por lo menos así lo traducen los seños fruncidos de la mayoría de funcionarios cada vez que escuchan la palabra... ‘concesión?’ Ah, pues mire de eso no sé, pero sí le puedo hablar de contratación de servicios"(235). Sin embargo, el 9/12/2000, en su acostumbrada conferencia de prensa de los lunes, el Presidente Flores díjo que "Hay concesiones que pueden establecerse y convenios que pueden establecerse con otras personas en el sistema de salud para hacerlo más eficiente"(236). En un primer momento, el gobierno del ex_presidente Armando Calderón Sol, habló abiertamente de privatización. Este manejo errático de las cuestiones jurídicas y del discurso de la administración gubernativa es, de hecho, causa directa de inseguridad jurídica. La paradoja es que esta inseguridad jurídica proviene precisamente del gobierno y sus instituciones; no de la sociedad civil. De pronto se vuelven nominalistas y creen que pueden cambiar la realidad de las cosas con sólo cambiarle el nombre. Hay que tener en cuenta que los procesos de privatización no se reducen sólo al acto de la venta de los activos del Estado (propiedad social del pueblo); el fenómeno de la privatización real también implica el convertir un bien que es, por definición constitucional, algo público, en algo privado. De tal manera que cuando el Presidente Francisco Flores afirma que no hay ni habrá privatización ni en el Seguro Social ni en el Sistema Nacional de Salud porque nadie está vendiendo los hospitales, sencillamente está faltando a la verdad. La venta de los hospitales no es la única forma de privatizar la salud. Realmente se está privatizando la salud cuando se concecionan los servicios que el Estado constitucionalmente está obligado a prestar. Esto es así porque el carácter democrático del Estado se constituye a partir del respeto y la promoción de la soberanía del pueblo, de tal modo que sólo los actos gubernativos que favorecen el interés público son realmente democráticos. De esta manera, los servicios que presta el Estado y el modo de prestarlos (objetivo y método) tienen que hacer realidad el carácter público del bien servido. Pero cuando el Estado mismo decide concecionar los servicios que está obligado a prestar, ello implica, necesariamente, una desnaturalización de la esencia pública y democrática, tanto del servicio privatizado, como del modo de prestarlo. Se privatiza cuando se convierte un bien público (como la salud) en algo susceptible de lucro. Todos sabemos que el principio que mueve la dinámica de la propiedad privada no es la búsqueda del bien común, sino la maximización de la ganancia, es decir, el lucro metálico y sin corazón. Esto nos lleva al siguiente análisis:
En cualquiera de los casos se pretende ocultar intencionalmente la verdad, y esto constituye un buen ejemplo de lo que bien se puede llamar la anti-cultura del cinismo. En general, la gestión gubernativa nos ha llevado al absurdo de utilizar el Estado en contra del Estado. El Estado Salvadoreño ha tenido que practicar una especia de autoaniquilamiento. Primero se nos díjo que el Estado no debería meterse en las cuestiones económicas, y luego obligan a que el mismo Estado actúe en contra de sí mismo entregando sus activos (propiedad del pueblo) a manos privadas. Claro que al hacer esto, el Estado está interviniendo en la economía. Este y los gobiernos de las dos últimas administraciones han desnaturalizado el Estado en un doble sentido: primero, porque obliga a que el Estado actúe en contra de sí mismo; y, segundo, lo cual es más grave aún, obliga a que el Estado actúe en contra de su raíz y fundamento: el pueblo y el bien común. Vivir en un real Estado de Derecho implicaría, no la sumisión acrítica al marco legal establecido haciendo de el un absoluto, sino más bien la construcción de un régimen político, económico, y social que responda realmente, no en términos propagandísticos, a los hombres y mujeres que existen como pueblo. Ya hemos visto que el concepto de Estado de Derecho que opera en la visión gubernamental es uno que fundamenta el sistema de legitimidad de la norma justamente en la vigencia positiva de la misma. La legitimidad se fundamenta en el poder. Para el gobierno, en los hechos, no hay un deber- ser trascendental, como los valores de justicia, bien común, y de paz, desde los cuales habría que ejercer una consideración valorativa, axiológica, del derecho vigente. Para el gobierno, este Estado que se sustenta desde este derecho es el Estado de Derecho que juega necesariamente como deber-ser. Por tanto, en la práctica, hay una clausura de la paz que pudiera fundamentarse en la dimensión trascendental del hombre. En realidad el concepto de paz que opera, de hecho, en la cosmovisión gubernativa es un concepto de paz negativa, restringido a la mera ausencia de guerra, o bien limitado a la ausencia de la conflictividad social por la aceptación sumisa del orden establecido. Opera aquí un concepto de paz que conecta con la idea de pax romana. Así puede entenderse que para el Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mario Sandoval, la brutal represión del 6 de marzo del 2000 en contra de los trabajadores y médicos del ISSS haya sido sólo en cumplimiento de la ley. Para el gobierno, la vivencia de la ley vigente, positiva, en el marco del orden establecido, sería la única forma socialmente aceptable de vivenciar y hacer la paz. Todo trabajo por construir una paz plena, maximalista, sería, desde la cosmovisión gubernamental, atentatoria contra su concepto de Estado de Derecho. 2. Privatización de la Salud, Seguridad Jurídica, y Cultura de Paz. Ya hemos dicho que el sistema de legalidad que fundamenta todo derecho bien puede provenir del carácter coercitivo del ejercicio de la fuerza como forma eminente de la violencia, o bien puede asentarse en el consenso social. Ha sido Lenin el que, considerando la esencia clasista de todo tipo y forma de Estado, ha profundizado en su naturaleza como instrumento de represión al servicio de la clase dominante(237). Así, la definición del Estado como organización social del poder expresa la visión marxista sobre el asunto. La esencia de todo Estado es la fuerza. Gramsci ha sostenido que un bloque histórico es tanto más estable cuanto más logre combinar la dialéctica del ejercicio de la coerción y el consenso social, de tal modo que la clase dominante sea, además, clase dirigente(238). Algunos marxólogos como Swezzy, Poulantzas, Sontang, y otros, han avanzado la tesis de que el tipo de Estado que mejor cumple la función general de garantizar la reproducción de la lógica del capital, es justamente el Estado democrático(239). Hay que entender que estamos hablando aquí de una democracia burguesa, esto es, delegativa, representativa, eleccionaria. De todas formas, salta a la vista que, más allá del establecimiento de los fines generales del Estado burgués, la consolidación de este tipo de régimen político está relacionada con el afincamiento en la mayor cuota de consenso social que logre alrededor de su proyecto estratégico. Digamos que su legitimidad depende de ello. Esto tiene mucha relación con la idea de legitimidad que se fundamenta en el consenso del conjunto de la sociedad por sobre el desnudo ejercicio de la fuerza de la ley positiva. Claro que, como hemos visto, para Hans Kelsen, la ley positiva es una especie de absoluto cuya legitimidad descansa en la fuerza inherente a su mera existencia positiva(240). Así, no habría otro horizonte de legitimidad más que el de la mera existencia factual de la ley. En este punto recordamos la crítica de Marx a Hegel en el análisis crítico de su Filosofía del Derecho, el cual advertía que si bien Hegel describe correctamente la naturaleza del Estado capitalista, comete un error al hacer coincidir el Estado que es (el Estado capitalista como tal) con el Estado que debe-ser (el Estado como encarnación de la razón). "No hay que hacerle cargo a Hegel –dice Marx- porque describe al ser del Estado moderno tal cual es, sino porque da por ser del Estado lo que es"(241). Para Kelsen, legítimo es el Estado que es, el que existe; y para Hegel el Estado que existe es la encarnación del concepto de Estado, del interés general. En Kelsen hay un idealismo que discurre por la vía del empirismo mecánico, y en Hegel hay idealismo objetivo por la vía de la hipostatización de los caracteres esenciales del Estado burgués. Ahora bien, refiriéndonos a nuestro régimen político actual, Alfredo Mena Lagos, ex_comisionado presidencial para la modernización del Estado, bajo la administración del ex_presidente Armando Calderón Sol, criticó en su momento, la gestión gubernativa en el sentido de que en materia de modernización habría caído en una especie de "esquizofrenia política"(242). Mena Lagos, actual dirigente de un movimiento autodenominado "Amigos de la Libertad", se refería al uso patrimonialista de gobierno; criticaba la existencia de un discurso teórico-declarativo de modernización democrática del Estado que jamás se correspondió con una práctica mercantilista del gobierno impulsado por el partido Alianza Republicana Nacionalista(243). Dicho funcionario fue depuesto en su momento por el ex_presidente Armando Calderón Sol. Hay que entender que la crítica de Mena Lagos no cuestiona con radicalidad la lógica esencial del capitalismo neoliberal implementado en nuestro país; sólo se trata de una crítica que asume como horizonte último de la societalidad al liberalismo burgués y desde ahí intenta cuestionar la ineficiencia gubernamental que pone en riesgo los propósitos fundamentales del sistema dominante como tal. Se trata, pues, de una defensa subrepticia del orden establecido. Sea de ello lo que fuere, es de la evidencia que este tipo de críticas tienen por fundamento teórico la idea de que la base de todo derecho reside tanto en el principio de soberanía popular, como en la del Estado en tanto que institución cuya naturaleza propia es la de la realización del bien común. En este punto, resulta aleccionador que el Título I, Capítulo Único, de nuestra Constitución Política, lleva por título "La Persona Humana y los Fines del Estado". Así, el Artículo 1 señala que "El Salvador reconoce a la persona humana como origen y fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica, y del bien común. En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social"(244). De ahí que la identidad más propia del Estado de Derecho se realiza en el cumplimiento irrestricto, tanto de los fines del Estado, como de su naturaleza misma. Como se desprende de nuestro análisis en el apartado anterior, cuando nos referimos al concepto gubernativo de Estado de Derecho, en nuestro país no hay un real Estado de Derecho, por lo menos que sea consecuente con el Artículo 1 de nuestra Constitución política. Ahora bien, habiendo demostrado la inexistencia de un genuino Estado de Derecho, hay que puntualizar que el problema es más grave aún. La desnaturalización del Estado de Derecho para caer en una especie de sofisticación de la Doctrina de la Seguridad del Estado (que absolutiza los derechos del Estado por sobre los propios de la sociedad civil) y el manejo antidemocrático-mercantilista tienen una relación directa con el fenómeno del deterioro de la seguridad jurídica. Hemos mencionado que el primer elemento de inseguridad jurídica lo constituye el hecho de que padecemos la vigencia de un tipo de Estado auto-contradictorio, que niega, en la práctica, los fines y su razón de ser. Nuestro régimen político, operativizado en la institucionalidad del gobierno, de este gobierno, responde cada vez menos al interés nacional en función de la salvaguarda de los dictados del capital transnacional y de los organismo financieros internacionales. Así lo consideran serios análisis de la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA) al afirmar que "La privatización es una imposición de los organismos internacionales y más directamente del sector privado salvadoreño con capital disponible para invertir"(245). Este mismo análisis asegura que el Estado "sí privatizará los servicios públicos más rentables, porque es una moda impuesta por los organismos internacionales y la ideología neoliberal, y porque el capital nacional y extranjero ven en ellos un área nueva para expandirse y obtener más ganancias"(246).
La causa última de todo esto se la encuentra en los procesos de transnacionalización inherentes a la lógica del capital subyacente a todo el dinamismo contemporáneo de la globalización, el cual ha implicado, de manera necesaria y no accidental, la contrapartida de desnacionalización de los países. De tal forma que una de las bases históricas consubstanciales a la constitución de los Estados modernos, como lo es el principio de soberanía, se está desdibujando a favor de los mecanismos propios de la acumulación privada e imperialista de plusvalía y de poder. Nos hayamos, entonces, frente a la paradoja moderna de unos Estados nacionales que pierden cada vez más su soberanía (al no responder realmente al interés nacional) a manos de un capital que tiene como premisa para su valorización la de ser apátrida. Esto es justo lo que denuncian Marx y Engels cuando afirma que "Mediante la explotación del mercado mundial, la burguesía ha dado un carácter cosmopolita a la producción y al consumo de todos los países. Con gran sentimiento de los reaccionarios, ha quitado a la industria su base nacional –nosotros subrayamos-"(247).
Y como quien va de lo sublime a lo ridículo, en nuestro país nos encontramos con el suceso de que este proceso de desnacionalización ha sido impulsado precisamente por los tres últimos gobiernos que provienen de un partido político que además de auto nominarse Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) tiene, todavía, por lema "primero El Salvador, segundo El Salvador, y tercero El Salvador". El caso es que todo este proceso nacional privatizador de los activos y funciones de las estructuras de servicio público ni siquiera se ha realizado respetando la normatividad positiva vigente. "Las primeras privatizaciones –sostiene un análisis de la UCA- ni siquiera respetaron las leyes, que buscaban evitar la concentración de la banca desnacionalizada en pocas manos. Se privatiza porque así conviene a los intereses del capital nacional e internacional, que encuentra en estos activos públicos una oportunidad para revalorizarse, y no porque convenga directamente al bien del país"(248).
¿Qué seguridad jurídica podría promover un gobierno que, habiendo jurado cumplir y hacer cumplir la ley, violenta la normatividad jurídica para beneficiar los intereses de algunos sectores de la clase dominante?. Francisco Flores, Presidente de la República, ha afirmado en reiteradas oportunidades que jamás privatizará los servicios de salud. Sin embargo, estas declaraciones no se corresponden con los procesos de la realidad. Una nota de la redacción del Diario Co-Latino advierte la siguiente situación: "El gobierno, que incluso ha hecho perder simpatías electorales a su partido (ARENA) según opiniones de personeros de la UCA (...) por el manejo del conflicto y por la amenaza de privatización de la salud, se vio obligado a anunciar que no privatizará. Los temores siguieron cuando, pese a que los hospitales Roma y Amatepec están bien equipados, y que fueron inaugurados por el ex_presidente Calderón Sol, estos nunca se abrieron. Ante las interrogantes de periodistas, el gobierno se vio obligado a anunciar que ‘concecionarán’ los servicios"(249). El 29/11/99, el Presidente Flores anunció que "los hospitales Amatepec y Roma serán abiertos pero bajo una nueva modalidad administrativa, pero no serán privatizados"(250). Además, uno de los acuerdos firmados el 21/5/98 entre el gobierno y la Comisión Tripartita del gremio Médico, que le puso fin a más de 20 días de huelga, fue el de la no-privatización de la salud. Sin embargo, el 29/11/99 el gobierno abre a licitación pública la administración de los hospitales Amatepec y Roma. El 7/1/2000, el ISSS abre a licitación pública los servicios de cirugías. En el entendimiento de que la privatización no opera sólo cuando se enajenan los activos públicos, Kirio Waldo Salgado, ex_diputado por el Partido Liberal Democrático (PLD), puntualiza que "El Presidente quiere privatizar las funciones del Seguro Social"(251).
Como si esto fuera poco, el 10/6/96, el Ejecutivo de la República emitió el Decreto 55, que en su artículo 112 contiene el Reglamento General de Hospitales del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, el cual incluye las tarifas generales a cobrar por los distintos servicios de salud. El Gobierno ha intentado salir del problema argumentando que tales cobros no existen, que de lo que se trata es de meras cuotas voluntarias. Pero entonces, ¿por qué el Decreto Ejecutivo 76, publicado en el Diario Oficial 140 de 1996 puntualiza tanto el concepto de tarifas como sus montos específicos?. ¿Qué seguridad jurídica podría haber si se actúa de esta forma?. Tal parece que es el gobierno mismo el que atenta contra el Estado de Derecho y la seguridad jurídica que le es necesaria. Hay otra forma desde la cual se atenta contra la seguridad jurídica. Se trata del modo como se moderniza. En este sentido, el 5/2/2000, el Colegio Médico de El Salvador Aseguró que pediría a la Fiscalía y la Corte de Cuentas de la República que investigue las licitaciones realizadas en el ISSS. Son señaladas por lo menos ocho anomalías que cuestionan seriamente la transparencia con la que se realizan estos procedimientos(252):
¿Qué seguridad jurídica puede haber si son las mismas instancias gubernativas las que vician y tuercen los procedimientos que ellos mismos han elevado a la categoría de ley?. Marcos Valladares, Procurador Adjunto para los Derechos Humanos, ha señalado, por lo menos en dos ocasiones distintas, que el Seguro Social ha violentado tanto el derecho al trabajo como el derecho a la sindicalización. De este modo, el 19/2/2000, recomendó la reinstalación de los 221 trabajadores despedidos por el ISSS, y pidió el cese inmediato de la suspensión de labores; Según Valladares el Seguro Social habría violentado el derecho al trabajo a la libre sindicalización(253). El 12/4/2000, en visita que realizara a los despedidos del ISSS en huelga de hambre, Valladares reiteró que los despedidos tienen que ser reinstalados porque el Seguro Social violentó el derecho al trabajo(254). Incluso, la Cámara Primero de lo Laboral ordenó, el 12/2/2000, la restitución de los 221 despedidos porque el Seguro Social habría violado dos artículos del Contrato Colectivo de Trabajo(255). Por otra parte, no hay que perder de vista que la huelga en el sector de salud tuvo su inicio cuando las actuales autoridades se negaron a hacer efectivo un acuerdo previamente pactado entre los sindicalistas y la institución el 8/1/98 durante la gestión de la Dra. María Julia Castillo, quien fungía como Directora del ISSS(256). ¿Qué seguridad jurídica puede generar un gobierno que no sabe honrar sus compromisos?. Esta situación de quiebre del orden jurídico por parte del mismo gobierno no se da únicamente en el área de la salud pública o del ISSS, también ha podido observarse igual situación en otros campos. En esa dirección apunta la situación de conflicto de poderes abierto por los permanentes vetos presidenciales a por lo menos ocho Decretos legislativos. Queda claro que una de las vertientes constitutivas de la conflictividad social es justamente el errático manejo de las disposiciones legales, de tal forma que cada vez resulta más difícil saber a qué atenerse en materia de la vigencia del sistema de legalidad. No somos de la idea de un sistema normativo positivo esclerosado que se eterniza a espaldas del movimiento de la realidad viva. Consideramos que el sistema de legalidad debe moverse en la dialéctica entre el sistema de valores trascendentales que busca historizar, y el cambio constante de la sociedad que se pretende normar. Lo que resulta preocupante, es que los abruptos cambios y manejos de la ley respondan casi de manera exclusiva a los intereses inmediatos y estratégicos de la clase en el poder. Por otra parte, no hay modernización posible del Estado sin seguridad jurídica. Es propio de la cosmovisión neoliberal la consideración de que todo progreso humano se fundamenta en la liberalidad individual, la cual sería cada vez más plena en tanto que más desaparezcan los elementos de planificación y control social que se puedan ejercer desde el Estado. Esta absolutización del individuo se corresponde con un antiestatismo metafísico que ve en el Estado un elemento de ineficiencia y corruptela(257). Dado que para el enfoque neoliberal la lógica del capital es intrascendible, la historia habría terminado; la racionalidad que anima la lógica interna sólo es susceptible de perfeccionarse en términos de eficientización. Como no cabe un cuestionamiento radical del sentido final del ideal civilizatorio del capital, entonces los teóricos de la modernización neoliberal proponen una racionalidad instrumental que sólo se preocupe por encontrar el modo eficiente de adecuar medios a fines. Así, el carácter neoliberal de la modernización consiste en la absolutización del horizonte civilizatorio del capital y, consecuentemente, la búsqueda de la profundización de sus procesos para alcanzar, con mayor eficiencia, el logro de su fin esencial: la maximización de la tasa de ganancia en el contexto de la centralización y concentración de la riqueza como capital. Los procesos de privatización se mueven en este concepto neoliberal de eficiencia. Por ello, una investigación de la UCA plantea que "La modernización, tal como la entiende el gobierno, al menos a nivel del discurso público, no es viable. El Estado no se modernizará subiendo los impuestos indirectos, despidiendo a unos cuantos miles de empleados públicos y privatizando los activos públicos más codiciados. Modernizar implica una visión de conjunto, unos criterios técnicos y éticos, una gran inversión en capacitación y equipos, y un cambio radical de mentalidad"-subrayado nuestro-(258). De esto modo, el fenómeno de la inestabilidad jurídica no es casual, sino que es un fenómeno necesario al manejo neoliberal de los procesos de privatización. El asunto es que la privatización neoliberal encuentra en el ordenamiento jurídico a nivel consitutucional su primer obstáculo. Ello precisamente porque desde la óptica de la racionalidad de nuestras disposiciones constitucionales, la naturaleza y el fin del Estado no es precisamente la maximización de la tasa de ganancia, ni la concentración de la riqueza. Hay por el contrario unos valores absolutos a los cuales el Estado debe responder. Entonces, la racionalidad privatizadora, de alguna manera, contraría la médula de los valores que animan nuestro sistema de legalidad. Y ello hace que los actuales defensores y promotores de la modernización privatizante tengan que jugar a contrapelo del orden constitucional, promoviendo reformas apresuradas, quebrantando cínicamente las leyes para realizar sus propósitos. En el caso de la salud, como hemos visto, primero se habló abiertamente de privatización, luego se dijo que no privatizarían, pero que iban a concecionar, y, finalmente, hablaron de "contratar servicios privados". Este quebrantamiento del orden jurídico, tan necesario al carácter neoliberal de la modernización, sumerge a la sociedad salvadoreña en una visión pragmática de la vida que niega los valores trascendentales necesarios para la constitución de los Derechos Humanos y la Paz. No puede haber cultura de paz, si se promueve una anti-cultura del cinismo y se falta al valor fundamental de la verdad. Pero no es el propósito modernizador en sí mismo el que obliga a este trastocamiento de los valores trascendentales, sino su dimensión neoliberal.
Marek Thee, investigadora de la Cultura de Paz, ha dicho que "La investigación para la paz se hará conciente del hecho de que la vida humana es destruida en mucho mayor escala por la pobreza, el hambre, la enfermedad y las privaciones socioeconómicas, que por el uso de las armas"(259). Uno de los aportes fundamentales de Marx al conocimiento científico de nuestro tipo de sociedad es justamente el que pone al descubierto la lógica esencial del capitalismo como un tipo de organización global de la vida estructurado a partir de la explotación asalariada de la fuerza de trabajo. De tal suerte que no hay humanización posible de este modelo civilizatorio que se construye violentamente marchitando la vida de las personas. No obstante, aquí y allá, en distintas épocas, y siempre movido por el interés de garantizar las condiciones necesarias y suficientes para la reproducción ampliada del capital, se han intentado maneras para sofisticar su naturaleza opresiva. El Capital, como forma de organizar la cultura, se reforma y muta. Sabemos que en nuestro país, durante el primer quinquenio de los años 80s, el gobierno de los Estados Unidos y la clase dominante diseñaron una estrategia para defenderse de la protesta social organizada por los sectores sociales empobrecidos y oprimidos. Creyeron que era el momento de desarrollar una estrategia de contrainsurgencia de Guerra de Baja Intensidad fundamentada en la implementación de una serie de reformas socio-política-económicas que al mismo tiempo que lograra granjearse la simpatías del pueblo pudiera ayudar a derrotar militarmente al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Cuando así conviene a los intereses estratégicos del capital, globalmente considerado, este adopta cierto aspecto de civilidad y simpatía ocultando, por brevísimo tiempo, su real rostro feraz. Para palear la crisis mundial de los 30s, así como también para afianzar el sistema luego de la II Guerra Mundial, los grandes estrategas del capitalismo consideraron necesario hacer intervenir el Estado para reactivar la demanda social y elevar los niveles de productividad y producción. Como lo expusiéramos en nuestro II Capítulo, ello dio origen al concepto de "Estado de Bienestar", que ahora tanto vilipendian los defensores del neoliberalismo. De todas formas, aunque la atención de las necesidades sociales por parte de un Estado Capitalista Reformista postergó por un tiempo la protesta social clasista, esta no tardó mucho en manifestarse. No podía ser de otra manera. Ahora, los teóricos del capitalismo nos recetan un capitalismo neoliberal que ya ha empezado a dar sus granados frutos de miseria, hambre, y desesperación. Considerando rápidamente los índices macroeconómicos de nuestro país para l999 tenemos que nuestra economía se encamina rápidamente al estancamiento(260). El crecimiento es cercano a cero. El PIB creció sólo el 2.2%, y el PIB per cápita 0.1%. Para l992-99, el PIB había crecido 2.7% por año. El sector que más creció fue el de la industria. En l999, el volumen de la producción industrial creció 5%, pero para l998 había crecido 8.9%. El desempleo abierto el del 6.5%, en tanto que el sub-empleo alcanza el 32.2%. Sólo 2/3 de la Población Económicamente Activa (PEA) se encuentra plenamente ocupada. La inflación anual, a partir del índice de precios al consumidor fue de –1%. Los salarios mínimos continuaron estancados en el nivel de 1990. Las tasas de interés llegaron al 16.3%, lo cual indica una disminución en la demanda de créditos para la inversión. Hay una tendencia hacia la concentración bancaria, reforzando una estructura monopólica de las finanzas y reduciendo la competencia. La mora bancaria aumentó hasta un 7.33% de los prestamos brutos, los depósitos y los activos totales bajaron respecto de 1998. El déficit fiscal alcanzó el 3% del PIB, que es la proporción más alta desde l993. La balanza comercial obtuvo un déficit del 13.2% respecto del PIB. Las exportaciones apenas crecieron 2.1% a lo largo del año. La deuda externa pública llegó al 23.1% del PIB. Hay una situación de violencia estructural en contra de la población agudizada por la implementación del modelo neoliberal. Y este es el contexto en el que se inscribe el conflicto en el Sistema Nacional de Salud. Los constantes intentos gubernativos por imponer un proceso privatizador en el área de la salud se hacen, como hemos dicho, en contra del interés nacional, de las disposiciones constitucionales, y exacerban la conflictividad social. Hemos demostrado que la administración del Presidente Flores pretende imponer como un absoluto un Estado de Derecho identificándolo subrepticiamente con el sistema de legalidad vigente. Que, desde la óptica del poder establecido, no hay cabida para el distanciamiento crítico respecto de ese sistema de legalidad. Lo que se espera de la población es la sumisa obediencia. En realidad, no hay espacio para el discenso; cualquier asomo de ello es rápidamente descalificado en nombre de la ley, de esta ley aplicada y administrada con parcialidad y sesgo. Sin embargo, como hemos visto en los apartados anteriores, la vertiente constitutiva fundamental de inseguridad jurídica se la encuentra en el errático y acomodaticio manejo gubernativo de la ley. El conflicto en el Seguro Social y el Sistema Público de Salud se explicita precisamente cuando el gobierno incumple dos acuerdos: el primero, referido a la cláusula 79 del Contrato Colectivo de Trabajo suscrito con el Sindicato de Trabajadores del Seguro Social (STISSS), y, el segundo, cuando el gobierno incumple un acuerdo firmado con la Comisión Tripartita del gremio médico en el sentido de no privatizar los servicios de salud. Así las cosas, los titulares de salud piden a los sindicalistas manejar su protesta dentro de los marcos de la ley, de una ley que ha sido violentada previamente por el mismo gobierno. Precisamente por ello, "Una encuesta realizada por La Prensa Gráfica-Unimer revela que el 53% de la población culpa al gobierno de la prolongación del conflicto en el sistema de salud. El 31.9% apoya a los sindicatos, el 28.8% al gobierno, y el 29.7% a ninguno"(261). El gobierno, desde inicios de la presente administración, intentó mostrar una imagen de apego a las disposiciones legales y al funcionamiento de la institucionalidad del país. Quizá por ello, el 28/1/2000, el Presidente Francisco Flores desechó las reiteradas propuestas del Arzobispo de San Salvador, Fernando Sáenz Lacalle, de mediar en el conflicto. "Nosotros –dijo Flores- no estamos de acuerdo con eso, porque creemos que es importante que las instituciones funcionen, y que intervenga la Fiscalía, el Ministerio de Trabajo, no apartamos a ninguno de nuestros funcionarios"(262). Sin embargo, el 31/1/2000, Monseñor Fernando Sáenz Lacalle afirmó que la iglesia mantiene su oferte de mediar en el conflicto. Todavía el 7/2/2000, el jerarca católico reiteró que el mecanismo de la mediación para resolver conflictos es el mecanismo idóneo(263). Desde que los trabajadores se vieron orillados a implementar una serie de medidas de presión para obligar al gobierno a resolver el conflicto de salud, el llamado permanente a resolver el litigio por la vía del diálogo y la negociación fue la tónica, no sólo por parte de los directamente involucrados, sino también, lo cual es muy significativo, por parte de distintos actores de la sociedad civil. El 1/12/99, el Colegio Médico de El Salvador hizo un llamado al Presidente de la República para que conformara una Comisión de Alto Nivel para discutir la problemática laboral e institucional de salud(264). El 22/2/2000, la Coordinadora de Organizaciones Sociales en Contra de la Privatización rechazó la política de privatización que está siguiendo el gobierno, y además denunció que este tipo de medidas constituye un retroceso en la atención y la cobertura de los servicios básicos de la población(265). Ese mismo día, el Comité Pro-Dialogo Nacional, integrado por la Dra. Victoria de Avilés, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, Héctor Dada, Alberto Arene, Eduardo Molina, Beatrice de Carrillo, y el Obispo Luterano Medardo Gómez, expresaron su disposición a mediar en el conflicto de salud(266). El 2/2/2000, el Comité Vicentino Contra la Privatización realiza una nutrida marcha para protestar por las medidas privatizadoras del gobierno y demandando una solución del conflicto por la vía del diálogo(267). El 17/2/2000, pobladores de Zacatecoluca realizan una marcha cívica similar exigiendo la no privatización de los servicios de salud y una solución dialogada al conflicto(268). Hay que poner de relieve dos elementos importantes: primero, el creciente involucramiento de la sociedad civil en términos del rechazo a las políticas privatizadoras del gobierno, y, segundo, el llamado a la resolución del conflicto por medio del diálogo y la negociación. Sin embargo, aunque la solución por la vía del diálogo y la negociación se había constituido en una especie de demanda nacional, el gobierno del Presidente Francisco Flores, realiza un manejo ambiguo del conflicto. A nivel del discurso, en un primer momento manifiesta anuencia a la resolución del conflicto por la vía del diálogo, pero en la práctica, con las medidas concretas que paulatinamente va adoptando, niega el diálogo y adopta una metodología de creciente confrontación. El 1/12/99, un contingente policial agrede violentamente a un grupo de trabajadores judiciales que impulsaban una suspensión de labores en el Centro Judicial "Isidro Menéndez"(269). El 29/11/99, los titulares del Seguro Social despiden a 226 trabajadores(270). El 29/1/2000, El Ministro de Salud, José López Beltrán, destituye a 8 Directores de hospitales(271). El 7/2/2000, Ana Vilma de Escobar, Directora del Seguro Social, afirma que "Si los sindicalistas no deponen la huelga, vamos a tener que sustituirlos"(272). El 4/12/99, El gobierno implementa la apertura de una "bolsa de trabajo" para que los desempleados puedan ofertar sus servicios(273). El 6/2/2000, miembros de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) se toman las instalaciones de la Unidad Administrativa del Seguro Social(274). El 21/2/2000, La UMO, de la Policía Nacional Civil (PNC), militariza las instalaciones del Hospital Zacamil(275). El 6/3/2000, Policías Antimotines de le PNC disuelven violentamente una concentración de trabajadores y médicos del sector salud que se habían tomado un tramo de la avenida Juan Pablo II. Los gases lacrimógenos afectaron directamente a los enfermos recluidos en el hospital Médico Quirúrgico; en esa misma acción un fotoperiodista de El Diario El Mundo fue baleado(276). El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Tenorio, aseguró que este tipo de hechos es una pésima señal para la democracia "que sólo recuerda –díjo- la época del 70, que es la época previa al conflicto bélico"(277). Hay que tener en consideración que el Presidente Francisco Flores, el 14/2/2000, había ordenado a los titulares del Seguro Social y del Ministerio de Salud que se separaran de todo proceso de diálogo y negociación(278). Debe quedar suficientemente claro que en la práctica, con los hechos, es el gobierno quien cierra el diálogo al adoptar una manejo del conflicto por la vía de la fuerza coercitiva; pero también es el mismo gobierno quien formaliza su negativa al diálogo en las declaraciones de Francisco Flores del 14/2/2000. Esta actitud gubernativa que rápidamente recurre al ejercicio de la coerción ante los conflictos sociales es consecuente con el nivel de violencia estructural que padece el pueblo debido a la lógica neoliberal de un capitalismo que se globaliza cada vez más. Como lo dijimos al inicio del presente apartado, las condiciones de valorización del capital en el marco de la globalización del mismo exigían una redefinición de las relaciones entre la sociedad civil y la organización social del poder; había que recomponer las relaciones al interior del bloque histórico. Esto es lo que ha intentado la clase dominante con el desarrollo del modelo neoliberal. Como sabemos, desde que los organismos financieros internacionales comenzaron a imponer el neoliberalismo en nuestro país siempre se planteó la idea de que ese proceso habría de implicar un mayor deterioro en las condiciones de vida de la población. Así se nos vendió la idea de ser pacientes para esperar a que la producción y la acumulación de la riqueza fuera lo suficientemente grande para que lograra derramarse en cascada hasta la masa empobrecida. Cínicamente se nos pidió más austeridad, apretarse el cinturón; se nos díjo que íbamos a vivir mejor. Había conciencia por parte de los estrategas del neoliberalismo que su puesta en practica traería como consecuencia necesaria la exacerbación de las contradicciones sociales. Ello explica el carácter autoritario y violento de la gestión gubernativa del Presidente Flores. Ahora ya nadie cree en la teoría del rebalse. El modelo neoliberal únicamente ha servido para agilizar los procesos de valorización del capital y la concentración y centralización del mismo. ¿Qué tipo de apertura democrática es la que se hace posible en este contexto de realidades?. ¿Cuál es la democracia "posible" en el marco de la sociedad neoliberal de post-guerra?. ¿De qué hablan los teóricos de una supuesta transición hacia la democracia?. A estas alturas, el ejercicio político desarrollado luego de la firma de los Acuerdos que pusieron fin al conflicto por la vía armada debió habernos enseñado ya que no puede haber democracia política a espaldas de la necesaria democracia económica. Este fue el error fundamental de los Acuerdos de Chapultepec. Somos un país cuya clase dominante no tolera la existencia ni siquiera de un Plan de Nación ampliamente consensuado; han preferido apostarle, por el contrario, a la ortodoxia neoliberal de los agentes económicos para dejarse arrastrar pos las pasiones del interés privado. Es la misma voracidad del capitalismo neoliberal la que demanda un tipo de gobierno altamente represivo, intolerante, y violento como el que desarrolla el Lic. Francisco Flores. En el conflicto en el ramo de salud, han sido los trabajadores y la sociedad civil los primeros y más firmes promotores de la solución del conflicto por la vía del entendimiento y la concertación. En tal sentido, un análisis muy ponderado por parte del P. José María Tojeira sj., Rector de la UCA, propone que "Ambas partes han sido duras en ocasiones o han obstaculizado el diálogo. Pero de entrada hay que afirmar que mientras los médicos pedían sistemáticamente el diálogo, el gobierno lo ha rechazado en repetidas ocasiones. Afirmar que la huelga es política y por eso no se puede dialogar, o poner condiciones al diálogo (cesen la huelga, y después hablamos) constituyen claras negativas a dialogar. El hecho de que se den razones para no comenzar conversaciones no hace mejores a quienes no dialogan. Simplemente les hace autoritarios y les encierra en la racionalidad del poder puro y duro. Y pone, a los no dialogantes, en el camino de la negación de la democracia"(279). Negativas al diálogo por parte del gobierno del Presidente Flores las ha habido de distintos tipos:
Quisiéramos ilustrar este último asunto citando el análisis del P. José María Tojeira sj. quien considera que "El gobierno ha mentido en torno a temas que son medulares en el conflicto. Y esto es grave, porque la mentira cierra siempre las puertas al diálogo y lo hace sumamente difícil. Afirmar, como lo hace el presidente Flores, que ‘ mientras yo sea presidente siempre habrá servicios de salud pública gratuita para todo aquel que no los pueda pagar’ es mentira(...) Si los médicos están pidiendo que se reforme el sistema de salud para poder llegar especialmente a los más pobres del país, decir que ya se atiende adecuadamente a los más pobres elimina una de las causas básicas del conflicto. Pero los conflictos no se dejan sin base con una mentira(...) Todos sabemos que el Hospital Zacamil exige cobros determinados a los pacientes por sus diversos servicios, con un modo de proceder claramente reñido con la legalidad. Y todo esto hablando de la capital, donde los servicios, dentro de sus terribles fallas, son mejores que los del resto del país. Decirle al campesino de la montaña que los servicios de salud son gratuitos para él daría risa, si no fuera tan trágica la mentira"(280). Al analizar el conflicto en torno a la privatización de la salud nos encontramos con el hecho de un cierre paulatino y brutal de la participación ciudadana para resolver un conflicto generado justamente por la llamada sociedad política. Hay en el manejo gubernativo del conflicto una actitud pragmática que se constituye a partir del olvido del valor teórico y ético de la verdad clásicamente entendida como la adecuación de pensamiento y realidad. Para el pragmático la verdad es lo útil, o bien, como decía Nietzche, "La verdad no es un valor especulativo, por el contrario, es un término que designa la utilidad, que expresa aquella función del juicio que conserva la vida y sirve al poderío de la voluntad"(281). De espaldas al valor fundamental de la verdad no se puede construir ninguna cultura que no sea la del servicio cínico del poder. Lo cual conecta con la idea gubernativa de paz como mera ausencia de conflicto armado formal dejando de lado todo lo que implica una idea de paz realmente científica, maximalista. Si desde la organización social del poder, si desde el Estado, se promueve el desempleo, el hambre, la penuria socioeconómica, la inseguridad jurídica, y se aliente una visión de la realidad social que identifica la paz con la mera ausencia de guerra y como sumisión obligada al orden establecido, entonces habría que señalar que la Cultura de Paz se haya seriamente amenazada por el mismo gobierno. Y cuando eso ocurre, la única forma de reivindicarla, esto es, de construirla en positivo, no puede ser otra que la de la resistencia ética, científica, y beligerante de todos aquellos que aún creemos en la dignidad de la persona humana.
VIII. CONCLUSIONES. La cosmovisión moderna de la sociedad implicó una visión esperanzada de los ideales emancipatorios del hombre fundamentados en el poder de la razón, a la cual se la veía como capaz de alcanzar la esencia misma de la realidad. Se consideró que lo real, en general, y la construcción social de la realidad, en particular, obedecía a leyes inteligibles que discurrían permanentemente hacia el logro de la felicidad humana. De acuerdo con la modernidad, la historia habría de ser un proceso con sujeto, y, en consecuencia, la praxis vino a representar un papel crucial en la transformación de la realidad. La liberalidad humana representaba un papel de primordial importancia en la constitución del orden de la realidad, de tal suerte que las cosas no eran como la encarnación de los caprichos de fuerzas situadas más allá de la acción del hombre. El modo de ser y hacer la vida tendría que responder a determinados valores trascendentales que desbordaban la mera satisfacción inmediata de la sensualidad. La cosmovisión neoliberal de la vida trastoca todo este orden de ideas. Como sabemos, el neoliberalismo se constituye a partir de la crisis del Estado de Bienestar y los mal logrados ensayos de socialismo real, fundamentalmente. Aunque, claro está, la visión neoliberal implica un esfuerzo ideológico de descalificación del socialismo; propone una especie de darwinismo social al considerar que el mercado es un absoluto que separa, necesariamente, a los aptos de aquellos que habrían de tener como único cometido el de proveer lo necesario para la valorización ampliada del capital. El neoliberalismo sostiene la imposibilidad de diseñar proyectos emancipatorios alternativos al capital, de ahí que le sea necesaria una visión conservadora de la realidad. Propone una racionalidad instrumental de lo real para la cual lo dado, lo positivamente existente, es el horizonte último de posibilidades. La política es la ciencia de lo posible, y lo posible es justamente lo que existe, lo dado, el capitalismo. De ahí que como nadie debe pretender lo que no es posible, lo dado, esto es el capitalismo, se convierte en el fundamento de la eticidad. Sólo lo posible puede generar obligatoriedad. Para la cosmovisión neoliberal la felicidad se fundamenta en el ejercicio de la individualidad. El principio último de la constitución de la identidad humana se lo encuentra en la propiedad. Uno de los principios del liberalismo es la consideración de que la primera y básica forma de libertad es la autoposeción, la propiedad de sí mismo. Toda eticidad proviene de ahí. Si no se tiene propiedad, no se es hombre. Por otra parte, el neoliberalismo considera a los seres humanos sólo en tanto que son factores de producción. El hombre es un homo aeconomicus. Es cosa sabida, por lo demás, que la gran preocupación de los fundadores de la economía clásica era la de garantizar la reproducción de los factores de producción. Lo cual incluía no solamente a los medios de producción sino también a la fuerza de trabajo y por supuesto a la naturaleza. Con el neoliberalismo, la ciencia económica se preocupa más bien por la eficiente asignación de los recursos. Se considera que la societalidad se construye a partir de las leyes del mercado; al cual se lo percibe como algo inherente a la naturaleza humana, luego por tanto se lo considera intrascendible, no transformable. Se adopta la idea de que el mercado es principio de humanización y garante del interés general. Es la idea de la mano invisible del mercado que logra sacar adelante el interés de la sociedad en su conjunto precisamente en la lucha individual por la satisfacción egocéntrica del interés privado. Todo aquello que dificulte u obstaculice el libre juego de la oferta y la demanda debe ser extirpado. Este es el caso del Estado. El mercado es el macrosujeto garante de la felicidad y el desarrollo individual. La libertad que alienta la visión de neoliberalismo es aquella que se adapta a los marcos de lo dado y logra sacar provecho personal. La libertad sería entonces, la mera conciencia de la necesidad. En suma, esta cosmovisión es justamente la negación del ideal civilizatorio y los valores de la condición moderna. Por ello cuando hablan de modernización trastocan el concepto para semantizarlo en la idea neoliberal de ser y hacer la vida. Por todo lo dicho resulta un tremendo contrasentido que sea precisamente el neoliberalismo globalizante el que pretenda impulsar un movimiento de modernización de la sociedad, en general, y del Estado, en particular. El contrasentido se disuelve si se considera que la idea de modernización que propone el neoliberalismo es una que busca realizar el logro eficiente de la valorización del capital. La modernización a que alude el neoliberalismo se reduce a una racionalidad instrumental que buscando la mejor manera de acomodar los medios al fin de la civilización del capital dejando por fuera toda consideración ética de la vida y el análisis de los valores trascendentales de la condición humana. Cuando se considera que la historia ha llegado a su fin con el régimen capitalista globalizado, todo cuestionamiento y esfuerzo por construir un modelo social alternativo cae en el campo de la irracionalidad. Según el neoliberalismo, la utopía moderna de un mundo feliz únicamente puede lograrse en los marcos de la racionalidad capitalista. Modernizar el Estado habrá de ser volverlo eficiente para lograr el propósito fundamental de garantizar la reproducción ampliada de la civilización globalizada del régimen del capital. Para el neoliberalismo el Estado es la organización social del poder en función, no tanto de la reproducción de la vida societal, sino más bien de la liberalidad de las leyes del mercado. El bien común habría de lograrse por el libre juego de la oferta y la demanda, y no tanto por la intervención planificada del Estado; el cual, desde esta perspectiva, se lo ve como estorbo y como amenaza. De ahí que según el neoliberalismo la estrategia que habría de garantizar la felicidad del hombre sea la que se expresa en el aforismo de "más mercado, y menos Estado". De tal suerte que hay una especie de refuncionalización del Estado; el cual habría de desligarse del viejo propósito de ayudar al logro del bien común para velar sólo por la vigencia de las leyes del mercado perfecto. Pero ya sabemos que esta idea es parte integrante de la utopía neoliberal. Es un hecho que la implementación de esta doctrina ortodoxa neoliberal con relación al Estado de nuestras Formaciones Económico-Sociales dependientes y sub-desarrolladas ha propiciado el diseño de regímenes políticos altamente autoritarios y antidemocráticos. Ello es así en razón, no tanto de un deficiente funcionamiento de la lógica socioeconómica del capitalismo, sino precisamente por que las deformaciones propias de nuestro sistema social son la consecuencia histórico-lógica necesaria del desarrollo de la expansión globalizante del capitalismo. La implementación de las drásticas medidas de ajuste estructural en nuestras maltrechas economías, recetadas por los organismos financieros internacionales, han generado, de hecho, mayores niveles de conflictividad social. La violencia que se ejerce desde las estructuras sobre la población es cada vez mayor. Ello obliga a que los niveles de cohesión social sean también cada vez más débiles. De tal manera que para el mantenimiento del orden establecido se hace cada vez más necesaria la violencia represiva del Estado. Hay un poder que se asienta cada vez menos en el consenso, y más en la coerción. De este modo, con el neoliberalismo, los espacios para la democratización de la sociedad son cada vez más difíciles de alcanzar. En este contexto, la modernización del Estado que propugna la ideología neoliberal implica necesariamente la sofisticación de los mecanismos de control social, la disposición de los medios y procedimientos para alcanzar la cohesión social que supone el afincamiento de las condiciones para el mantenimiento del orden establecido. La cosmovisión neoliberal obliga a una concepción del Estado de Derecho identificándolo con la vigencia irrestricta del sistema de legalidad vigente, positivo. El sistema normativo vigente es el horizonte último en el cual tienen que jugarse el logro del bien común y las reivindicaciones, siempre postergadas, de la población. El sistema de legalidad es un absoluto, y la legitimidad de dicho sistema de legalidad vendría dado sólo por el hecho de que es lo que existe, no habría la posibilidad de justipreciarlo a partir de un horizonte axiológico trascendental. Hay una especie de solipsismo político que pretende validarse sólo a partir del poder vigente. Se cae así en la absolutización de poder convirtiéndolo en una especie de fundamento último de toda eticidad. Cuando el gobierno del Presidente Francisco Flores se refiere al Estado de Derecho está hablando, en la práctica, de esto y no de otra cosa. Este es el horizonte teórico y ético que subyace en el discurso y la acción gubernamental. Pero este enfoque neoliberal del Estado de Derecho juega a contrapelo de unos valores trascendentales que de hecho están contemplados en nuestro sistema jurídico. Por ello el ordenamiento neoliberal de la vida de la sociedad salvadoreña choca necesariamente con nuestras disposiciones constitucionales. De tal suerte que la clase fundamental en el poder tiene que violentar el ordenamiento jurídico para sacar adelante sus propósitos. Por ello es que para el desarrollo de la modernización del Estado, la clase fundamental tenga que promover reformas legales, trampear, en una palabra, atentar contra la seguridad jurídica. Por ello hemos sostenido a lo largo de este trabajo que el carácter neoliberal de la modernización del Estado es lo que genera el desquiciamiento de la cohesión social, violenta los derechos fundamentales de la población como el derecho a la vida, al trabajo, a la salud etc., y, además, atenta contra la paz. La idea de paz que subyace en el tipo de Estado que tenemos, así como también en la manera como el gobierno del Presidente Flores ha manejado el conflicto social en el sistema nacional de salud, coincide con lo que los teóricos de la Cultura de Paz han descrito como paz negativa o imperfecta. Expresa, en concreto, la idea de que luego de finalizada la guerra civil en nuestro país vivimos un ambiente de paz. Desde la cosmovisión gubernativa, la paz poco o nada tiene que ver con la realización de unos valores trascendentales y el desarrollo integral del pueblo. Por el contrario, según el gobierno, estos últimos asuntos tienen como presupuesto fundamental para su consecución la supuesta paz lograda. Precisamente por ello, los Acuerdos firmados entre el FMLN y el gobierno se llaman Acuerdos de Paz. Para el gobierno, la paz vendría dada por la ausencia de la conflictividad social y la sumisión ciega y acrítica a lo que el mismo gobierno conceptualiza como Estado de Derecho. Así, la protesta social en contra de la opresión y la lucha de la sociedad por sus reivindicaciones son conceptuadas, desde la óptica gubernativa, como amenazas a la paz. Solo se acepta la participación ciudadana que no cuestione el orden establecido, el cual habría de ser una especie de presupuesto necesario para el logro de la paz. Es más, sería, para la clase en el poder, ni más ni menos que la realización de la paz. El manejo que ha hecho el gobierno del Presidente Flores del conflicto en sistema de salud ha implicado una alta dosis de violencia; violencia de todo tipo. Iniciando por el ejercicio abierto de la fuerza represiva del Estado, pasando por la promoción de la inseguridad jurídica, el cierre declarado al diálogo, hasta llegar a la violencia que implica el uso táctico de la mentira. Y todo esto en nombre de un Estado de Derecho que, según el gobierno, habría de ser el presupuesto fundamental de la paz. Por ello hemos sostenido en esta investigación que la idea de paz del gobierno conecta con el concepto de pax romana que fundamenta la paz desde el horizonte del poder del Estado. La negación fundamental de la paz, entendido como la plenificación pluridimensional y holística del hombre siendo y existiendo en armonía con todos y con todo, proviene de la vigencia de un modelo civilizatorio que se fundamenta en la explotación y la opresión del hombre. De tal suerte que la acción por la paz necesariamente tiene que tener una dimensión igualmente antisistémica y holistica. La versión neoliberal de aquélla negación fundamental de la paz, profundiza la problemática. Por ello, el trabajo por la paz debe implicar una acción de resistencia y promoción organizada y combativa por avanzar desde una paz imperfecta hacia la paz maximalista. Los esfuerzos por modernizar, eficientizar, la lógica del capital, habrán de implicar una acción eficaz por concretar, paulatinamente, un tipo de Estado verdaderamente democrático y un régimen social que democratice realmente la riqueza y, garantice ciertamente la pacífica reproducción de los factores de producción. Sin embargo, si consideramos en perspectiva lo que ha supuesto el proceso de modernización neoliberal del sistema de salud para nuestro pueblo tenemos que decir que ello es poco menos que imposible. De tal suerte que la construcción de una real modernización del Estado en el ramo de salud tendrá que hacerse desde la lucha científico-ética, organizada y combativa, de todos aquellos que estemos dispuestos a mantener vigentes los valores y las energías utópicas del socialismo científico. No hay liberación posible al interior de la lógica del capital; sea este liberal, neoliberal, o post-liberal. La paz plena a la que tenemos derecho y estamos obligados tiene que ver con la construcción de un modelo socio-económico-político radicalmente alternativo al capital. Este es nuestro reto y compromiso.
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