El proceso de transición de la guerra a la paz, que inició El Salvador en enero de 1992, estableció nuevas reglas de juego en la democratización del país, ya que el paradigma de la guerra estaba desapareciendo y con ello resurgía la esperanza de reconstruir un futuro mejor.
Pasar de las intenciones e ideas a la realidad en este sector muy afectado por el conflicto, fue trabajo arduo para el Ministerio de Educación, quien asumió el liderazgo para garantizar que a través de la consulta a los diferentes sectores se ponía en discusión la educación del país como preocupación y prioridad nacional. La participación de la sociedad civil en la identificación y ejecución de la Reforma Educativa, hizo de esta una política de nación y resultó ser una magnífica experiencia que fue compartida por todos los sectores y agentes de la sociedad.
Aunque el plan de reforma fue estructurado en 1995, después de un amplio proceso de consulta, las raíces del cambio se originaron a principios de la presente década. Dos fueron los principales proyectos que iniciaron el dinamismo del cambio al interior del sistema educativo nacional: El proyecto de Solidificación del Alcance de la Educación Básica (SABE) y el Proyecto Educación con Participación de la Comunidad (EDUCO), a los que nuestras delegaciones se han referido en otras oportunidades y foros.
A estas alturas del desarrollo de la reforma ya se notan impactos positivos en cuanto a la ampliación de la cobertura, mejoramiento de la calidad, modernización institucional y formación de valores, recibiendo una buena crítica de parte de los usuarios de la reforma y de la ciudadanía en general.
El Salvador de hoy enfrenta diferentes retos, entre otros, consolidar la paz y la democracia, erradicar la pobreza estructural y mejorar la competitividad a nivel mundial. La educación ofrece respuestas concretas a estos desafíos, pues es el eje fundamental del desarrollo sostenible. La educación debe contribuir al propósito nacional de formar un nuevo ciudadano, más productivo en el económico, más solidario en lo social, y más participativo y tolerante, en lo político, más respetuoso de los derechos humanos y por tanto más pacífico en sus relaciones con sus semejantes; más consciente del valor de la naturaleza y por ende más respetuoso de su medio ambiente, e integrado en lo cultural, y por esto, más orgulloso de ser salvadoreño.
En los últimos 25 años en El Salvador, en los cuales sucedió el conflicto social más destructivo que ha vivido el país, la educación superior fue impedida de continuar el ritmo de desarrollo y maduración previamente alcanzados. En ese lapso, la lucha por salvaguardar la vida de las personas y las instituciones del Estado, redujo el espacio al desarrollo académico.
En el período, la educación superior pasó por un crecimiento cuantitativo de la oferta institucional, al autorizarse gran cantidad de universidades nuevas, lo que en opinión generalizada se hizo sin salvaguardar los requisitos de calidad. La mayoría nacieron sin la debida planificación y dotación de recursos, de infraestructura y medios de apoyo, persistiendo hoy en día esas condiciones en algunas de ellas.
La poca firmeza y falta de claridad del papel del Estado en la educación superior, la debilidad del marco jurídico que regulaba al sector, la pérdida de la calidad estudiantil y docente, la falta de información oportuna y veraz del hacer institucional, la escasa formación de personal docente, el desarrollo de programas académicos obsoletos, constituyen un perfil de los problemas de este nivel.
Al mismo tiempo, se fue dando una desvinculación de las instituciones con su medio y agentes sociales de importancia, algunas se fueron apartando del sistema corporativo inicial, llegando sin remedio a un desarrollo curricular no pertinente ni adecuado a las expectativas del país en general. Se llegó al extremo de incumplir normas comunes de la ética, de no dar fe real del nivel académico de los programas, de una marcada propensión por la tenencia de un diploma y la desvalorización en la práctica de los grados académicos, provocando el colapso del ejercicio profesional.
La crítica generalizada se hizo tan patente, que el Estado intervino en el sector a través de una reforma tan sólo hace tres años, mediante la promulgación de una nueva ley de educación superior que sentó las bases para revertir la situación. Se normaron indicadores de calidad para las instituciones, los programas, los estudiantes, los docentes y los procesos, pese al señalamiento de algunos de ser una regulación que puede inhibir el emprendimiento y la creatividad de las instituciones educativas.
El dictado de la ley, abrió la oportunidad de refundar la educación superior, sin violentar los viejos principios de libertad y autonomía, incorporando nuevos valores provenientes de la firma de la paz, como justicia, democracia y participación, comprometiendo el hacer académico hacia una docencia e investigación acorde con los tiempos y las realidades nacionales.
La ley viene siendo aplicada a plenitud después de dos años de gracia para que las instituciones adoptaran los nuevos paradigmas de calidad. Al aplicarla nos hemos visto en la dura necesidad de cerrar instituciones por incumplimientos a la ética y la sana práctica de administración académica. A la fecha siguen operando algunas instituciones pequeñas y débiles que siguen siendo observadas.
Debemos destacar, la existencia de instituciones que si han mantenido un proceso de mejoras sustanciales en los servicios educativos que prestan e invierten recursos y esfuerzos significativos en la educación superior. Ellas han reajustado sus programas académicos, han realizado mejoras en la infraestructura, en laboratorios y bibliotecas y podemos decir que han crecido.
En la nueva Ley, se creó el Consejo de Educación Superior, como un órgano para la propuesta y la consulta del Ministerio de Educación, integrado por diversos sectores, algunos críticos y partes del problema otros, resultando una experiencia alentadora para ordenar el sistema y buscar mecanismos de mejora de calidad.
En esta última dirección, se creó un sistema de mejoramiento que involucra las fases de calificación y evaluación institucional en forma obligatoria y la acreditación como una etapa de acogimiento voluntario. Impulsar esta iniciativa ha dado lugar a la crítica ordenada, la autocrítica institucional, la participación democrática de los miembros de la comunidad académica ínter e intra-institucional con resultados muy positivos.
Hemos logrado con ello, un conocimiento mejor de las instituciones, sus fortalezas y debilidades, con lo cual podremos definir una política de largo plazo para la educación superior y poner en la agenda proyectos importantes como el fortalecimiento institucional, aseguramiento de la calidad, fomento a la investigación, formación docente, actualización curricular y la adecuación del marco jurídico.
Nos preocupamos ahora de la pertinencia y relevancia de las instituciones, el compromiso social de las mismas, la articulación de estas con los agentes sociales, su integración con el entorno, la formación de profesionales competitivos y la promoción de un sentido de pertenencia como categoría social, generando un mejor espacio para la realización del hecho académico dentro de un ámbito de paz, libertad y autonomía.
París, Francia, 08 de Octubre de 1998
